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Debate entre apoderados y colegios de Chillán por el pago de las mensualidades

Foto: Cristian Cáceres

Si los padres están realizando parte del trabajo que les corresponde a los profesores. Si además en tiempos de pandemia y cuarentena se incrementaron en los hogares los gastos en luz o papeles de impresión. Si se agrega que los primeros tienen que sumar gigas a los planes de internet y adquirir computadores para que sus hijos participen en clases virtuales, entre otros ítemes. Surge casi al unísono una pregunta, desde varias comunidades educativas: ¿corresponde que haya una rebaja en las mensualidades?

A ellos se suma que algunas familias están pasando por momentos de incertidumbre, al haber perdido empleos o disponer de menores recursos para solventar sus gastos generales, luego de haber asumido deudas hipotecarias o de otro tipo en momentos anteriores a la crisis, de las que no se pueden evadir.

Por otro lado los establecimientos educacionales sostienen que la suspensión de clases es una medida impuesta por la autoridad, no por ellos. Que los profesores han hecho esfuerzos por enviar guías, videos y material de apoyo a los estudiantes. Y que el pago de los colegios es anual, y se subdivide en mensualidades.

También que de esos pagos depende el sueldo no solo de profesores, sino que de los asistentes de la educación. Y que una parte importante de los alumnos de los colegios subvencionados estudia con beca, total o parcial.

Es el debate que se ha instalado entre los padres y apoderados con los establecimientos educacionales particulares y subvencionados de Chillán. La suspensión de clases ha provocado que muchos estén promoviendo en no pago de la escolaridad. Y un grupo de 100 apoderados del Colegio Concepción anunció que recurrirá al Sernac para que dirima la eventual contienda, originada por reclamos cuyo objetivo es sentarse a conversar para lograr rebajas en las mensualidades.

Otros padres, a pesar de que varios colegios han generado plataformas interactivas, reclaman porque carecen de los medios para que se produzca una conexión cabal entre profesores y estudiantes, asegurando que alumnos corren el riesgo de quedarse atrás en su proceso formativo.

No obstante esos mismos padres, frente a la consulta si están de acuerdo con que los estudiantes vuelvan a clases presenciales, no quieren que sus hijos retornen por el temor al contagio por Covid-19.

La molestia, tanto de apoderados como de los establecimientos educacionales, ha crecido en intensidad a medida que avanzan las semanas de pandemia. El dirigente del Centro de Padres del Colegio Concepción, Salomé Alderete, indica que están a la espera de que el establecimiento educacional les responda si están dispuestos a conversar para rebajar en un porcentaje a definir las mensualidades que pagan las familias.

San Vicente

En el Colegio San Vicente, plantea el presidente del Centro de Padres,Álex Ferrada, se producen situaciones muy similares a las que se relatan en otros establecimientos. En este escenario, enviaron cartas al sostenedor del colegio solicitando una rebaja del 50% de las mensualidades.

En la carta emanadas e menciona “la difícil situación por la que atraviesa el mundo entero y también nuestro país como consecuencia de la pandemia Covid-19. Esta pandemia ha traído graves consecuencias; enfermedad, desempleos, pérdidas de distinta índole, problemas económicos al país entero y otros. Tenemos conocimiento de gran parte de nuestra  comunidad Vicentina que está teniendo problemas laborales serios, afectando a miembros de familias que ya han sido desvinculados laboralmente y otros ya notificados de su término laboral muy prontamente”.

La respuesta en este caso no se hizo esperar. Desde el Obispado, sostenedor del establecimiento, se les indicó que “lamentablemente, el Colegio no tiene una situación financiera holgada. Como la mayoría de los centros educativos, vive al justo, en base a un presupuesto que incluye el aporte de las familias. Y, como es de suponer, debe cumplir compromisos remuneracionales con el personal, y otros diversos gastos, que no puede postergar. Esta es la razón fundamental para no poder aceptar, como ustedes piden, una política de rebaja general de la mensualidad”.

En todo caso, extraoficialmente se indicó que el sostenedor sigue evaluando la situación de las familias.

Santa María

En el caso del Instituto Santa María, padres y apoderados que se han visto afectados por la crisis sanitaria y económica, por lo que han pedido rebajas en las cuotas mensuales.

Desde el establecimiento, el director, Fernando Molina Gutiérrez, precisó que el Colegio estableció un Fondo Solidario para ir en ayuda de las familias que se han visto afectadas en sus fuentes laborales por la pandemia. “Los apoderados que están con dificultades para cancelar la mensualidad nos hicieron llegar sus antecedentes y el 20 de mayo estarán los resultados para ellos”, indicó.

Este Fondo Solidario se destinará a la rebaja del arancel para las familias que hayan sufrido la congelación del contrato de trabajo (Ley de Protección al Empleo) o el despido propiamente tal. “Los casos que estamos analizando derivan exclusivamente de la contingencia del Covid-19 y según nuestros registros, son alrededor de 300 los apoderados que nos han presentado sus antecedentes”, puntualizó.

En relación al retorno seguro a clases, Fernando Molina precisó que el establecimiento se encuentra a la espera de las indicaciones de la autoridad y garantías de protección para la vuelta a clases. “En este sentido, se generarán planes de regreso en su momento dependiendo las características de funcionamiento del establecimiento”, indicó.

Juzgado de Policía Local

Los problemas que ocurren en estos establecimientos se observan igualmente en otros particulares subvencionados, donde los padres están tratando de canalizar sus demandas y pretenden llevar sus antecedentes a la Seremi de Educación o a otras instancias.

El abogado Ricardo Robles indicó que “las familias pueden recurrir al Juzgado de Policía Local para presentar demandas o en su defecto exponer los problemas al Sernac,  que es una entidad mediadora”.

Robles agregó que los padres perfectamente pueden esgrimir que los establecimientos no están cumpliendo sus obligaciones pactadas en los contratos firmados entre las partes, donde entre otras consideraciones los colegios o sostenedores se comprometían a entregar educación presencial y de calidad.

El especialista indicó que es altamente probable que a fines de año,  si las partes no llegan a acuerdos y se concretan demandas por deudas impagas hacia los padres y además se nieguen la matrículas, muchos familiares interpongan recursos de protección ante la Corte de Apelaciones.

“Estrategias conjuntas”

El seremi de Educación, Daniel San Martín Jara, planteó que “lo importante en esta contingencia nacional es establecer estrategias conjuntas entre los padres y los propios establecimientos, para poder mantener el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños sin perjudicar a ninguna de las partes”.

En este escenario, planteó que los recursos que no son ocupados por los colegios, “puedan ser traspasados a los padres y apoderados o puedan ser destinados para ir en ayuda de los apoderados que van a tener problemas para pagar las colegiaturas”.

“Es fundamental que se trabaje de manera coordinada ante esta situación excepcional. Que tanto padres y apoderados y los establecimientos dialoguen y evalúen todas las alternativas viables para no perjudicar la educación de los niños”, precisó.

“Ese es el llamado, a conversar y empatizar con los problemas que ambas partes puedan estar enfrentando y buscar soluciones conjuntas”, indicó la autoridad educacional.

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