Comenzando por los tecnicismos es necesario aclarar que ya se cumplieron los 40 días (el máximo legal) para que la Fiscalía mantuviese en calidad de secreta, la investigación respecto al caso conocido como “Cuentas Corrientes”, relativo a hechos de corrupción en el contexto de licitaciones en -hasta el momento – dos municipios de la región: San Ignacio y Ñiquén.
Cumplido ese plazo, el ente persecutor, hubiese podido solicitar una nueva audiencia al Juzgado de Garantía de Bulnes para que se extendiera la reserva de los detalles del caso, pero sólo respecto de la opinión pública o de cualquier entidad no interviniente en el caso. Es decir, la causa se tenía que abrir sí o sí para los abogados defensores y para los mismos imputados.
Sin embargo, la fiscal Nadia Espinoza -titular de la causa- no solicitó prórroga alguna, y desde el pasado viernes 26 de diciembre la causa ya es pública.
“Ahora, eso no significa que los antecedentes lleguen y se suban al sistema, nosotros tenemos que solicitarlos y ya lo hicimos, formalmente, hoy. De aquí en adelante, dependeremos de la celeridad con que el Ministerio Público realice ese trámite, aunque por nuestra experiencia, imaginamos que eso se hará dentro de unos cinco días”, explicó el abogado Giovanni Gotelli, representante de los imputados Rodrigo Carmona y Rodrigo Sandoval.
Ambos, junto al alcalde de San Ignacio, César Figueroa y al jefe de Salud Municipal de esa comuna, Krysler Monroy, se encuentran en calidad de presos preventivos en las cárceles de San Carlos y de Yungay.
“Para poder anticipar si podremos volver a discutir las cautelares en el tribunal, primero debemos conocer los antecedentes que el Ministerio Público presentó en el Juzgado para dejarlos en prisión preventiva, y no los conocemos. Lo único que tenemos claro, es que la fiscal plantea que el modelo de negocios que realizaba mi representado en los municipios no sólo era totalmente legal, sino que les permitió a las municipalidades conseguir más recursos”, complementó el jurista.
De manera resumida, la fiscal Espinoza plantea que el empresario Carmona ofrece una consultoría financiera a cada municipio, para ajustar a su dinámica de ingresos y egresos de recursos, un plan para llamar a la banca a una licitación en orden de manejar sus cuentas corrientes.
Sin embargo, para evitar que otras consultoras se adjudicaran esos servicios, conforme a la Fiscalía, sobornaba a determinados funcionarios municipales, para que subieran como llamado a licitación unas bases creadas por el propio Carmona, de manera tal que siempre fuera su empresa, Gestión Global, la que se las adjudicara.
El encargado de hacer los nexos previos para estas negociaciones corruptas, según la investigación, era Rodrigo Sandoval.
En esta causa, también están privados de libertad -aunque con la modalidad de arresto domiciliario total- el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino; y su jefe del Daem, Carlos Fernández.
Graneros y San Bernardo
La investigación de la fiscal Espinoza también se extendió a la Municipalidad de Graneros, una de las 77 que figura en el papel como asesoradas por Gestión Global, desde el 2013 a la fecha.
Sin embargo, la Contraloría General de la República ordenó la semana pasada a la municipalidad de San Bernardo dejar sin efecto el contrato que tenían con la empresa de Carmona, luego que su director de Control de la municipalidad, Pedro Uribe, denunciara a la CGR que ya años atrás había objetado la celebración del contrato tras detectar diversas irregularidades, sin ser atendido por el alcalde.
Debilidades similares fue la que años atrás detectó la alcaldesa de la Pintana, Claudia Pizarro, quien también denunció los hechos a la CGR. Pese a que el órgano contralor realizó una investigación, concluyeron que estaba todo en orden.
Pero uno de los puntos que incomodaban a la jefa comunal de La Pintana era que en todas las municipalidades en los que Gestión Global se había adjudicado la licitación, su competidor era siempre la misma empresa: Asesca SPA.
Esta última, figura a nombre de la arquitecta chillaneja Paula Milanesse, y como lo consigna el canal Megavisión, se trata de una empresa ficticia cuyas propuestas eran enviadas exactamente del mismo computador del que se enviaban las propuestas de Gestión Global (la misma IP) ya que Milanesse había trabajado para Carmona.
A lo anterior se suman otros antecedentes de la Fiscalía en los que se constata que en varios llamados a licitación hechos por diversas municipalidades se utilizó la misma redacción (copy -paste) para crear las bases del llamado.
