La Corte de Apelaciones confirmó la resolución de primera instancia emanada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, que el pasado martes 19 de abril, y en el marco del caso conocido como “cuentas corrientes”, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cuatro de los ocho imputados que hasta el momento tiene la investigación.
Quienes presentaron alegaciones fueron el jefe de la Defensoría Regional, Marco Montero (por el alcalde de San Ignacio, César Figueroa) y el defensor Víctor Sepúlveda, quien alegó en favor de Rodrigo Sandoval, (quien figura como asistente del empresario e imputado, Rodrigo Carmona).
Quien se refirió a la confirmación del tribunal de alzada fue el abogado asesor del Ministerio Público Regional, Francisco Soto, quien dijo que “el tribunal de alzada dio por acreditados los presupuestos materiales y de participación de los imputados en los delitos por los que se les formalizó y confirmó que es necesaria la medida cautelar privativa de libertad por representar ambos un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Por la defensa, el defensor regional dijo no compartir la determinación de los ministros, “por cuanto creemos que, tal como se expuso en la audiencia, el hecho de no contar aún con el acceso a todos los antecedentes de la investigación fiscal, nos deja en una posición de desigualdad”.
Quien también se refirió a esta audiencia fue el abogado Giovani Gotelli, quien representa a Rodrigo Carmona y a Rodrigo Sandoval.
Sin embargo, no se refirió al resultado propiamente tal. “Hoy figura como abogado del señor Rodrigo Sandoval otro abogado, quien compareció y alegó sin mi consentimiento y sin conocimiento del señor Sandoval. Yo hablé con mi representado y él no estaba al tanto de esta situación. Hay un plazo de tres días para que don Rodrigo confirme la autorización para que sea el abogado (Víctor) Sandoval quien lo siga representando, y hasta donde conversamos la última vez, me explicó que seguiríamos trabajando juntos”, precisó.
Averiguaciones realizadas por La Discusión determinaron que quien contrató al abogado Víctor Sandoval fue el padre del exalcalde de Chillán y exdirector de la Injuv, quien hoy seguirá en prisión preventiva.
Gotelli añadió que, a diferencias de sus pares, no discutió de las cautelares impuestas por la jueza de Bulnes, debido a que “no conocemos los detalles de las imputaciones porque se trata de una causa secreta, lo que no significa que tengamos que esperar hasta el 23 de mayo, que es cuando se alza el secreto, sino que trataremos de hacer nuestras propias averiguaciones”.
Finalmente, se espera que hoy miércoles se alegue en la Corte las medidas cautelares que pesa sobre el cuarto imputado privado de libertad, el jefe del Departamento de Salud de San Ignacio, Krysler Monroy, quien es representado por el abogado, Rodrigo Vera Lama.
Licitaciones congeladas
El que en el caso se tenga en calidad de imputados y privados de libertad, mediante la cautelar de arresto domiciliario total, al alcalde de Ñiquén, Miguel Pino; y al jefe del Departamento de Educación Municipal (DAEM), Carlos Fernández, ha generado diversas dificultades administrativas en ese consistorio, que incluyen desde reuniones extraordinarias para saber quién va a reemplazar al inhabilitado jefe comunal, hasta la firma de decretos que están dejando sin efecto algunas licitaciones para gestión de análisis financieros, precisamente en el DAEM.
Con fecha del 20 de abril, es decir un día después de la primera formalización por este caso de corrupción en el marco de licitaciones para consultorías financieras, el adminitrador municipal y hoy alcalde subrogante, Gerardo Jara, firmó un decret junto a la secretaria municipal, Marcela Elgueta, que dejaba este proceso sin efecto.
Al respecto, el concejal Alexis Méndez dijo: “me parece que lo mejor es suspender todo lo que pudiese estar viciado y ordenar un proceso nuevo y transparente”.
