La creciente ola de delitos violentos en la región derivó en una fuerte controversia entre autoridades de gobierno y el Gobernador Regional, Óscar Crisóstomo.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]El jueves, con motivo de la convocatoria a un comité regional de seguridad, el coordinador regional de Seguridad Pública, Alan Ibáñez, apuntó a la demora en la aprobación por parte del Gobierno Regional, de la licitación de 200 cámaras de seguridad.
“Necesitamos que prontamente se pueda ejecutar y también licitar las más de 200 cámaras que serán instaladas en la región de Ñuble, que hace ocho meses se encuentran disponibles para su licitación en el Gobierno Regional de Ñuble”, indicó Ibáñez.
Ayer, el gobernador Crisóstomo tomó la posta respecto a este último punto y disparó con todo contra el gobierno.
“Desde el Gobierno Regional hemos hecho algunas acciones que nos parecen que son importantes: la primera de ellas es paralizar un convenio de televigilancia a la luz de tantos errores que tenía y que recién, hace un par de días, el Gobierno nos ha hecho llegar para su firma”, afirmó.
Crisóstomo dice estar decidido a conversar con las nuevas autoridades para cambiar “el foco donde esta sala de televigilancia quede en manos de Carabineros y no de civiles, cosa que pueda ser aprovechado de mucho mejor manera las cámaras de seguridad que durante estos últimos tres años no fue capaz de sacar el actual gobierno, nosotros estamos en una etapa de rediseño para que sean mucho más efectivas”.
Crisóstomo además, criticó el accionar del Gobierno tras los últimos hechos de violencia que han azotado a la capital de Ñuble, inusuales para la zona, donde se cuentan las primeras encerronas y alunizajes.
Añadó que “nos parece que el actuar del Gobierno ha sido negligente e inoperante frente a esta materia. Hemos visto como se está solo pensando en la foto y no en la real coordinación y una forma efectiva de abordar los temas de seguridad que son tan importantes para la ciudadanía y para nuestra región, lo cual nos parece inaceptable”.
Respuesta del Gobierno
Desde el Gobierno, el coordinador de seguridad pública, Alan Ibáñez insiste en que el gobernador “parece estar confundido, está mezclando el proyecto de las 200 cámaras, que sí van a ser monitoreados por Carabineros en la Cenco, con otro paralelo, de 60 cámaras que es un proyecto municipal que incluye a civiles”.
Respecto a los errores que cita Crisóstomo, el coordinador detalla que “esos muchos errores en el proyecto de televigilancia, en realidad son sólo uno. Se escribió la palabra Chillán en donde debía ir Ñuble. Se corrigió y se le entregó ya hace un tiempo al gobernador para que lo firmara. Todavía no lo ha hecho”.
En tanto, el delegado presidencial, Cristóbal Jardua lamentó las declaraciones de Crisóstomo. “El paralizar el proyecto de televigilancia denota que no se han tomado en cuenta los estudios realizados para su ejecución, y se ha tomado una determinación sin ninguna justificación, algo que no se ha hecho en ninguna parte de Chile de esta forma. Y más aún, se afecta un segundo proyecto de corte regional cómo son las cámaras, sin ninguna justificación”.
Por último añade que, “desconozco cuáles son los motivos, pero espero que no por aspiraciones o revanchas políticas se arriesgue la seguridad de las personas de Ñuble, y se siga demorando este proyecto que viene a aportar más tecnología a cada una de nuestras comunas, y que viene a sumarse a la modernización importante que hemos hecho en este Gobierno también de los implementos para nuestras policías, tanto en Carabineros como en la PDI. Ahora que estamos terminando nuestro Gobierno, lamentamos no haber visto ninguna intención del gobernador de trabajar en conjunto por la seguridad de las personas, entre otros temas importantes para la región, independiente del color político de las autoridades de turno”.
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