Después de un mes de trabajo y a falta de nueve días para el plebiscito constitucional de salida del 4 de septiembre, la Contraloría General de la República (CGR) entregó este viernes las conclusiones de la primera fase de la investigación contra el Gobierno sobre el gasto público en el marco de la campaña “Chile vota informado”, tras las acusaciones de “intervencionismo” de varios grupos de derecha.
Según consignó el diario La Tercera, el equipo de Auditorías Especiales del órgano fiscalizador evacuó un avance de las indagatorias en donde se da cuenta que llevó a cabo una revisión de las contrataciones efectuadas por la Secretaria General de Gobierno (Segegob), cartera liderada por la ministra Camila Vallejo, así como también verificó la recepción y distribución de los ejemplares de la nueva Constitución que están siendo entregados por el Ejecutivo.
En relación a los procesos licitatorios relativos a concepto creativo y producción audiovisual para la campaña, la CGR concluyó que la Segegob dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 19.886, conocida como Ley de Compras Públicas, que regula las contrataciones de bienes y servicios.
Asimismo, estableció que el ministerio a cargo de Vallejo no había transferido recursos para la campaña a otras reparticiones públicas.
El ente fiscalizador también dio cuenta que el proveedor a cargo de la realización de los ejemplares de la nueva Constitución entregó al ministerio un total de 310.392 copias y que al 16 de agosto no se habían concretado pagos a los proveedores de los servicios.
Minutos después de conocerse las primeras conclusiones, la ministra Vallejo escribió en su cuenta de Twitter que es “una buena noticia el resultado del informe que entrega Contraloría, lo que está en línea de lo que siempre hemos dicho: desde el ministerio trabajamos bajo rigurosos procesos, orientados a los principios de transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos”.
