El juez de Policía Local de Chillán, Ignacio Marín Correa, dejó la investigación interna que ordenó el alcalde Sergio Zarzar Andonie, luego de que se detectaran eventuales irregularidades en la licitación de las luminarias led, que habrían favorecido a la empresa Itelecom Holding Chile Spa.
Producto de una investigación de cobertura nacional, la Fiscalía de San Carlos ordenó la detención el pasado 5 de marzo de dos exfuncionarios municipales, el exadministrador Ricardo Vallejos Palacio y el exasesor jurídico Marcelo Campos Henríquez.
La salida del juez de Policía Local de Chillán Ignacio Marín, quien instruía el sumario, fue explicada ayer por él mismo y se fundamenta en que la Contraloría Regional inició una investigación mucho más amplia al interior del consistorio respecto de los hechos conocidos.
Así, será la entidad gubernamental la que conducirá las pesquisas para verificar las responsabilidades que le caben a personal del municipio chillanejo en esta polémica licitación, de la cual aún pueden haber novedades que afectarían a otras personas del municipio, en diversos grados.
La labor de Ignacio Marín, que comenzó luego que el alcalde firmara el 7 de marzo el decreto de nombramiento, le permitió recabar una serie de antecedentes a partir de las declaraciones que le tomó a cinco funcionarios que participaron en el concurso público que derivó en la elección de la empresa Itelecom para cambiar 12.454 luminarias a un costo de unos $3.900 millones.
Marín, tras anunciar que dejaba la investigación, planteó que a su juicio se trata de un caso de alta gravedad y que tiene a dos altos ex funcionarios municipales en prisión preventiva por los presuntos delitos de cohecho y violación de secreto.
Durante su exposición no quiso referirse a quienes son las personas a las que alcanzó a tomar declaraciones, pero se supone que son las que formaban parte del grupo de trabajo del ex administrador municipal.
Además, el magistrado planteó que su labor se enfocó solamente en el contrato de luminarias led que fue rescindido por el municipio chillanejo, y no abordó otros contratos.
Marín agregó que “ustedes saben la gravedad de los hechos que han acontecidos, esto no es menor, hay personas, funcionarios municipales que se encuentran en prisión preventiva, por lo tanto, me parece muy razonable la decisión que ha tomado el Contralor”.
Investigación
El abogado y juez de Policía Local manifestó que tras ser declarado fiscal del caso, “no encontrándome inhabilitado para desempeñar la función encomendada acepté el nombramiento de fiscal y di curso al sumario a fin de establecer las eventuales responsabilidad administrativas de los funcionarios que intervinieron en el marco de la licitación” de recambio de luminarias led”.
El ahora ex fiscal interno del caso led indicó que durante su investigación, solicitó la entrega de todas las actas, decretos y nombramientos que permitieron aprobar la adjudicación a la sociedad Itelecom Holding Chile Spa, así como todos los antecedentes que se subieron a la página del Mercado Público con la licitación y la apropiación de la propuesta hecha por la empresa que obtuvo dicha licitación.
Durante sus pesquisas, detalló Marín, citó a comparecer a cinco funcionarios que intervinieron en el proceso, “quienes prestaron declaración ante este fiscal de manera presencial y aportaron nuevos e importantes antecedentes a la investigación”.
Como este caso está marcado por el secreto de la investigación, se desconoce cuales son los “nuevos e importantes antecedentes” aportados por los funcionarios.
Todos los datos recolectados por el abogado fueron entregados al contralor regional, Mario Quezada Fonseca quien, como expuso Ignacio Marín, “el pasado 20 de mayo dictó la resolución por la que resuelve instruir sumario administrativo en la Municipalidad de Chillán y en los demás servicios públicos pertinentes, con el objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos ya referidos, ordenando acumular el sumario que el suscrito (Marín) estaba tramitando.
En estas condiciones, el pasado lunes 25 de mayo, el juez del Primer Juzgado de Policía Local, puso a disposición del ente regional todos los antecedentes que integran el expediente.
