La Contraloría se pronunció respecto a la resolución N° 122, de 2022, del Gobierno Regional de Ñuble, que promulga la “Actualización del Plan Regulador Intercomunal de Chillán y Chillán Viejo (Prich)”.
Con fecha en febrero de este año, la entidad contestó al GORE sobre las observaciones realizadas previamente al instrumento de planificación territorial. El Prich se encuentra aprobado por el Consejo Regional, no obstante no ha logrado superar la última instancia antes que vea la luz, que es justamente el cedazo de Contraloría.
Fue en diciembre del año 2021 que el CORE le dio el visto bueno al Plan Regulador Intercomunal, que ya en esa época llevaba varios años de confección, desde 2018. Tras eso fue enviado a Contraloría. Luego, en julio del año 2022 la Contraloría devolvió la carpeta con 13 observaciones para ser subsanadas. Y en diciembre de 2022, el Minvu enmendó las observaciones, ingresando nuevamente el Prich al organismo contralor.
Esta vez, de acuerdo al informe emanado en febrero de este año, “del examen de los antecedentes adjuntos se aprecia que se han subsanado suficientemente las objeciones formuladas en el referido oficio E219555. Sin perjuicio de ello, es menester efectuar las siguientes observaciones a las modificaciones realizadas al instrumento de planificación territorial, materia de estudio”.
La Contraloría hace una nueva enumeración de observaciones a subsanar, lo que implica una nueva extensión del plazo para validar el instrumento de planificación, que desde el inicio del proceso de elaboración, ya lleva más de cinco años de trámites.
“El artículo II. 5.1. de la Ordenanza del Plan (OP) ‘Áreas de protección de recursos de valor natural’, consigna en esa categoría el Humedal Urbano San Miguel y dispone en su inciso segundo que ‘Las áreas de protección de recursos de valor natural que reconoce el presente instrumento se regirán por las normas urbanísticas de las zonas en que se encuentran emplazadas’. Sin embargo, se advierte que el plan regulador intercomunal en examen no contempla esas normas urbanísticas, para lo cual deberá tenerse en consideración lo prescrito por el artículo 2.1.18. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) -contenida en el decreto N°47, de 1992, de la cartera del ramo-, que prescribe, en lo atingente, que tales ‘condiciones deberán ser compatibles con la protección oficialmente establecida para dichas áreas’”, detalla el documento.
Además observa que “el último párrafo del artículo II.6.1 de la OP, debe referirse a los artículos 2.1.30. y 2.1.31. de la OGUC, según corresponda, y no como ahí se señala”, y un tercer punto refiere a que la “a figura 10.3.3 del Estudio de Riesgos no es coincidente con la figura 10.3.8, del mismo documento, ni con el Plano Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano (Prich-R), respecto del área de inundación que se encuentra cercana a la Avenida Circunvalación Oriente de la comuna de Chillán. A su turno, en las precitadas figuras 10.3.3 y 10.3.8 existe un área de inundación al norte del Estero Maipón de la comuna de Chillan Viejo que no se encuentra dibujada en el plano Prich-R. Por su parte, en relación con el aludido plano, la simbología que define las áreas de riesgo en él graficadas no permite identificar que el Área de Riesgo de Incendios (ARI) se encuentra superpuesta al Área de Riesgo de Inundaciones por Desborde de Cauces (ARD); según aparece en la figura 10.3.5 del mencionado estudio”.
Por último, el informe aclara que “en lo meramente formal, cabe precisar que la resolución Nº 66, del Gobierno Regional de Ñuble, es de fecha 10 de diciembre de 2021 y no como se anota en el resuelvo Nº 2”.
La entidad contraloría sugiere que el Gobierno Regional de Ñuble “coordine una reunión de los funcionarios a cargo del tema en el mencionado Gobierno Regional y en la pertinente Secretaría Regional Ministerial, con los profesionales del Comité de Vivienda y Urbanismo de esta División, a fin de orientarlos en la superación definitiva de las observaciones antes descritas”.
