La creciente presencia de microbasurales en la comuna de San Carlos, durante los dos últimos años, motivaron reiteradas denuncias en la Contraloría Regional de Ñuble, por parte de algunos concejales del municipio, apuntando principalmente a sus dudas en materia de cumplimiento de contrato por parte de la empresa encargada de la recolección de residuos sólidos domiciliriarios.
Fue en este contexto que la Contraloría Regional (CR) emitió el pasado 12 de octubre un informe que da cuenta no solo de los incumplimientos por parte de la empresa licitada, sino que del no cobro de multas que debió cursar la Municipalidad de San Carlos, por más de $650 millones, y por el pago no acreditado ni respaldado por los documentos legales exigidos, de sobre $940 millones, por concepto de cancelación de servicios a la empresa en cuestión, Servicios Jorge Hugo José Antonio Arnaboldi Cáceres Limitada.
Aunque estos problemas derivaron en el despido de dos administradores municipales, desde que asumió el cargo el alcalde, Gastón Suazo, y en diversas controversias que ha publicado la prensa sancarlina bajo el rótulo “El Caso Basura”, la empresa sigue operando, pese a que en más de una oportunidad los concejales han intentado gestionar su finiquito.
La razón es que conforme a la firma, la municipalidad aún le adeuda cerca de $320 millones.
De esta manera, en el informe de la CR, titulado “Servicio de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios de la comuna de San Carlos ID 4024-19-LR17”, se hizo mención a los gastos ejecutados por este concepto, en la Municipalidad de San Carlos, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
La revisión tuvo como propósito verificar si los servicios se prestaron en conformidad con lo establecido en las bases de la licitación, contratos suscritos entre las partes y legislación aplicable.
Como resumen, se advierte en el documento de 104 páginas, la inexistencia de una planta de residuos sólidos, por lo que el contratista no cuenta con una estación de transferencia de residuos sólidos.
Por lo tanto, la Contraloría anunció la instrucción de un procedimiento disciplinario en la municipalidad, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
Multas no cobradas
La investigación dio cuenta de multas no cursadas que totalizan $658.585.200 Al respecto, la municipalidad tendrá que acreditar el cobro de las multas detectadas en la revisión por un total de $664.385.200, remitiendo los antecedentes que den cuenta de ello, en un plazo no superior a 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente informe.
“El 30 de marzo de este año, la empresa se reunió con el Concejo y nos expuso las necesidades que tenía para poder dar cumplimiento al contrato, pero estas nunca fueron contestadas por el alcalde, y eso lo confirmó el director de control subrogante, en el mes de junio”, comentó el concejal Jorge Silva, quien asegura que los problemas arrancaron desde el primer día de contrato, en 2017, cuya licitación estaba a cargo de la Dirección de Obras Municipales, cuyo director entonces era, Gastón Suazo, el actual alcalde.
El contar con una estación de transferencia “fue un tema excluyente, dentro de las bases de la licitación y posterior a ello no hubo ningún proceso de fiscalización, pero ahora nosotros como concejales estamos colaborando con todo lo que podamos en la Contraloría. Ahora la Municipalidad tiene que justificar el no cobro de estas multas”, añadió el edil Daniel Pizarro.
Pagos sin respaldo
Como tercer ítem de la investigación de la Contraloría, se destaca que los estados de pagos realizados a la empresacarecen de los documentos y respaldos que se deben presentar conforme a lo exigido en el contrato, por lo que el municipio tendrá que remitir los documentos que respalden la cancelación de $943.895.044, en un plazo de 30 días hábiles, contados desde la notificación del presente
informe.
Finalmente, estableció que a un trabajador de la empresa concesionaria se le otorgó el bono de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) en el año 2021, por un monto de $1.073.965, observándose que no cumplía efectivamente las funciones exigidas por la ley para recibir el beneficio, por lo que la municipalidad deberá solicitar su reintegro debido a que no cumple con las funciones de chofer, peoneta y/o barredor de calles.
El alcalde Suazo fue contactado por La Discusión, para conocer su versión de esta situación. Tras excusarse de hablar, dijo que se referirá respecto al tema dentro de la próxima semana.
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