Luego de dos extensas jornadas de negociaciones, los integrantes de la comisión mixta que buscaba zanjar diferencias entre las cámaras respecto del proyecto conocido como ley corta de Isapres, concluyeron la votación de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, las que recibieron una serie de ajustes hasta el último momento.
Ahora, el informe que concentra el texto respaldado por los legisladores será votado este lunes 13 por la sala del Senado, que ha sido citada a sesión especial para ello, al filo del plazo impuesto por la Corte Suprema para que las isapres devuelvan los excedentes cobrados a los usuarios a raíz de la tabla de factores de riesgo.
Luego, la sala de la Cámara Baja deberá hacer lo propio. Si ambas instancias entregan su respaldo al documento, la norma iniciada en mensaje queda en condiciones de ser promulgada como ley.
Dentro del texto aprobado, se estableció que las aseguradoras podrán devolver los cobros en exceso en un plazo de 13 años. Los mayores de 65 y menores de 80 años recibirán su reembolso en cinco años, mientras que los octogenarios lo harán en dos años.
“Se debe seguir debatiendo el ICSA”
Para la senadora por Ñuble del PPD, Loreto Carvajal, el fallo judicial que estableció la deuda de las Isapres con sus afiliados gatilló un amplio debate legislativo sobre cómo modernizar el sistema de salud privado, que cubre al 18% de la población, es decir, 2.8 millones de afiliados, cifra que va disminuyendo por la fuerte migración hacia Fonasa en los últimos meses”, mencionó.
En este contexto, la ley corta y el informe de la comisión mixta, “trae entonces nuevas modalidades para que los beneficiarios Fonasa accedan a mejores servicios de prestadores privados (centros médicos, clínicas), como la modalidad de cobertura complementaria, que beneficiará a las familias de ingresos medios y adultos mayores; como también se crea un Consejo Consultivo en la Superintendencia de Salud que apoyará en la evaluación de los planes de pago”, expresó.
Sobre la deuda de las Isapres, Carvajal cree que es una buena señal que el gobierno no aceptara la propuesta de la derecha de la ‘mutualización de la deuda’, y que haya transitado por la vía de ampliar los años para que Isapres paguen las deudas a los menores de 65 años.
“Se amplió este plazo de 10 a 13 años; pero los mayores de 65 años tendrán una modalidad de pago preferente en 3 años y los mayores de 80 años se les pagará en 2 años. Lo que me resulta complejo es la ampliación de los bordes del ICSA (Índice de Costos de la Salud) por los próximos tres años sin contención de costos, lo que puede ser perjudicial para los afiliados. En un país en que se vive más, crecen los gastos en salud y se requiere un esfuerzo de colaboración público-privado, hay que actuar con responsabilidad para tener un mejor sistema de salud, especialmente para los grupos medios y vulnerables que hoy no tienen buen acceso al sistema de salud”, manifestó.
La senadora insistió en que “este proyecto tiene aspectos buenos, que creo, debemos respaldar, como la Modalidad de Cobertura Complementaria para los afiliados al Fonasa que respaldaré; como la modalidad de ampliación de plazos de pagos de la deuda, y debemos seguir debatiendo la complejidad de temas como el ICSA”, aseveró.
“La oposición hizo lo que pudo”
Desde la oposición, el senador de la UDI, Gustavo Sanhueza, lamentó que la situación se haya dilatado tanto tiempo.
“Se perdió una oportunidad de resolver esto hace meses, ahorrando trabajo, incertidumbre para las personas, y evitar ahondar el perjuicio financiero a todo el sector salud, porque la mala situación de las isapres afecta a toda la cadena (médicos, clínicas, proveedores, etc.). La oposición hizo lo que se pudo, considerando las restricciones que impuso el Tribunal Constitucional”, afirmó.
Según el legislador “había mejores caminos, de hecho se aprobaron en el Senado, pero el gobierno no tuvo liderazgo para sostener un texto del que era parte. Hay que recordar que ese texto era muy similar al del comité técnico que contó por tres meses con el permanente apoyo de la Superintendencia de Salud y de los ministerios de Hacienda y de Salud”, dijo.
Sanhueza recordó que “cuando presentamos con el Presidente Piñera el proyecto de seguro catastrófico, señalamos nuestra voluntad de avanzar hacia un modelo de seguro privado bajo lógica de seguridad social en salud. Para ello se propuso un plan de salud universal, mancomunión de riesgo, término de preexistencias y libre modalidad de los afiliados. La Corte Suprema armó este problema con un fallo descabellado. Debiera ser una lección para que nunca más existan fallos con efectos generales. Ello también fue parte del informe del comité técnico. Al gobierno se le entregó una solución completa y la desechó por sus tironeos ideológicos. Con ello solo perjudicó a las personas”, expresó.
En resumen, dijo, “este acuerdo solo disminuye la posibilidad de un colapso sistémico. Pero no lo descarta. La propuesta aprobada en el Senado la llevaba a un mínimo, ésta la disminuye respecto de la propuesta del gobierno. La responsabilidad ahora es del gobierno, y queda en manos de la Superintendencia”, sentenció.
