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El Congreso de Ecuador, donde el oficialismo carece de mayoría, resolvió este domingo a última hora rechazar un proyecto de ley del gobierno que apuntaba a recaudar mayores impuestos con el aumento o la introducción de nuevos tributos a bebidas, telefonía celular y bolsas plásticas.
“La Asamblea Nacional ha archivado el proyecto de Ley de crecimiento económico, un procedimiento que es normal en democracia, pero lamentable, pues era una ley que beneficiaba al país”, dijo el presidente Lenín Moreno.
La propuesta, considerada de “urgencia económica” por el gobierno, tenía como objetivo recaudar unos 800 millones de dólares en 2020, con la fijación de nuevos tributos a las empresas con ventas anuales superiores a un millón de dólares y al uso de bolsas plásticas.
Además proponía el alza de impuestos a la cerveza industrial, las bebidas no alcohólicas, como gaseosas y energizantes azucarados, y a la telefonía celular.
Hubo 70 votos a favor de la moción de rechazar el proyecto, 32 en contra y 31 abstenciones.
La Asamblea Nacional ecuatoriana tenía 30 días, que concluían este domingo, para tratar esa propuesta gubernamental que contenía unos 400 artículos y afectaba 22 leyes.
“En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios”, anunció Moreno.
El Parlamento de Ecuador también deberá tratar en los próximos días la propuesta presupuestaria para 2020, estimada en 31.469 millones de dólares, que por ley le remitió el Ejecutivo para el correspondiente análisis y aprobación.
El proyecto rechazado surgió tras la eliminación del subsidio a los combustibles a raíz de una crisis social que sacudió el país. Un incremento de hasta 123% en los combustibles y de 40% en las tarifas de transporte, desataron a comienzos de octubre manifestaciones encabezadas por el movimiento indígena.
Las protestas, que duraron 12 días y dejaron ocho muertos, obligaron al presidente a derogar el decreto de supresión de los subsidios.
El gobierno ecuatoriano, que afronta problemas económicos, consiguió en marzo créditos por 10.279 millones de dólares de organismos como el FMI que serán desembolsados hasta 2021, abultando su pasivo público que era de 40.913 millones hasta septiembre (37,5% del PIB).
El acuerdo con el FMI, de 4.209 millones, prevé la eliminación de subsidios y reformas tributarias y laborales que el gobierno no logró plasmar en los últimos intentos
