La Corte de Apelaciones de Chillán confirmó la prisión preventiva para el ex capitán A.A.G.P y el ex cabo J.A.G.M de Carabineros de Ñuble, quienes fueron formalizados por violación y abuso sexual, ambos en carácter de reiterado, en perjuicio de dos víctimas mujeres, por hechos cometidos en un club nocturno de San Carlos.
El ex cabo, además, fue formalizado por abuso sexual hiperagravado en contra de una de estas víctimas y el ex capitán de Carabineros también por abuso sexual por sorpresa en contra de una tercera víctima: la cajera del local.
En la formalización, realizada el martes 7 de marzo, la fiscal Tamara Cuello detalló que pasadas las 00:00 horas del sábado 4 de marzo ambos imputados, encontrándose de servicio en la población, a bordo de un carro policial, vistiendo el uniforme institucional y portando sus armas llegaron hasta un club nocturno de San Carlos, donde ingresaron simulando realizar un procedimiento policial de control.
En ese contexto, revisaron las dependencias, y bajo intimidación y violencia cometieron los delitos de índole sexual en contra de las trabajadoras del club nocturno. Luego de ello, se preocuparon de limpiar el lugar e, incluso, llevarse evidencia biológica.
La fiscal Tamara Cuello argumentó que los delitos fueron cometidos con las agravantes de ser funcionarios públicos, y actuar con alevosía y por dos o más autores que se concertaron.
El ex capitán también está formalizado por un delito especial contemplado en el Código de Justicia Militar, debido a que la noche de los hechos ejercía como oficial de ronda de la Prefectura de Ñuble, y escribió previamente, en el libro de novedades de la comisaría de San Carlos, que entre las 00:00 horas y 1:20 horas del sábado 4 de marzo ejecutarían una serie de actividades, para, a juicio de la Fiscalía, cubrir lo que realmente realizarían.
La abogada asesora de la Fiscalía, Deysi Salinas, afirmó que la I. Corte de Apelaciones rechazó la apelación de las defensas que pedían modificar las prisiones preventivas y acogió los argumentos de la Fiscalía para mantenerla. Esto es, “que los imputados constituyen un peligro no sólo para la seguridad de la sociedad, sino también para la de las propias víctimas, y que existe, respecto de ambos, un peligro de fuga”, precisó la abogada asesora.
En esta causa hay cuatro meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó, además, una querella por el delito de tortura con violación.
