La Corte de Apelaciones de Chillán desestimó un recurso de nulidad presentado por la defensa de D.G.L, instructor de Taekwondo, y confirmó el fallo del Juzgado de Garantía de esta ciudad que condenó al imputado a tres penas de 180 días de presidio cada una por igual número de delitos de trato degradante que afectaron a dos niñas y un niño que asistían como alumnos a su escuela de artes marciales, en Chillán.
El profesor de Taekwondo, además debe cumplir penas específicas de este delito, como la inhabilidad por 3 años y un día, respecto de cada víctima, es decir 9 años y 3 días en total, para ejercer su oficio cuando éste tenga relación directa y habitual con menores de 18 años. A esto se suma la obligación de cumplir 60 días de asistencia a un programa de rehabilitación para maltratadores, y la prohibición de acercarse a las víctimas.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Además, la ley que creó estas nuevas figuras penales contempla que las condenas deben inscribirse en un registro general de condenas.
El fiscal Florentino Bobadilla Rodríguez destacó que el tribunal de alzada descartara que el magistrado que dictó esta resolución haya sido parcial y que los medios de prueba de la defensa no fueran valorados, como lo esgrimió la parte representante del condenado en su recurso de nulidad.
En el juicio oral simplificado, el tribunal estableció que el instructor de artes marciales trató de débiles, llorones, inútiles, que no sirven para el deporte y se burló del peso corporal de las niñas y el niño víctimas, provocando en ellos pena, angustia, humillación y causándoles un estrés postraumático de intensidad alta, según informes del Servicio Médico Legal.
Los hechos ocurrieron entre 2017 y 2018, y afectó a dos niñas de 8 y 14 años, y a un niño de 10 años.
El fiscal Florentino Bobadilla explicó que este tipo de delitos son nuevos, se tipificaron en junio de 2017, y hay muy poca jurisprudencia al respecto.
Acotó que se crearon atendiendo a las situaciones de vulnerabilidad que presentan los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad.
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