Con las abstenciones de los concejales Joseph Careaga y Juan Pablo López, el Concejo Municipal (con ausencia de la edil Quenne Aitken) votó a favor de la licitación que se adjudicará a la empresa española Elconor Chile, para realizar el recambio de luminarias led para el alumbrado público del total de la zona urbana de Chillán, por un costo cercano a los $3.800 millones.
Con esta aprobación del concejo se espera que se ponga fin a una serie de fracasos que han impedido la renovación del alumbrado público que aún funciona con luces de sodio fuera de las cuatro avenidas, procesos truncos que datan desde el año 2016, cuando se pretendía adjudicar la licitación a la empresa Maxlight por un monto de 15.000 millones de pesos ($11.200 millones más que el actual), sin embargo la administración edilicia anterior tuvo que declarar desierto el concurso tras una investigación periodística de La Discusión que descubrió irregularidades en el proceso.
Cuatro años después vino otro escándalo, cuando se destapó la causa penal por delitos de corrupción llamada “Caso Led” que tiene como imputados por soborno y cohecho al dueño (Marcelo Lefort) y ejecutivos de la empresa santiaguina Itelecom, además de cerca de 15 funcionarios de diversas municipalidades del país, entre ellas a Ricardo Vallejos, Marcelo Campos, del consistorio de Chillán y al exconcejal de esta comuna, Víctor Sepúlveda.
Ahora, solo se espera que se materialice el proceso de firma de contrato con la empresa para que -conforme se establece en las cláusulas- comience el proceso de recambio en el mes de agosto de 2023 y termine en enero del 2024.
Tensa votación del concejo
Las discusiones y arrebatos no estuvieron ausentes en esta votación. Tal vez la que mayor expectación generaba en la comunidad.
Joseph Careaga y el edil Juan Pablo López optaron por rechazar el proyecto. El primero, argumentó que “yo pedía una información, me llegó pero no la pude abrir y entiendo que otros concejales tampoco pudieron y, al final del día, eso no me permitió estudiar la información, además ni siquiera se nos dieron los días acordados”, añadiendo que “me parece sospechoso que se nos cite a concejo extraordinario a votar entre gallos y medianoche”.
López defendió su postura diciendo: “creo que un concejo extraordinario no era la forma para hacer esto, tampoco el tener que haber votado online, creo que hubiese sido bueno hacerlo de manera presencial, porque me preocupa lo que después pueda decir la Contraloría”.
Aunque los ediles Rodrigo Ramírez, Ricardo Valdebenito y Pedro Sánchez también criticaron la modalidad online con que se hizo la votación, ellos sí optaron por aprobar, pero quien salió al paso de las críticas por falta de información planteadas por Careaga y López fueron las concejales Marina Crisóstomo y Yanina Contreras.
“Me extraña que algunos colegas que ni siquiera participaron de ninguna comisión en las que se revisó este tema, vengan ahora con tanta choreza a decir que falta información. No es la forma y menos en un concejo”, respondió Marina Crisóstomo.
Yanina Contreras, presidenta de la comisión, dijo que “me molesta rotundamente que se opine deliberadamente sin siquiera haber venido a las comisiones en donde se tenía que discutir este tema”.
Rodrigo Ramírez añadió que “hubo tres comisiones en las que se vieron los detalles, se aclararon dudas y se hicieron las solicitudes. Estas bases cuentan con el visto bueno de Contraloría y la Subsecretaría de Energía, además de nuestro comité evaluador, que son los responsables de que esto se cumpla”.
Mientras que los concejales Patricio Huepe y Brígida Hormazábal apuntaron a las urgencias que tiene la comunidad por este recambio e incluso al ahorro de dinero que adoptar esta ecnología significará para el municipio.
Finalmente, Richard Guzmán, administrador municipal, explicó respecto al rol de la Contraloría en este proceso que “ellos revisaron las bases, tal como se habían comprometido en un convenio suscrito con la Municipalidad. Luego se les envió el acta de aprobación para que la revisaran, y como no lo hicieron dentro de los 10¿ días legales para hacerlo, se procedió a darse por aprobada conforme manda la ley”.
De todas formas, la Contraloría puede revisar el contrato posterior a la firma con la empresa, “así como es libre de revisar cualquier otro contrato firmado con antelación”, explicaron en la Municipalidad.
