Casi como haber ganado una maratón, después de mucho esfuerzo y sacrificio, la concejala de San Carlos, Lucrecia Flores (PS), no escondía su satisfacción luego que el pasado 27 de mayo, el Tribunal Electoral Regional (TER) del Biobío acogiera la solicitud de remoción que presentara junto a otros dos concejales de la comuna -Mario Sabag (DC) y Jorge Silva (UDI)- en contra del alcalde, Hugo Gebríe, por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad.
Fue un largo camino, no exento de dificultades, el cual según la edil, “no habría sido posible sin el respaldo de los vecinos. Nosotros ya habíamos intentado lo mismo en 2010, pero por una omisión de nuestro abogado, perdimos en el tribunal. Cuesta mucho reunir los documentos, las pruebas, pero es nuestro trabajo. Somos concejales de distintos partidos y colores políticos, pero fuimos mandatados para ejercer nuestra función fiscalizadora a cabalidad”, sostuvo Lucrecia Flores, quien insistió que en San Carlos, durante la actual administración, “ha primado el bien particular por sobre el bien común. Es fundamental que la ciudadanía lo sepa, y este fallo nos llama a los concejales, como autoridades, a seguir cumpliendo con nuestro rol fiscalizador, para resguardar la ética y la probidad, porque debemos responderle a la ciudadanía”.
Si bien en San Carlos el trabajo de sus concejales está logrando frutos, en Chillán recién se están articulando los miembros del Concejo Municipal para llegar hasta el fondo de la fallida licitación de luces led, que hoy tiene al exadministrador municipal y hombre de confianza del alcalde, Sergio Zarzar, en prisión preventiva.
Camilo Benavente (PPD), el único concejal que se opuso en la votación en que se adjudicó el proyecto a la cuestionada empresa Itelecom, reconoce que existen trabas a la hora de ejercer la labor fiscalizadora. Eso sí, recalcó, lo esencial “es tener las ganas y la convicción”.
“Hay que tener voluntad para fiscalizar, y para eso, hay que prepararse, ser acucioso y prolijo. Lamentablemente, las herramientas que nos entrega la Ley Orgánica de Municipalidades son bastantes acotadas. Si bien nos permiten solicitar informes respecto de muchas situaciones internas, los alcaldes siempre pueden dilatar la entrega de la información. Existe una especie de divorcio entre los concejales y el alcalde en la parte administrativa, porque a mi juicio, la ley está mal diseñada”, sostuvo el edil del PPD, quien recordó que ellos tienen muchas labores simbólicas, pero en estricto rigor, “no contamos con la orgánica para efectuar una labor fiscalizadora mucho más exhaustiva”.
Ejemplificó con la dualidad que se produce al interior del municipio de Chillán con el asesor urbanista y el control interno, quienes son asesores del Concejo, pero a la vez, responden a las instrucciones del alcalde.
“Falta también preparación por parte de los concejales. Yo conozco de esto porque llevo 20 años trabajando en municipios, uno aprende y madura, pero he tenido suerte. Hay concejales con muchas virtudes, pero cuando llegan, deben aprender y no es sencillo. Las capacitaciones, además, son poco profesionales”, advirtió.
Otro factor que influye en el rol fiscalizador, a juicio de Benavente, es el político. “A veces se malentiende la fiscalización y eso produce tensión, sobre todo cuando viene de ediles afines al alcalde”, afirmó.
Similar opinión tiene su par, Joseph Careaga, de la UDI. “No contamos con las herramientas necesarias para fiscalizar. Cuando encontramos alguna irregularidad, debemos recurrir a Contraloría, que es un organismo que no resuelve nada, solo entrega recomendaciones. Queda recurrir a la justicia, pero sabemos como son los procesos en Chile, larguísimos. A mi juicio, no podemos ejercer nuestro rol eficientemente”, sostuvo el edil.
Careaga agregó: “Por ejemplo, nosotros no podemos destituir al alcalde, solo podemos sacar al administrador municipal y al jefe de control. Si queremos destituir a algún funcionario, debe ser a través del alcalde”.
El concejal gremialista recordó que en el último congreso nacional de concejales, cuando se discutió respecto de modificar la ley, “no fue solo en relación a la dieta, como se dio a entender, sino respecto de las atribuciones del concejo, de cómo debiéramos aspirar a convertirnos en un parlamento comunal, con atribuciones como las que tienen los legisladores en cuanto a poder conformar comisiones investigadoras, por ejemplo”.
Joseph Careaga reconoció, además, que cuesta fiscalizar la labor alcaldicia cuando se pertenece al mismo conglomerado del jefe comunal.
“Siempre están las presiones de los partidos políticos para no dañar la imagen del alcalde, y seamos sinceros, varios aprovechan también la ventaja política que otorga el hecho de estar al alero del alcalde. En mi caso, nunca he recibido presiones de la UDI, y además, soy conocido por ser díscolo”, manifestó.
“He ocupado todos los mecanismos a mi alcance”
Otro Concejo Municipal de Ñuble que ha dado una larga batalla fiscalizadora, sin resultado hasta ahora, es el de Chillán Viejo.
Quien ha liderado las acciones tanto en la justicia, como en Contraloría, ha sido el exradical Jorge Del Pozo, edil que reconoce que en varios momentos se ha sentido frustrado.
“Como es lógico, toda la legislación es perfectible y en el caso de las fiscalizaciones en los municipios, eso es absolutamente evidente. Si bien es cierto, la ley entrega herramientas, hay muchas otras acciones que se coartan debido a que pese al interés de los concejales, los alcaldes o funcionarios cercanos hacen poco para contribuir a mejorar los niveles de transparencia”, aseveró.
Según Del Pozo, “es importante mejorar los canales de fiscalización, aumentar la transparencia en los datos y generar mayores niveles de control social. Pero es pertinente señalar también que la normativa vigente hoy entrega mecanismos y ha quedado demostrado que se pueden utilizar de buena forma , aunque en lo personal, siento que se puede mejorar bastante”.
Agregó que en su caso, “desde el año 2008 he ocupado todas las herramientas que están a mi alcance para cumplir con el mandato fiscalizador que sucesivamente me ha entregado la ciudadanía”.
Alejandra Martínez, concejala socialista de la comuna histórica, resaltó que la labor de un concejal(a), por esencia, es la fiscalización.
“Así lo señala la ley, pero lamentablemente no considera dotarnos de herramientas para realizarla. Habitualmente cada uno de nosotros y según las áreas de expertise, busca de manera personal asesorías para cumplir esta labor fiscalizadora de mejor manera. Esto conlleva a que también falta dotar de mayores atribuciones a los concejos municipales, y por tanto, de mejores condiciones para el cumplimiento de esta función esencial, ya que tenemos que velar porque la gestión municipal se desarrolle de manera óptima”, sostuvo.
Se puede mejorar
Para el doctor (c) en Administración y Política Pública y exconcejal de Chillán, Cristian Quiroz, es el propiomarco jurídico el que no facilita el trabajo fiscalizador de los concejales.
“De hecho, es más rápido y efectivo que estos soliciten información vía Ley Transparencia, que a través del concejo. Por otro lado, los concejales deben empoderarse en su rol y entender que fiscalizar es clave, aunque sus partidos o el alcalde puntual no lo quiera. En ese rol, es importante diferenciar entre la denuncia facilista y el control serio, efectivo y sistemático”, dijo.
Añadió que “más allá de las limitantes jurídicas, queda aún espacio para fiscalizar, y eso demanda un rol activo y crítico por parte de los concejales, sobre todo hoy en día, en que la ciudadanía exige más que nunca probidad y honestidad en la gestión de los recursos públicos. En ese sentido, hay decisiones locales que se pueden asumir, como fomentar el acceso a la información pública, asegurar instancias de participación ciudadana, cumplir con la calidad, cantidad y oportunidad de la información solicitada por los concejales, entre otras, además de algunas que son materia de ley, como fortalecer las competencias y atribuciones de los concejos, dotar de mayores recursos a Contraloría, reformular las funciones de control interno en las municipalidades, perfeccionar los mecanismos de reclutamiento y selección de personas para desempeñarse en la municipalidad por criterios técnicos más que clientelares, incorporar tecnología que facilite el control de gestión interno y ciudadano a través de aplicaciones que propicien el gobierno abierto en su dimensión local, entre otros”.
Jeanne Simon, politóloga y académica de la UdeC, cree que es importante mejorar los canales de fiscalización en los concejos municipales.
“Se debe aumentar la transparencia en los datos y generar mayores niveles de control social. Pero es pertinente señalar también que la normativa vigente hoy entrega mecanismos, y ha quedado demostrado que se pueden utilizar de buena forma , aunque en lo personal, siento que se puede mejorar bastante”, sentenció.
Ilustración: Jaime Castro
