La Corte de Apelaciones acogió la solicitud del abogado Juan Carlos Manríquez, y suspendió la vista de la causa del Caso Aljibe que se había programado para ayer jueves, y en la que se discutiría si se autorizará o no al Consejo de Defensa del Estado (CDE) a acceder a las escuchas telefónicas interceptadas por la PDI a su representado e imputado, Ricardo Vallejos, exadministrador municipal de Chillán.
A juicio del defensor, el Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades legales para acceder a material clasificado, perteneciente a una carpeta de investigación del Ministerio Público “y que además pertenece a otra causa distinta, como es el caso Led”, explicó el jurista.
Sin embargo Mariella Dentone, procuradora regional del CDE, rechaza las observaciones del abogado Manríquez y advierte que “en primer lugar no somos terceros en la causa led, somos querellantes, es decir, no podríamos ser más parte de esa investigación; y en segundo término, no se trata de materia reservada ni que esté con secreto, ya que son parte de las diligencias a las que como intervinientes tenemos acceso, porque además, corresponden a la arista chillaneja del caso”.
La procuradora dijo a La Discusión que la importancia de contar con los audios de las conversaciones telefónicas que mantuvieron Ricardo Vallejos y el exasesor jurídico del municipio, Marcelo Campos, las que fueron interceptadas por la Policía de Investigaciones (PDI), “podrían darnos otros nombres de personas que estén vinculadas de alguna manera a esos hechos que son materia de investigación”.
La procuradora se excusó de no poder ahondar en detalles respecto a si estos nombres que esperan aparezcan en la investigación, resulten solo llamados a comparecer como testigos, o si incluso pudiesen se imputados.
De todas formas, para la querellante, asoma como altamente probable que se solicite al Juzgado de Garantía de Chillán, una ampliación del plazo de investigación judicial.
Mantienen los preceptos
Paralelamente, el Ministerio Público solicitó al tribunal que se autorizaran nuevas diligencias respecto al estudio de este hecho, las que -por cierto- fueron solicitadas con reserva, es decir, secretas.
La Fiscalía formalizó a Ricardo Vallejos, en octubre del 2020, por el delito de negociación incompatible, atribuyendo dolo al que haya firmado contratos a nombre del municipio, para asignarle el reparto de agua potable a sectores rurales con camiones aljibe pertenecientes a su familia. Pese a que a juicio de su abogado “ya es claro que aquí no hay delito”, la Fiscalía confirmó que a la fecha se mantienen los mismos preceptos, imputaciones y teoría de caso originales.
