No está todo dicho. Pese a que la fiscalía regional de Ñuble presentó acusación en contra de los 19 imputados que involucra la llamada “arista chillaneja” del Caso Led, y en consecuencia, se fijó como fecha para la audiencia de preparación de juicio oral la del próximo 8 de noviembre a las 09.00 horas, aún cabe una posibilidad que tal audiencia se suspenda y se vuelva a extender -por enésima vez- el plazo de investigación.
Esto porque una vez que las defensas de cada uno de esos 19 imputados se enteraron del contenido de la acusación y que se había agendado la preparación de juicio, de inmediato algunos de ellos, como los del – hoy exdueño- de Itelecom, Marcelo Lefort, o del entonces gerente comercial de esta firma, Ricardo Rodríguez, presentaron escritos al tribunal solicitando ampliar el plazo de investigación, toda vez que acusaban que aún no recibían los resultados de ciertas diligencias solicitadas.
No será sino hasta la audiencia del próximo miércoles 8 de noviembre que se discutirá junto al resto de los intervinientes si se acoge la solicitud de las defensas o, por el contrario, se prosigue con la preparación del juicio.
Respecto a las penas solicitadas por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, destaca una de 28 años de cárcel para Marcelo Lefort; mientras que para los imputados chillanejos Marcelo Campos, exasesor jurídico de la Municipalidad de Chillán y para quien fuera concejal de esa comuna, Víctor “Cacharro” Sepúlveda, solicitan la pena de 10 años de cárcel por el delito de cohecho.
En tanto, para quien fuera el administrador municipal de la administración pasada, Ricardo Vallejos, la Fiscalía pide una pena de ocho años de cárcel.
La fiscal Mansilla explicó que “en esta acusación se persiguen fundamentalmente delitos de corrupción consistentes en sobornos, cohechos, lavados de activos, delitos tributarios y, especialmente, la responsabilidad penal de la persona jurídica (la empresa Itelecom)”.
La persecutora, quien por orden de la Fiscalía Nacional concentra la investigación de la causa en su contexto nacional, salvo en la arista de Iquique (que comenzó a ser investigada dos meses antes que en otras comunas), deja claro que solo se cuenta con evidencia de carácter penal para presentar ante el tribunal los casos de Chillán, Negrete, Coyhaique, el Ministerio de Energía y de la firma Itelecom, de Santiago. No será parte de esta causa, por lo tanto, lo acontecido en ninguna otra de las 21 comunas que llegaron a ser investigadas.
“Tendrán un trabajo muy difícil”
Respecto a Campos y a Sepúlveda, la PDI asegura contar con evidencias gráficas (una flagrancia en el caso del abogado) respecto a la recepción de sobornos por parte de Lefort. A Campos, de hecho, lo detuvieron con un maletín con $30 millones.
En el caso de Vallejos, hay grabaciones de interceptaciones telefónicas en las que la Fiscalía asegura entender una conversación en clave con la que Campos le asegura la recepción del soborno a repartir.
Giovanni Gotelli, abogado de Campos, dice que “normalmente la Fiscalía extrema las solicitudes de pena, por lo que esos 10 años no nos sorprenden, pero otra cosa muy distinta es que puedan convencer al tribunal de dictar esa sentencia, más aún cuando tendrán un trabajo muy difícil, como el de demostrar que estos hechos son posteriores al cambio de ley (anticorrupción)”.
El defensor de Ricardo Vallejos, abogado Ricardo Manríquez, comentó que “luego de la preparación de juicio, estas penas suelen bajar sustancialmente e incluso se conceden beneficios. Y nosotros seguimos creyendo que al señor Vallejos, lo que le corresponde, es la absolución”.
