Un nuevo periodo presidencial en El Salvador busca, Nayib Bukele, quien ha liderando las encuestas y ha aprovechado su popularidad por las controvertidas medidas en la lucha contra las pandillas, pero contrastado por la ausencia de un nuevo plan de gobierno, saltar la prohibición constitucional de ser reelecto y las denuncias por violación a los derechos humanos.
Su popularidad, que a lo largo de casi cinco años se ha mostrado incombustible, por sus logros de seguridad de su “guerra contra las pandillas”.
A finales de marzo de 2022, el Congreso decretó un régimen de excepción para suspender garantías constitucionales a petición del Gobierno de Bukele, tras una escalada de homicidios. De acuerdo con las encuestas publicadas en el marco de la campaña electoral, este régimen es el principal activo para la popularidad de Bukele, principalmente por la reducción de la presencia de las pandillas en las comunidades populares.
Según informó radio Cooperativa, el 2023 fue el año más seguro en la historia del país, con un promedio de 0,4 homicidios al día, pero su estrategia de seguridad le ha valido miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, debido a las detenciones arbitrarias realizadas sin orden judicial, supuestos malos tratos en las cárceles y muertes bajo custodia del Estado.
De acuerdo con David Morales, de la organización humanitaria Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, la gestión de Bukele se ha caracterizado por “la profundización del autoritarismo y destrucción de la democracia“.
Cristosal es una de las organizaciones que ha recibido más de 6.000 denuncias de atropellos a derechos humanos bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y está vigente desde marzo de 2022, entre ellos detenciones arbitrarias y tortura.
