Aunque el orden de los factores no altera al producto, el que a diferencia de lo ocurrido en la Municipalidad de San Ignacio el pasado viernes, en Ñiquén primero se haya controlado la detención del alcalde, Miguel Pino, y luego se haya dado la orden de allanar las dependencias consistoriales, puede significar que una vez que el jefe comunal fuera detenido por la Brigada de Delitos Económicos y llevado al Cuartel Arauco de la PDI, sea en claro indicio de que Pino entregó información clave a la Fiscalía.
El alcalde se entregó de manera voluntaria cerca de las 8 de la mañana a la PDI. Sobre él la Fiscalía tiene el antecedente que habría aceptado $6 millones por concepto de soborno por parte del empresario Rodrigo Carmona, monto que debía repartir con su administrador público, Carlos Fernández.
Pese a que la fiscal del caso, Nadia Espinoza, citó a un punto de prensa para ayer a las 15.30 horas, a último minuto se suspendió mediante un comunicado en el que se explicaba que fue por “una contingencia mayor surgida”.
Por tal razón no se descarta que para hoy la lista de detenidos por este caso sume nuevos nombres.
El caso “cuentas corrientes” supone a la empresa de asesorías financieras Gestión Global, de propiedad del empresario Rodrigo Carmona (en prisión preventiva), adjudicándose mediante sobornos las licitaciones para asesorar a las municipalidades a buscar las entidades bancarias que entreguen mayores réditos para sus cuentas corrientes.
El primer allanamiento se hizo en la Municipalidad de San Ignacio, el pasado viernes, cuando se detuvo a Carmona, a su colaborador, Rodrigo Sandoval; al jefe de gabinete, Edgardo Suazo, al director de Salud, Krysler Monroy y al alcalde César Figueroa.
Fuentes cercanas a la investigación afirmaron a La Discusión que dentro de la “arista Ñiquén” de la causa, fue el propio Fernández quien entregó los antecedentes que involucraban a su alcalde; y algo similar ocurrió con el jefe de gabinete de la municipalidad de San Ignacio, Edgardo Suazo, quien dentro de su declaración situó al director municipal de Salud, Krylser Monroy, como quien hizo los vínculos entre Carmona y el alcalde de San Ignacio, César Figueroa.
“Sobre él, la Fiscalía prácticamente no entregó ningún antecedente que lo vinculara a estos hechos. Si hoy está imputado es porque otro de los detenidos lo involucró a última hora en su declaración para evitar cautelares mayores”, dijo en relación a Edgardo Suazo, jefe de gabinete del alcalde de San Ignacio (César Figueroa), quien pese a que lo fotografiaron recibiendo un maletín con dinero por concepto de soborno (destinado al alcalde), quedó con la cautelar de arresto domiciliario total.
Defensa estudian apelar
A Carmona se le formalizó por soborno, estafa frustrada y violación de secreto; mientras que a su colaborador, el periodista y exconcejal de Chillán, Rodrigo Sandoval se les formalizó por delitos de sobornos.
Por cohecho y fraude al fisco se formalizó al alcalde Figueroa y Krysler Monrroy.
Todos ellos están con la cautelar de prisión preventiva.
Al menos por parte de éste último, su defensor, Rodrigo Vera Lama explicó que “hay cinco días para presentar una apelación de las cautelares en la Corte de Apelaciones y evidentemente que lo haré, ya que -insisto- salvo la declaración de otro imputado que a última hora lo sitúa en estos hechos, independiente de las imputaciones que le haga la Fiscalía, en concreto, el Ministerio Público no cuenta con ningún tipo de evidencias, ni llamados interceptados, ni copias de correos o de whatsapp, ni ha sido fotografiado en situaciones irregulares ni nada que realmente sea indiciario de su participación en ningún delito”.
Respecto al alcalde Figueroa, el defensor regional, Marco Montero, quien asumió su representación, también anunció que estaba estudiando esta posibilidad, porque “la medida cautelar de prisión preventiva nos parece totalmente desmedida, conforme a los antecedentes que presentó la Fiscalía”.
La misma situación planteó el abogado Giovanni Gotelli, quien junto al jurista Carlos Astorga, representan a Carmona y a Sandoval.
Finalmente, el abogado Guillermo Cantín, representante del alcalde de Ñiquén, Miguel Pino, optó por no hablar con la prensa antes de la formalización de mañana.
