Este año se cumplen 25 años de la alianza público-privada de la industria sanitaria y 35 años de la puesta en marcha de la política pública que dio origen al actual modelo sanitario en Chile. Su inicio fue el año 1990 conformada por operadores regionales mediante sociedades anónimas estatales (Corfo), que a finales de la década de los noventa (1999) se transfirieron a operadores privados mediante dos formas, a) El Estado transfiere y vende la propiedad de la empresa estatal y b) El Estado transfiere transitoriamente el derecho de explotación de las concesiones sanitarias por 30 años, pero no la propiedad.
El objetivo era tratar la totalidad de las aguas servidas del país. Los resultados se vieron en 2014, cuando los principales indicadores operacionales y financieros muestran la solidez de estos servicios, con coberturas urbanas en agua potable y saneamiento de las aguas servidas cercanas al 100% a nivel de país. A esto se suma un sistema tarifario estable, que permite el autofinanciamiento de las operaciones e inversiones sin aportes del Estado, además, cuenta con un subsidio tarifario para familias vulnerables que cubre un 12,4% de los clientes totales.
Las inversiones realizadas por las empresas entre 2002 y 2022 llegan a US$ 9.000 millones, que han permitido, en el mismo período, incorporar la expansión de 2,5 millones de nuevos clientes (8 millones de personas) y hasta el momento, enfrentar a lo menos la escasez hídrica más importante.
En resumen, no hay duda de los beneficios de esta política pública de alianza pública-privada, sin embargo, la última palabra está en la comunidad. Las encuestas anuales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) muestran, en general, un incremento de la satisfacción del cliente del 50% al 57% (2018 al 2022), estas cifras son mayores a compañías de internet y de comunicaciones
La escasez hídrica ha puesto a prueba al modelo y su marco normativo, tensionándolo por el riesgo de perder la calidad y continuidad en el abastecimiento del servicio a la comunidad, que a la fecha casi no ha tenido cortes significativos, a pesar de los eventos extremos como la sequía.
Después de 35 años del marco normativo sanitario, requiere de algunos ajustes para adaptarlo al nuevo escenario hídrico y a los cambios ambientales, tecnológicos, sociales y económicos que han ocurrido. Las empresas y la Superintendencia, deben contar con mayor liderazgo y protagonismo para producir los cambios, haciendo propuestas con visión de futuro. Existen varios proyectos de ley en el parlamento donde las empresas y la Superintendencia no han sido los protagonistas. Esto se refleja en una serie de temas pendientes sin resolver, como el reutilizamiento de las aguas tratadas, pérdidas de agua, desalación, reposición de infraestructura, modernización de la empresa modelo incorporando tecnología, inteligencia artificial y otros
Lo que no es sostenible son los niveles de pérdidas de agua, aun cuando tengan justificación económica o tarifaria. También es necesario definir temas que llevan mucho tiempo sin resolver: el marco normativo debe asumir los cambios de contexto.
Gabriel Caldes, Consultor en recursos hídricos, Consejero del CPI.