Una demanda civil de nulidad de derecho público, ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, presentó el estudio jurídico de Concepción Paulsen y Carrasco, por intermedio de sus abogados Julián Carrasco y Christian Paulsen, representando al Consorcio Agrícola del Sur (CAS).
El objetivo de la acción legal es revertir la resolución del Servicio de Impuestos Internos, que aumentó el avalúo de los terrenos agrícolas desde el 1 de enero de 2020, en algunos de los casos, en más de un 300%.
El CAS agrupa a más de mil empresarios agrícolas, representados en la Asociación de Agricultores de Ñuble, Socabío (Sociedad Agrícola del Bío Bío), Sofo (Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco), Saval (Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de los Ríos); Sago (Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno) y Agrollanquihue (Asociación de Empresarios Agrícolas de la Provincia de Llanquihue).
Los agricultores se consideraron afectados porque este aumento en el avalúo los dejó en una compleja posición en plena pandemia. Por eso en la demanda rechazan la decisión del SII, ya que la ley indica que los avalúos se calculan por el potencial productivo del suelo y no sobre su valor inmobiliario.
Christian Paulsen explicó que se decidió actuar por la vía judicial “ante la negativa de la autoridad a explicar a qué obedecía el considerable aumento del avalúo y cargas tributarias, ya que las resoluciones impugnadas no justifican ni explican cómo, de qué manera o por qué se fijan los valores que sirven de base a la tasación actual”.
El jurista argumentó que “la demanda sostiene la ilegalidad de las resoluciones impugnadas por no haberse cumplido los presupuestos legales para su dictación. En muchos casos el avalúo resultante del proceso impugnado – sin sustento jurídico en concepto de la demandante- ha significado un aumento en el avalúo de los terrenos agrícolas con variaciones inclusive sobre el 100% para gran parte de los afectados. Lo dicho, según los demandantes, contraviene disposiciones legales expresas en cuanto a la generación de las tasaciones agrícolas con afectación relevante para los actores de la actividad agrícola”.
“Por eso, estamos seguros -y así lo probaremos- que la capacidad potencial de uso actual de los terrenos no se tuvo como referente para determinar los avalúos en este proceso de tasación”, finalizó el abogado.
José Miguel Stegmeier, presidente del CAS, sentenció que “no se explica la decisión del SII, ya que los aumentos de valor no se justifican, pues las contribuciones nacen de la capacidad productiva de los campos, y eso no ha cambiado mucho. Incluso hay muchos en la zona de la Araucanía que están tomados y no se pueden trabajar, o en la zona central que están afectados por la sequía”.
Agregó que, antes de llegar a tribunales, se conformó una mesa de trabajo para intentar llegar a un acuerdo, junto al Ministerio de Hacienda, el SII, y varios parlamentarios. Incluso, contaban con tres resoluciones del Senado donde se dejó constancia que había que estudiar el reavalúo. Sin embargo, la decisión del SII siguió adelante, “y con esto nos encontramos con contribuciones más altas y obviamente un pago de impuestos mucho más alto, por eso decidimos entablar esta demanda, porque queremos que se respete la ley”.
Pequeños agricultores
A la preocupación de los gremios, se suma el impacto negativo que podría tener el reavalúo en los pequeños agricultores beneficiarios de Indap, ya que según expuso del diputado Frank Sauerbaum, muchos podrían dejar de ser usuarios al subir el valor de sus predios, razón por la que solicitó a la Contraloría pronunciarse sobre la materia.
El legislador recordó que “hace cuatro años la Presidente Bachelet dejó una reforma tributaria que aumentó las contribuciones agrícolas, que se hicieron efectivas este año 2020, y por lo tanto, muchos pequeños agricultores han sido afectados, por lo que hemos hecho una observación a la Contraloría para que aclare si el aumento del valor de la tierra implica que dejarán de ser beneficiarios de Indap”.
