Si bien la definición de los llamados 12 “bordes” de este segundo proceso constituyente limitó la profundidad de eventuales cambios al modelo económico chileno, introdujo la cláusula sobre Estado Social y Democrático de Derecho, concepto que fue aprobado por la extinta Convención Constituyente y que ha reabierto la discusión sobre el rol del Estado en la economía y, en consecuencia, sobre su tamaño, como si se tratase de dos únicas alternativas posibles: un Estado subsidiario, como lo establece la constitución vigente, versus un Estado social de derecho, concepto que ha concitado adhesión en parte importante del espectro político.
En ese sentido, el resultado de la elección de hoy incidirá claramente en la definición del rol del Estado en la economía chilena, donde una mayor presencia de consejeros de derecha que defienden el modelo liberal evitaría un cambio sustantivo al actual modelo, y por el contrario, una mayor presencia de consejeros de izquierda empujará con más fuerza el aumento del tamaño del Estado.
De acuerdo con el mandato del artículo 154.5 de la Constitución, incorporado tras el llamado Acuerdo por Chile de diciembre pasado, que viabilizó este segundo proceso constitucional, “Chile es un Estado Social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.
Ello, en virtud de la crítica desde la izquierda al Estado subsidiario, donde el mercado asumiría un rol principal e incluso preferente en la provisión de derechos sociales. Por una parte, el Estado funcionaría solo allí donde el mercado no está interesado en operar, y por otro lado, la misma provisión de estos servicios (salud, educación, pensiones), considera una dimensión de ganancias o lucro que no sería compatible con el Estado Social.
Sin embargo, en la práctica el principio de subsidiariedad sería compatible con un Estado social, responden desde la derecha.
Dicotomía artificial
El Doctor en economía y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, Claudio Parés Bengoechea, planteó que, “en cuanto a los bordes o aspectos relevantes, cuando miramos el trabajo de quienes redactarán la Constitución, es necesario entender que lo que resulte tanto en temas económicos como en el resto, es el reflejo de lo que la sociedad quiere. En particular en economía, lo principal pasa por la consideración de ‘los demás’ en las decisiones individuales. El ejemplo más cercano es el de los retiros de AFP: a cada uno le convenía retirar los fondos, pero eso causó un problema generalizado: la inflación. Si llevamos eso a otro tipo de decisiones colectivas en el ámbito económico, podemos toparnos con impuestos a los combustibles, sistemas de salud, pensiones, etc. en los que las preocupaciones individuales tienden a chocar con lo que el país necesita realmente. Entonces, el punto de atención más importante tiene que ver con mirar ‘lo que Chile necesita’ para los próximos 50 o 100 años y no ‘lo que yo quiero’ para mí, porque es lo que dice mi ideología o mi bolsillo solamente”.
En esa línea, el Dr. Parés sostuvo que “la discusión del Estado ‘subsidiario’ tiene una larguísima tradición y me parece que es un error ponerla como un concepto absoluto opuesto al Estado ‘social’. El Estado subsidiario otorga, efectivamente, la prioridad a los privados a la hora de resolver algunos problemas y esa debería seguir siendo la ‘regla’, pero es necesario ponerle la vara un poco más alta a los privados para que la intervención del Estado entregue soluciones de mejor calidad a los ciudadanos antes que los privados fracasen rotundamente. Lo que quiero decir es que la regla general debería seguir siendo la subsidiariedad, pero con un Estado mucho más ‘competitivo’ a la hora de ofrecer respuesta a las necesidades de la gente”.
Consultado sobre el resultado que se puede esperar de este proceso en cuanto al rol y tamaño del Estado, el académico de la UdeC admitió que “es difícil hacer predicciones respecto del tamaño del Estado, básicamente porque podríamos tener varias dimensiones para medir ese tamaño. Podríamos hablar de un Estado más grande porque maneja un porcentaje más alto de los recursos o porque impone más regulaciones. Lo cierto es que, en cualquiera de esos casos, es probable que el Estado chileno salga robustecido de esta Constitución, pero por cuestiones que tienen que ver más con la necesidad o petición popular y con el hecho que la Constitución actual define un Estado demasiado pequeño, más que por una decisión o definición pendular realmente radical. En otras palabras, un nuevo proceso debería, al menos, moderar al pequeño Estado actual y acercarlo a los Estados modernos que tienen algo más de injerencia en la vida cotidiana”.
En consonancia con ello, aseveró que ello, en ningún caso, debiese conducir a un Estado monopólico en la provisión de ciertos servicios, como salud y pensiones. “Primero, porque no tiene sentido limitar las posibilidades de solución de conflictos y segundo, porque ese tipo de temas no debería estar en la Constitución. La Constitución debería centrarse en proponer principios con los que deberíamos tomar las decisiones sociales (como el “estándar” sobre el cual debería intervenir un Estado subsidiario, por ejemplo) pero ponerse a definir cómo debería funcionar un sistema específico es atarse de manos en un mundo cambiante. Es una mala idea”.
Alianza público-privada
Por su parte, el abogado y docente de Derecho Tributario y Política Económica de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, Cristóbal Cifuentes Torres, advirtió que el tema es más profundo que el debate Estado social versus Estado subsidiario. “Hay que ver también la situación económica actual y también de las personas, de cuánto están dispuestos a aportar para tener un Estado solidario, en el sentido de que, si se quiere un Estado solidario, las personas tienen que pagar más impuestos, y no se ve tampoco esa disposición por parte de las personas. Aquí hay aspectos que van más allá de lo económico, de la idiosincrasia del chileno, es decir, a las personas le gusta sentir que obtienen algo fruto de su esfuerzo; y eso también es fruto, podríamos decir, de la constitución actual y del Estado subsidiario”.
En esa línea, Cifuentes apuntó que, de acuerdo a la carta magna vigente, mientras más recursos tienen la personas, mayor es la libertad que tienen para elegir prestadores de servicios en áreas como educación y salud. “Lo que se tiene que garantizar es que quienes no tienen ese acceso a la salud o a la educación, el Estado le pueda brindar un servicio similar”, puntualizó.
“Tiene que haber, en la medida que haya crecimiento económico, esta posibilidad de elección. Y tiene que haber competencia, o más bien una alianza público-privada, en que se presten diversos servicios, tanto educacionales, de salud, también en la vivienda, que son aspectos fundamentales para la persona, o sea, en lo que el Estado tiene la primacía y también la facultad única, es en el tema de la seguridad”, sostuvo el académico.
En ese sentido, postuló que la discusión dicotómica entre Estado subsidiario versus Estado social “es ideológica, no es práctica, porque en la práctica se ve que si existe la colaboración y si el Estado focaliza sus recursos en las personas que tienen necesidad, puede haber un crecimiento y puede producirse un círculo virtuoso para la población”.
Consultado respecto a la aspiración de algunos sectores de consagrar el rol de Estado empresario en la constitución, Cristóbal Cifuentes apuntó a las rigideces de la burocracia estatal, lo que obligó a manejar Codelco como una empresa privada, pero también criticó la administración de iniciativas públicas como las farmacias populares o el negocio del gas licuado que anunció Enap. “Entonces, hay un desconocimiento de la realidad y hay un anhelo yo creo, que no me parece, de retroceder a una economía de cincuenta, sesenta años atrás, cuando la gran mayoría del mundo era proteccionista y no estaban abiertos al comercio como ahora”.
“Pensando en las empresas públicas -continuó-, el Estado no es un buen administrador. Piense usted, por ejemplo, que, para hacer la Empresa Nacional del Litio, el Estado chileno no tiene recursos, es por eso también que se propone este sistema de que sean los privados quienes pongan todos los recursos para iniciar y después el Estado llega y se queda con la porción mayoritaria (…) El problema que tenemos con las empresas públicas, es que son capturadas por ciertos sectores, por ciertos grupos de interés, y no estoy hablando solamente de políticos, están los sindicatos en el caso de Codelco o de los puertos”, argumentó.
En cuanto al resultado de este proceso, Cifuentes vislumbró que “se va a incluir un tema respecto a la socialdemocracia y que va a necesitar un mayor gasto del Estado y eso tendremos que ver de dónde sale. Pero esto, si no es acompañado de una modernización del Estado o de un Estado más grande propiamente, nos va a llevar a un mayor endeudamiento del país y de cierta manera un descontrol de ciertas confianzas si no se hace de buena forma, en el sentido de que paralelamente se debe promover la inversión, el crecimiento económico, el empleo, porque la gente aspira también a tener mejores condiciones”.
Libertad para elegir
Desde el mundo empresarial, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) -Chillán, Ricardo Salman Aburdene, mencionó algunos aspectos que generan preocupación, reiterando que es clave mantener la libertad para elegir.
“Nos preocupa el acento que se pone en el Estado. Cuando hablamos de un Estado social, ¿cuáles van a ser los derechos de las personas y cómo van a ser financiados estos derechos? Es fundamental que tengamos una mirada de largo plazo en donde podamos cumplir con la expectativa. Y eso va necesariamente con el desarrollo económico”, expresó el dirigente gremial.
Salman añadió que “cuando hablamos de la libre elección en los servicios de las personas, pensamos que es fundamental mantener la libertad para elegir en todo lo que tiene que ver con las decisiones tanto de estudio, de salud, de previsión que puedan tomar las personas. Las personas deberían ser siempre soberanas en sus decisiones”.
En cuanto al tamaño del Estado, el timonel de la CChC manifestó que “es importante el tamaño del Estado y un Estado eficiente, porque los recursos naturalmente tienen que estar de la mejor manera invertidos y sobre todo, los recursos públicos. Y sobre todo, invertidos en aquellos asuntos que se traten de inversiones que mejoran la calidad de vida de las familias”.
