La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que hay más de 20 mil decretos firmados para expulsiones administrativas en el país que no se han ejecutado, por distintos motivos, pero principalmente por las dificultades y el costo que genera.
Ante la Comisión Especial Investigadora, que revisa la situación de criminalidad en el norte del país, la ministra Tohá explicó que hay miles de expulsiones pendientes cuando se discute también un proyecto que busca facilitar este mecanismo.
“En Chile hay 20 mil expulsiones decretadas que no se han ejecutado. Hay varias causas, la primera es que para ejecutarse completa la expulsión, tiene un trámite que estamos corrigiendo ahora porque precisamente es muy engorroso y hace muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable”, explicó Tohá, según informó Canal 13.
“Cuando el gobierno asumió ya había 20 mil porque las capacidades del Estado son muy inferiores a la necesidad que hay que agilizar y, lamentablemente, la Ley de Migraciones le puso obstáculos adicionales a la modalidad de expulsión (…) El problema de las expulsiones ni empezó con esta ley ni empezó con este gobierno; ya era apoteósico en el gobierno anterior, ahora se ha hecho más difícil”, complementó.
Desde Migraciones informaron que solo este 2023 se han realizado 140 expulsiones y cada una de ellas cuesta 2,7 millones de pesos al Estado.
Proyecto facilita proceso
Este martes, en tanto, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, y por unanimidad, el proyecto que facilita el proceso de expulsiones administrativas de extranjeros en Chile.
La propuesta de cambio legislativo busca establecer mecanismos que permitan lograr un trámite expedito de la expulsión administrativa.
