En el marco de su visita a la región para inspeccionar las faenas de dos proyectos del MOP insertos en el Plan Paso a Paso Chile se Recupera, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, reconoció que no se podrá cumplir el compromiso asumido por el Presidente Sebastián Piñera el 20 de agosto pasado en Chillán, en que aseguró que en un plazo de seis meses -es decir, al 20 de febrero próximo- destrabaría el proceso de término anticipado del contrato de concesión del embalse La Punilla con la empresa Astaldi.
Si bien se adjudicó el contrato de concesión en 2016, aún no comienza la construcción del embalse La Punilla, que se proyecta en el río Ñuble, entre las comunas de San Fabián y Coihueco. Los problemas económicos que ha enfrentado la empresa italiana Astaldi la llevaron a incumplimientos contractuales graves, por lo que en septiembre de 2019 el MOP solicitó declarar la caducidad de dicho contrato, que debe ser sancionada por una comisión arbitral. A 16 meses de aquel hito, la comisión arbitral aún no se pronuncia puesto que el procedimiento para poner fin al contrato está suspendido conforme a la Ley 21.226, mientras se mantenga el Estado de Catástrofe.
Hay expectación entre los regantes por lo que va a ocurrir con el embalse La Punilla, quieren saber si se va a licitar de nuevo y cuándo ocurrirá eso.
Cuando el Presidente estuvo aquí, lo dijo muy claramente. Nosotros analizamos todas las alternativas, ha habido cambios, ha habido dificultades con el concesionario, pero tal como el Presidente lo ha señalado, la decisión es clara y definitiva: el embalse se va a hacer en las mismas condiciones en que estaba planteado.
Y el Presidente Piñera, el 20 de agosto pasado, dio un plazo. Dijo que en seis meses iba a destrabar la situación en la comisión arbitral, y esos seis meses se van a cumplir el 20 de febrero. ¿Podrá cumplir su palabra?
Es que sucede lo siguiente: la comisión arbitral no puede funcionar mientras haya estado de excepción, entonces la comisión no opera. Efectivamente, nosotros estimamos que apenas la comisión vea el tema, debiera demorar no más de seis meses en tomar una decisión, y que estimamos va a ser favorable a que la concesión debe terminar. Pero requerimos que la comisión pueda operar, y legalmente no lo puede hacer mientras estemos en estado de excepción. Eso ha sido un problema que ha hecho no posible llegar a través de la comisión arbitral al término del contrato de la empresa Astaldi, que es una de las vías más fáciles de ponerle fin al contrato.
Entonces, a los regantes que están expectantes frente al cumplimiento del plazo que se va a cumplir, ¿no se les puede dar una fecha?
Dependemos de que exista la posibilidad de que funcione la comisión arbitral. Ése es un camino, pero nosotros también estamos usando otros caminos. Estamos en conversaciones con ellos (Astaldi), recordemos que ellos han pedido negociaciones directas al Gobierno, y las estamos realizando, pero ése es un camino que puede llegar o no a puerto, y puede demorar más o menos; pero el camino que tiene un resultado cierto y un plazo previsible, que es la comisión arbitral, tiene la dificultad que ya le mencioné.
¿Es imposible modificar esa limitación legal?
Bueno, hoy es la limitación legal que tiene, es la forma como funciona, y es una limitación general, no es específica.
¿Y tampoco se va a buscar hacer una excepción?
No podríamos hacer una excepción a la regla, porque la ley y la norma también protege a las dos partes. No se pueden cambiar las reglas, las reglas son las que están y tienen que cumplirse. Esperamos que esto se resuelva lo más rápidamente posible, y como digo, eso no impide usar métodos alternativos que también estamos mirando. Pero lo más importante en esta materia son dos cosas: una, la decisión de que el embalse se va a hacer, y se va a hacer en las condiciones originales, porque también hubo mucho análisis que se realizó, de hacer el embalse más pequeño, de que eliminara algunos de los factores que tiene, pero todo eso se ha descartado, y por lo tanto, eso es una seguridad importante. Y segundo, y no lo digo yo, lo ha dicho el Presidente de la República aquí mismo, es que este proyecto sigue y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que sea una realidad.
Pero no se podrá cumplir el compromiso del Presidente…
Como le digo, no depende de nosotros ni del Presidente, sino que depende del estado de excepción. Y el estado de excepción depende de que entre todos logremos que la salud progrese.
Usted dijo que las condiciones del proyecto La Punilla van a ser las mismas. ¿Eso significa que el embalse se va a volver a concesionar?
En principio, pensamos que ése es un camino, pero también puede haber otros. Pero creemos que es el camino más eficaz, más rápido, aunque no están descartados otros caminos. Hoy estamos concentrados en terminar con Astaldi para seguir adelante. Creo que se han ido despejando todas esas incógnitas. Creemos que, por el momento, el camino de la concesión es el más eficaz, más rápido, para hacer esto. Este es un embalse de enorme magnitud, son 600 millones de metros cúbicos, en Chile no hay ningún otro embalse que se esté realizando o que esté cerca de realizarse que tenga siquiera una magnitud cercana a la que estamos hablando, incluyendo el embalse Zapallar, de acá de la región, por lo tanto, la inversión es muy significativa. Para que esto sea una realidad en los plazos más cortos posibles, y considerando las condiciones del proyecto, nos parece que ese camino puede ser el más rápido, pero no nos cerramos tampoco a otros. Lo importante es que estamos haciendo los esfuerzos por todas las vías para que sea lo más rápido posible, y además, que en el intertanto se han abordado todos los elementos posibles para que no se pierda nada de lo que hoy día hay; sería lamentable volver atrás porque se pierda la RCA o lo que se avanzó, porque eso sí retrasaría el proyecto. Por el momento, todo eso continúa, es parte de la conversación con Astaldi, que ha continuado realizando todas las labores que tienen por obligación que realizar, a pesar del conflicto que tenemos.
Entonces, podemos pensar que una vez que termine el estado de excepción y la comisión arbitral se reactive, podrían pasar como máximo seis meses para que se conozca una resolución, y luego de eso, de nueve meses a un año en el proceso de licitación y adjudicación.
Los procesos de la nueva licitación se están haciendo en paralelo. El tema de la salida de Astaldi a nosotros nos parece una certeza, por lo tanto, nosotros trabajamos para la resolución final del tema, no es necesariamente secuencial.
Concesiones
En el corto plazo se van a relicitar las concesiones de la Ruta 5 tramo Chillán-Collipulli y Autopista del Itata, que se vienen a sumar a la licitación del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5. ¿Cuál es su expectativa sobre el impulso reactivador que puedan tener esos proyectos?
Adicionalmente a las obras financiadas por el Estado tenemos las concesiones. Por dar una idea, Chile ha estado haciendo del orden de 800-900 millones de dólares de concesiones anuales en los últimos 10-12 años, y lo que queremos hacer durante el 2021 son más de US$3.000 millones, entonces, es un aumento muy sustantivo de las inversiones, entre las cuales está precisamente el tramo Chillán-Collipulli de la Ruta 5. Hay montos muy significativos, acá también tenemos obras muy importantes en materia de embalses. Así que hay inversiones muy grandes que son obra pública, pero con financiamiento privado, y a eso hay que sumarle las iniciativas privadas que también, cuando existe más actividad, va siendo mucho más probable que esa se realice. Hay que considerar que todas estas obras públicas van facilitando las condiciones para que las iniciativas privadas se hagan: cuando hay mejores caminos, cuando hay buena provisión de agua, cuando las personas pueden acceder a su vivienda. Eso permite que se puedan hacer otras cosas, como los centros comerciales o los desarrollos inmobiliarios.
Llama la atención el interés de empresas chinas por participar en proyectos de infraestructura. Se ha visto con proyectos en Ñuble, como La Punilla o la Ruta 5. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno de una mayor presencia de empresas estatales chinas?
Cuando yo fui canciller entre 2010 y 2014, la inversión china en Chile era prácticamente inexistente. El stock de inversión china en Chile eran US$100 millones, de hecho, la inversión chilena en China eran US$700 millones. Y se daba esa curiosidad, de tener montos muy pequeños en ambos sentidos. Y al mismo tiempo uno veía inversiones gigantescas de empresas chinas en Brasil, en Argentina, en Centroamérica y en muchos otros países. Entonces, nosotros activamente buscábamos la inversión china y, a veces, no la podíamos conseguir, porque las empresas chinas estaban acostumbradas, en todos esos países, a conseguir condiciones particulares, específicas, para los proyectos que querían desarrollar, en materia de impuestos, de ubicaciones, de contribuciones, en materias laborales, se hacían normas especiales; y en Chile eso no es posible, nosotros tratamos a los inversionistas nacionales y extranjeros con las mismas condiciones, no damos condiciones especiales proyecto a proyecto, y eso ha sido exitoso para Chile. Entonces, lo primero que debo decir es que lo interesante de la inversión china que estamos recibiendo hoy, es que está haciéndose bajo las mismas condiciones que tiene cualquier inversionista chileno o extranjero; segundo, la inversión china está teniendo recién hoy una cierta relevancia, pues si uno mira los acumulados de inversión china en Chile son muy pequeños comparados con el resto de los países, en el año 2020 fue el principal inversor, pero si uno mira los años anteriores fue muy menor, y por lo tanto, los valores todavía son muy pequeños, por ejemplo, en materia de concesiones solo teníamos una empresa china que está en un embalse pequeño (Las Palmas), que se adjudicó dos o tres años atrás, y luego de eso, solo en el año 2020 vinieron los hospitales del Maule, que son tres hospitales de tamaño mediano, y el gran contrato Talca-Chillán, que es más importante, pero aún así su participación en el stock acumulado es todavía pequeño.
Pero en 2020 no fue menor…
Efectivamente, en 2020 fueron relevantes, pero si uno considera el stock de concesiones que tenemos, todavía sigue siendo una cantidad muy inferior a la de otros, como por ejemplo, a las empresas españolas. Pero finalmente, lo importante es que esto ha tenido un efecto en la competencia, han bajado mucho los precios; Talca-Chillán, por ejemplo, se licitó a un valor muy inferior al que teníamos presupuestado y no solo la empresa china llegó con un precio conveniente, la empresa española que llegó segunda, estuvo muy cerca, y también con mejores precios. Así que está redundando en una mayor competencia, y por lo tanto, es un beneficio para el Estado y un beneficio para los chilenos. Yo lo veo como algo positivo, porque se está haciendo con las mismas reglas.
¿Ese beneficio, en el caso de la concesión de la Ruta 5, se traducirá en peajes más baratos en la próxima concesión?
Los peajes en el tramo Talca-Chillán van a ser más baratos con la nueva licitación, pero adicionalmente a eso, van a ser distintos, en el sentido de que van a ser todos “Free flow”, donde la persona no va a tener que detenerse, va a ser mucho más eficiente, no va a haber taco por el peaje, y además, van a desaparecer los peajes laterales. Sólo habrá pórticos en la carretera, pero muy importante, van a ser más justos, porque habrá pórticos cada 10-15 kilómetros y por lo tanto, las personas van a pagar exactamente lo que usan. Hoy, con el sistema de troncales, lo que sucede es que una persona que hace un viaje corto tiene que pagar lo mismo que una persona que hace un tramo largo.
