El Tribunal Constitucional de Perú emitió este martes una controvertida resolución ordenando la liberación inmediata del ex presidente Alberto Fujimori, a pesar de la decisión opuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el año pasado.
Con tres de los seis miembros actuales del Tribunal Constitucional, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, se declaró “fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso”. Esta decisión desafía las directrices de la CorteIDH, que había ordenado la permanencia en prisión de Fujimori.
El pasado viernes, un juzgado de la región sureña de Ica declaró improcedente una primera resolución del Constitucional que restablecía el indulto de Fujimori, devolviendo el caso al TC. El presidente del máximo tribunal, Francisco Morales, había instado a las autoridades a proceder con la “excarcelación inmediata” de Fujimori, contradiciendo las resoluciones de la CorteIDH.
El indulto, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, había sido anulado por el Poder Judicial en 2018. La CorteIDH había solicitado al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos que llevaron a la condena de Fujimori a 25 años de prisión.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC condujera a la excarcelación de Fujimori. Este giro judicial plantea preguntas sobre la independencia del poder judicial y la relación de Perú con las decisiones internacionales en materia de derechos humanos.
