Una protesta realizaron trabajadores del programa Proempleo para denunciar dos meses de sueldos impagos.
“Hasta el momento, desde mayo, no cancelan. Son personas que con su sueldo son el sustento de su hogar. Ellos están súper complicados moral y sicológicamente. También nos han humillado en los lugares donde prestamos servicios. Acá se presta servicios en municipalidades, educación y salud. Necesitamos que nos reconozcan como trabajadores Proempleo. Necesito una respuesta real y que nos paguen en las fechas adecuadas”, dijeron a Radio La Discusión.
Desde la delegación presidencial de Ñuble, indicaron que el traspaso de los recursos debe ser validado por diversas instituciones intervinientes antes de efectuarse la transferencia a los trabajadores, que debería concretarse en menos de 24 horas.
“El número de actores que intervienen en este proceso, digamos, del pago de sueldo a distintos beneficiarios del programa, derivó efectivamente la toma de razón que eventualmente se hacía cotidianamente en la región a una toma de razón centralizada. Es por ello que distintos actores intervienen en esta tarea, tanto la Contraloría en esta medida, como también el gobierno regional, la subsecretaría del Trabajo y por supuesto la delegación presidencial, quien además delega la ejecución a una corporación que definitivamente es la que le paga los salarios a distintos beneficiarios de este programa. Al puerto que llegamos hoy, es que la transferencia ya se realizó por parte de la delegación el día de hoy y esperamos en menos de 24 horas la gente tenga sus depositados en sus cuentas respectivas”, explicó el delegado Gabriel Pradenas.
En junio pasado el Gore aprobó la continuidad del programa Proempleo, favoreciendo a 243 personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en distintos servicios públicos desde hace varios años bajo esta modalidad. Son $1.631 millones que se destinan para la mantención de puestos de trabajo, especialmente en comunas donde los índices de desempleo son altos.
De las 243 personas que beneficia Proempleo, 217 son mujeres, y el 90% de las personas contratadas, pertenecen al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.
