Plazo para la implementación del fallo vence a finales de noviembre y la llamada Ley Corta aún está siendo tramitada en el Congreso.
La Superintendencia de Salud solicitó a la Corte Suprema una prórroga de seis meses para la implementación del fallo contra la Isapres respecto a la tabla de factores.
El organismo pidió la prórroga, ya que el plazo para la implementación del fallo vence a finales de noviembre y la llamada Ley Corta aún está siendo tramitada en el Congreso.
El proyecto de ley corta presentado por el Gobierno para implementar el fallo está recién en su primer trámite y será votado en general en la Comisión de Salud del Senado el próximo martes. Falta después la Cámara Baja y se debe reservar un tiempo para un posible tercer trámite y una comisión mixta, mucho trabajo aún para los dos meses que quedan.
Por lo mismo, la Comisión de Salud del Senado hizo las gestiones con el Ejecutivo para que intercediera ante el Poder Judicial y solicitara una nueva prórroga.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, sostuvo a Radio ADN que “uno tiene que considerar lo que han planteado los diputados públicamente, que decían que quedan en desigualdad de condiciones para poder tramitar legislativamente si se acortan demasiados los plazos, debido a la complejidad de la materia”.
Torres afirmó que es la Suprema la que tiene la última palabra. En esta línea, aclaró que no tienen la intención de generar “una impresión de que el Gobierno tiene trato asimétrico respecto a una Cámara u otra, esta situación termina en el Congreso porque la deuda es un impacto importante sobre el sistema“.
Laa autoridad explicó asimismo en una entrevista con Radio Concierto que lo complejo de la discusión de la Ley Corta es “balancear las devoluciones”. “La comisión técnica ha estado trabajando en los distintos escenarios. No es un tema fácil en lo absoluto y por eso se requiere más tiempo”.
La prórroga pedida por la Superintendencia es por otros seis meses, hasta el 30 de mayo de 2024.
Cabe recordar que, en agosto del presente año, la Corte Suprema acogió “los recursos de protección que impugnaban el monto de la prima GES, estableciendo que la base del alza es de 7, 22567 unidades de fomento anual por beneficiario, promedio del Estudio de Verificación de Costos elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el cual no puede afectar el valor ya establecido en el periodo 2019 – 2022 por cada Isapre”.
