Hace 80 días se cumplió el plazo que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le dio a la firma Agrícola y Frutícola Veneto Ltda., para concretar el cierre del plantel porcino Santa Josefina ubicado en el sector Bustamante de Coihueco, por carecer de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Sin embargo, la empresa sigue con funcionamiento normal.
El superintendente de Medio Ambiente (s), Rubén Verdugo, sostuvo que “la empresa hasta la fecha, lamentablemente no ha querido empezar con el proceso de cierre ordenado y autorizado también por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, lo que ha traído consigo una serie de complicaciones para ejecutar tal decisión (detener inseminación y despoblamiento), por lo que se hace necesario cerrar las instalaciones mediante el uso de la fuerza. Al respecto, la normativa vigente solo permite a la SMA llegar hasta ese punto, luego será el organismo sectorial respectivo quien debiese continuar con el proceso del cierre mencionado”.
La Fiscalía local de Chillán realiza una investigación por desacato y eventual delito ambiental en contra del plantel, a cargo del fiscal Sergio Pérez.
El seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño, recalcó que “todos los pasos los queremos acabar para evitar algún tipo de tramitación pendiente que nos pudiera complicar o implique por ejemplo una indemnización. Tenemos un plan de trabajo, que está listo, que se tiene que ejecutar con la venia del Ministerio Público, estamos atentos a lo que pueda apoyarnos en este caso”. Y enfatizó que aún no puede dar detalles del plan de acción, pero que en líneas generales responderá a “cómo hacer efectivo este movimiento, incluso el cálculo de los camiones, el lugar donde se van a llevar los cerdos, la alimentación”.
Competencias
Ricardo Frez abogado de la ONG Defensa Ambiental que asesora a los vecinos de Bustamante, enfatizó que “el delito de desacato sigue una línea separada de lo que puede ver la Superintendencia, que es una vía administrativa. Además del cierre, el plantel puede enfrentar algunas sanciones de carácter penal. Eso es lo que eventualmente puede determinar Fiscalía. Si bien hay una relación directa con otros organismos sectoriales como el SAG, la competencia la tiene la SMA”.
Federico Guarachi, abogado de la ONG Defensoría Ambiental, enfatizó que “no existe en la Ley orgánica de la SMA una norma que declare expresamente que sí puede -cerrar-. Sin embargo, actualmente se encuentra zanjado este tema, debido a la jurisprudencia del Tribunal Ambiental, que establece que la SMA tiene facultades para solicitar auxilio a la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones”.
Guarachi explicó que “el problema es que el SAG es el organismo con las competencias sectoriales para ver temas relacionados con los animales.Hay que tener en consideración el problema sanitario y de bienestar de los animales que produciría cerrar sin un conocimiento específico de qué hacer con los animales, que es un conocimiento técnico que solo el SAG tiene. Estamos ante una falta de coordinación de órganos del Estado, que deberían organizarse ante este tipo de casos”.
Ante la dificultad de cerrar un plantel de 6.800 cerdos, el abogado evaluó que “ese es el gran problema de este caso. La SMA no sabe cómo hacerlo y por eso es que se pidió la competencia técnica al SAG”. Además enfatizó que la SMA no debe esperar la investigación de Fiscalía para actuar ni tampoco indemnizar a la empresa.
