Siguen las repercusiones de los casos fundaciones en los diferentes Gobiernos Regionales. Ayer, tres funcionarios del Gobierno Regional del Biobío dejaron sus puestos por una presunta vinculación con traspasos de dineros a fundaciones, específicamente con el denominado “caso Lencería”, en el que participó la excandidata a alcaldesa Camila Polizzi.
A través de un comunicado, se indicó que Rodrigo Martínez, administrador regional; Rodrigo Alarcón, jefe de gabinete; y Simón Acuña, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, presentaron sus renuncias.
Las salidas se originan tras una serie de reportajes televisivos, en los que se comprobó que los tres involucrados conocían sobre este caso desde abril y no le informaron al gobernador, quien se enteró luego de la autodenuncia originada desde la Fundación En Ti.
“En esta nueva etapa, el gobernador Rodrigo Díaz liderará una transformación profunda en el Gobierno Regional del Biobío con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la Región del Biobío”, se lee en el texto.
Gobernador metropolitano
Otro de los casos que salpicó a gobernadores regionales en las últimas horas es una denuncia que afecta al gobernador regional Claudio Orrego (DC). Según publicó el medio EX Ante, el 8 de junio de 2022 el Consejo Regional aprobó la propuesta del gobernador Orrego (ex DC) de nombrar a Alberto Larraín, cofundador de ProCultura, director de la Corporación de Desarrollo Regional que preside. Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a esa fundación, para un programa para evitar suicidios, en que ProCultura debería coordinar a otras fundaciones. El diputado de Republicanos Cristián Araya ingresó una presentación a Contraloría denunciando un “conflicto de interés”. Larraín renunció el 6 de julio a la Corporación para “no entorpecer su funcionamiento”, dijo. La gobernación aseguró que “el directorio de la Corporación no tiene injerencia alguna” en el Gore.
Esta nueva denuncia se suma a otras como lo que ocurre en Los Lagos, donde el gobernador Patricio Vallespin (EX DC) está siendo investigado por la Fiscalía por tratos con dos fundaciones: Participa y Kimün. Cada una de estas organizaciones recibió $ 1.200 millones tras adjudicarse proyectos de saneamiento. Durante el año 2022, un total de $8.800 millones fueron transferidos a fundaciones desde el GORE de Los Lagos.
