La pandemia de Covid19 ha contribuido a relevar el rol de la agricultura como proveedora de alimentos en escenarios de crisis. El Gobierno ha identificado la cadena de producción alimentaria como estratégica y parte de sus esfuerzos los ha destinado a asegurar el abastecimiento en el territorio nacional durante este periodo, frente a amenazas como la especulación, las alzas de precios, las interrupciones en la cadena de suministro y las alteraciones que ha sufrido el comercio internacional.
La crisis ha desempolvado en Chile el concepto de seguridad alimentaria, entendido como el acceso de todo individuo y nación en todo momento al alimento que necesite para satisfacer sus necesidades y preferencias, lo que desde una perspectiva geopolítica se puede conseguir reduciendo la dependencia alimentaria de otros países, al menos en aquellos productos que componen la dieta básica.
Sin embargo, el modelo económico liberal promueve la especialización en un contexto de globalización y libre comercio, lo que ha llevado a Chile a potenciar aquellos rubros que son competitivos, como algunas frutas, en desmedro de aquellos que no, como los cultivos tradicionales.
Como consecuencia de ello, el cultivo de trigo, arroz y leguminosas, entre otras especies, así como la lechería y la ganadería de carne bovina han ido perdiendo la competencia por el suelo agrícola, donde se multiplican las plantaciones forestales y de frutales y las parcelas de agrado.
Es así como se evidencia una disminución sostenida de la superficie de cultivos tradicionales y de la masa ganadera, y como contraparte, un aumento de las importaciones de esos productos estratégicos, lo que hace tiempo vienen advirtiendo los agricultores, quienes critican la ausencia de políticas de fomento para el sector y el ingreso de productos subsidiados en sus países de origen.
Actualmente, el 56% del arroz que se consume en Chile es importado, así como un 41% de los lácteos, un 43% del trigo, un 90% de las lentejas y un 70% de la carne de vacuno. Por ello, dirigentes agrícolas y parlamentarios locales han alzado la voz para solicitar políticas específicas de apoyo a los agricultores en un país que quiere ser potencia agroalimentaria, pero que no cuenta con instrumentos financieros pensados para el negocio agrícola, que no ha sido capaz de concretar proyectos de riego emblemáticos y que exhibe enormes brechas de competitividad en el mundo agrícola.
En ese sentido, la generación de incentivos, el establecimiento de restricciones específicas a ciertas importaciones, mayores niveles de transparencia en los mercados, el fortalecimiento de los pequeños, un mejor acceso al financiamiento, el aumento de la superficie con seguridad de riego y la fiscalización adecuada y oportuna de las vulneraciones a la libre competencia, asoman como acciones que debieran emprenderse para avanzar por el camino de la seguridad alimentaria.
