Fue el propio Presidente, Gabriel Boric, quien comunicó, por cadena nacional, que el proyecto de Presupuesto para la Nación 2024 tendrá mayores restricciones en el manejo de los recursos, especialmente para los gobiernos regionales.
Algo que no cayó bien en la Asociación que reúne a los gobernadores de todo Chile, Agorechi.
Su presidente, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, sostuvo que “ha existido una estandarización por parte de la Contraloría respecto de lo que son las transferencias, y eso genera bastante dificultad para el funcionamiento de los gobiernos regionales, porque si se pretende que todo sea sobre la base de licitaciones, habrá mucha dificultad para ejecutar los presupuestos”, dijo.
Díaz apuntó a que si bien les parece positivo que existan mayores controles hacia las fundaciones, “estas regulaciones tienen que tener un sentido de realidad, tienen que permitir que los gobiernos regionales sigan haciendo la labor que beneficia a los distintos territorios”.
Al respecto, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, manifestó que “era necesario revisar la normativa, y por cierto, perfeccionar las áreas que ameritaran un mayor control, sin embargo, no hay que perder de vista que estos hechos comenzaron en un ministerio de la administración central del Estado y su vínculo con una fundación, por ende, los mecanismos que debían revisarse eran todos aquellos que regulan ese trabajo, y no centrar la discusión y las modificaciones solo en la gestión de los gobiernos regionales”, advirtió.
En este sentido, agregó, “hemos reiterado durante estos meses, que fortalecer la transparencia y las medidas anticorrupción serán acciones bienvenidas, y nadie se opondrá, siempre que esto no afecte la ejecución del presupuesto y, sobre todo, la capacidad de respuesta a la comunidad. La fortaleza de la gestión en los gobiernos regionales se centra, en gran medida, en poder llegar oportunamente donde otras instituciones no lo hacen, tanto por la excesiva burocracia, como por la poca pertinencia de las estrategias, que desde las regiones alcanzan una mayor sintonía y le dan sentido al proceso descentralizador”, afirmó.
¿Cómo se equilibran probidad y buen funcionamiento de los gores?
A juicio de Óscar Crisóstomo, para resguardar la probidad y el buen funcionamiento, los mecanismos de control existen, “tanto al interior de cada institución pública, como de otras entidades externas y autónomas, como la Dirección de Presupuesto y la propia Contraloría, que toma razón de los actos administrativos y realiza revisiones periódicas y auditorías permanentes a nuestra gestión. Si se quiere centrar la discusión en perfeccionar aún más estos procesos, hemos manifestado nuestra colaboración, pero sí hemos advertido continuamente que esto no se puede traducir en un retraso a los proyectos y a las iniciativas que permiten resolver las necesidades de la comunidad, en áreas tan sensibles como contar con agua potable, mejores caminos, mayor conectividad o la entrega de incentivos a las áreas productivas, solo por mencionar algunos ámbitos, porque eso finalmente impactará en el crecimiento y en el desarrollo del territorio, y también sería retroceder en la gestión pública descentralizada”, sostuvo.
Respecto de si cree que el proyecto de Presupuesto sufrirá cambios o ajustes durante su discusión en el congreso, Crisóstomo mencionó que está “confiado en que existirán cambios que respondan a los planteamientos que hemos hecho tanto desde la Asociación de Gobernadores, como también desde Ñuble. Hemos alzado la voz para hacer presente que estamos dispuestos a mantener el diálogo para defender a las regiones, reducir las brechas existentes y no detener los avances alcanzados. En ese sentido, espero que en la discusión del Presupuesto, nuestros parlamentarios también defiendan esta postura, porque aquí una vez más está en juego la capacidad de las diferentes instituciones de llegar a un acuerdo que perfeccione nuestra democracia, fortalezca a los territorios en su dimensión y necesidades diversas, alcanzando el desarrollo tan anhelado por nuestros habitantes”, aseveró.
La visión de los parlamentarios
Para el jefe de la bancada de RN y diputado por Ñuble, Frank Sauerbaum, “es bien evidente que la transparencia no solamente llega con las medidas que se están tomando en la ley de Presupuesto para restringir la entrega discrecional de los recursos y con asignaciones directas, sino que también aumentando la capacidad y las atribuciones que tienen los consejeros regionales para poder tomar conocimiento de la cantidad de recursos que se entregan, y de cuál es el procedimiento que se ocupa; cuáles son los requisitos, cuáles son los usuarios finales de los recursos, una serie de elementos que hoy día no están en la ley y que hay que fortalecer para que los gobiernos regionales sean eficientes, pero también tengan transparencia en la entrega de recursos”, mencionó.
Por ejemplo, sostuvo, “hoy día la ley establece que los gobiernos regionales pueden entregar 7.000 UTM sin pasar por el Consejo Regional, son casi 400 millones de pesos, eso va a quedar restringido hoy día en esta ley de Presupuesto, pero bueno, eso no le quita eficiencia al gobierno regional, lo que le quita eficiencia son otras cosas, como que la Dirección de Presupuestos no haya entregado al día de hoy los recursos que ha ido comprometiendo, y que el gobierno regional esté paralizado porque hay una serie de recursos que no se pueden entregar porque la demora es demasiada. Eso lo han denunciado también los ministerios, por lo tanto, el gobierno ha ido contrayendo la entrega de recursos comprometidos, y eso también le ha quitado eficiencia en la ejecución presupuestaria a los gobiernos regionales”, manifestó.
Según Sauerbaum, “se trata de una combinación de situaciones, y creo que es bueno que la gente tenga la certeza de que el gobierno regional está debidamente fiscalizado, está debidamente cautelado en la entrega de recursos discrecionales, pero también hay que recordar que eso no sea un exceso, porque si no, finalmente va a traer una lentitud en la entrega de beneficios que la gente espera, sobre todo en las zonas más postergadas”, expresó.
La diputada de la UDI, Marta Bravo destacó “el hecho que en la ley de Presupuesto se establecieran mayores controles y requisitos para la correcta ejecución de los recursos por parte de los gobiernos regionales.
De todas maneras, es importante que estas restricciones no impliquen un retroceso en materia de descentralización ni se transformen en un obstáculo para el desempeño de los gobiernos regionales. Tenemos que ser capaces de ponderar ambas situaciones, pero siempre garantizando el buen uso de los recursos públicos”, resaltó.
Su compañero de bancada, Cristóbal Martínez, añadió que “los gobiernos regionales tienen la capacidad y la obligación de someterse a estas nuevas restricciones aplicadas en la ley, cuyo único propósito es garantizar que no exista un mal uso de los recursos públicos, como hemos conocido el último tiempo.
La Fiscalía investiga, actualmente, uno de los casos de corrupción más graves del último tiempo, donde incluso se han visto involucradas autoridades y funcionarios del gobierno. Por lo tanto, era evidente avanzar en una mayor regulación de los gobiernos regionales, sin amenazar, por cierto, las atribuciones y facultades que tienen”, planteó.
En tanto, para la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, “es muy importante que se establezcan limitaciones, especialmente por los casos conocidos de corrupción que son hechos gravísimos, y que horadan la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. De igual manera, creo que se debiera generar un sistema que permita que los gobiernos regionales puedan utilizar sus recursos y que estos puedan llegar a las personas que más lo necesitan a través de programas tan importantes para las regiones”, mencionó.
Pérdida de autonomía
Desde la centro izquierda, el diputado ind.-DC, Felipe Camaño, afirmó que “en el Presupuesto 2024 se ven varias restricciones al gasto de los gobiernos regionales, no sólo las limitaciones a las asignaciones directas, que fue lo que quedó al descubierto luego del caso Convenios, sino también se establecen restricciones a la asignación de recursos, ya que estos deberán ser aprobados por la Dirección de Presupuestos, y en algunos casos, visados por el Ministerio de Desarrollo Social”, aseveró.
Sobre lo mismo, sostuvo, “creo que es positivo y que mientras más transparencia haya en el uso de los recursos es mejor, pero el segundo punto creo que es un tremendo error. ¿Cómo ejecutan presupuestos los gobiernos regionales? ¿Se deben visar sus decisiones por la Dirección de Presupuestos y por el Ministerio de Desarrollo Social? Incluso, lo que me parece más terrible es que el Ministerio de Desarrollo Social apruebe los proyectos, porque ya vemos cómo en ministerios, incluso el paso de sus proyectos por Desarrollo Social hace que nos demoremos meses en darle el visto bueno a las obras que harán que la ciudadanía viva mejor”, advirtió.
Camaño recordó que lo que anhelan los gobiernos regionales es que las regiones tengan más autonomía, “por eso se eligen los gobernadores y los consejeros regionales, pero si se pretende controlar tanto su accionar, le quitamos la autonomía y se pierde el sentido de las administraciones locales”, manifestó.
