Un completo rechazo mostraron políticos locales tras conocer la información publicada hace algunos días por el medio digital Ex-Ante, el cual indagó en el caso de José Lagos Lagos, un chillanejo de 29 años, quien fue beneficiado con una pensión de gracia de parte del presidente Gabriel Boric el 22 de febrero del presente año, al ser una de las “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.
Sin embargo, hasta entonces, lo que se desconocía por parte del Gobierno era que el beneficiario mantenía una condena vigente de siete meses con libertad vigilada intensiva, por producción de material pornográfico infantil.
Frente al hecho, la ministra del Interior, Carolina Tohá, le comunicó a Contraloría que el Presidente Boric al conocer el nuevo antecedente, le revocó finalmente el beneficio a Lagos antes de partir de vacaciones.
Desde la UDI y el Partido Republicano condenaron el hecho, argumentando que personas con antecedentes delictivos vigentes no pueden ni deben tener derecho a una pensión de gracia, debido al daño que le generan a la ciudadanía.
“No es posible que la gente del estallido social que le hicieron daño a Chile entero, tengan pensiones de gracia por el simple hecho de hacer daño; habiendo tantos adultos mayores y gente pobre que debieran ser realmente justificados con una pensión de gracia o invalidez”, aseguró la presidenta regional de la UDI, Isabel Troncoso.
“Para nosotros como Partido Republicano es completamente repudiable este caso. Se le entregó una pensión de gracia a un sujeto que no merecía tal beneficio; habiendo tantas personas que han pasado por peores situaciones producto de la delincuencia, las cuales realmente debieran ser acreedoras de este beneplácito”, manifestó el timonel republicano, Jorge Luis Sánchez.
Por otro lado, desde la DC a través de su presidente regional, Paulo Campos, consideraron el hecho como “preocupante”, haciendo hincapié en la disponibilidad de los antecedentes al momento de considerar la pensión de gracia a José Lagos Lagos.
“Como bancada demócratacristiana nos parece (el caso) un acto bastante preocupante y hasta desconcertante incluso. Ahora bien, el detalle de todo este suceso está en la disponibilidad de los antecedentes al momento de entregar dicho beneficio; porque tengo entendido que no es un requisito para las pensiones de gracia que la persona que postuló a este derecho, tenga una conducta irreprochable anterior”, declaró el líder DC de Ñuble.
Oficialismo
Los partidos oficialistas como Comunes y Liberales tampoco quedaron al margen. “Como liberales, no estuvimos ni estamos de acuerdo con indultar ni entregar beneficios a personas que cometieron delitos de grave connotación social, ni en el estallido social, ni en cualquier otro contexto”, comunicaron.
“Considero que el presidente va en la dirección correcta al revocar esta pensión, ya que me imagino que nadie en el país sería capaz de apoyar este tipo de cosas. En ese sentido, considero que el gobierno cometió un error, pero no hace falta aclarar que el presidente no tiene que estar investigando la vida personal de las víctimas. Ahí hubo gente que le facilitó dicha información (para revocar el beneficio)”, aclaró el representante regional de Comunes, Vladimir Muñoz.
“Son casos y no personas”
Desde el INDH Ñuble informaron que “al instituto se le instruyó acreditar la calidad de víctima, para eso las sedes regionales reunieron antecedentes y estas se enviaron al nivel central. Una vez validados estos datos, una comisión integrada por consejeros y, mediante un proceso de análisis y votación, el Consejo del INDH determinó qué casos serían enviados al Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
“Cabe señalar que son casos y no personas, porque a la instancia de validación las carpetas llegaron sin los nombres de las víctimas a la vista por parte del consejo, solamente se visualizaban con un código que permitía analizar cada caso en su propio mérito. Se debe remarcar que nunca ha estado dentro de las competencias del instituto acompañar en la acreditación con datos que fueran ajenos al hecho. A su vez, el instituto no otorga pensiones de ningún tipo ni está entre sus facultades que estas se descontinúen”.
Texto: Luciano Gallardo
