El gobierno inició la tramitación en el congreso del proyecto “Regiones Más Fuertes”, el cual busca avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal regional.
La iniciativa, que ingresó a la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados y que tiene suma urgencia, se estructura bajo tres ejes: modifica las fuentes de ingresos de los gobiernos regionales; entrega mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria para decidir sobre el destino de sus ingresos, junto con establecer un régimen financiero propio, con mejores instrumentos de gestión presupuestaria; y suma herramientas de responsabilidad y disciplina fiscal para fortalecer la rendición de cuentas.
Como contexto, para relevar la importancia de esta reforma, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que “Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, según múltiples indicadores. Esta propuesta, en conjunto con otras medidas impulsadas por el gobierno, como el proyecto del Royalty, permitirán subir la participación de ingresos subnacionales en los ingresos fiscales totales de 17% a 20%, reduciendo en un tercio la brecha con la mediana de los Estados unitarios de la OCDE. Esto significará incrementar los ingresos totales de los gobiernos regionales en 20%, y en 70% sus ingresos propios”.
Marcel destacó que “sin lugar a dudas, esta reforma es uno de los componentes más importantes de la agenda de modernización del Estado, llevando más cerca de las personas las decisiones sobre inversiones, gestión del territorio y fomento productivo”.
Junto con valorar la iniciativa y destacar el compromiso con la descentralización que ha mostrado el ministro de Hacienda, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, detalló que el proyecto de ley contiene tres grandes líneas. “Por un lado, va a permitir que las regiones puedan recaudar, asegurar sus rentas regionales y llegar con los beneficios de los servicios de infraestructura y programas más cerca de la ciudadanía. En segundo término, nos va permitir también poder contar con mayor flexibilidad y mayor autonomía a la hora de la toma de decisiones. Actualmente los proyectos tienen una vida de creación bastante larga, parten con un proceso de discusión muy legítimo en el Consejo Regional, pero posterior a eso tienen que pasar a la Dipres y Contraloría. En ocasiones esperamos hasta un año desde que nacen hasta que podemos empezar a ejecutar un programa o una obra de infraestructura”, manifestó.
