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Primeros “bordes” ya delinean nuevo proceso Constituyente

Coincidencias y diferencias, pero lo más importante: una base. Eso es con lo que cuentan los partidos políticos con representación parlamentaria actualmente para impulsar el proceso constituyente, luego que Chile Vamos y el oficialismo dieran a conocer sus respectivas propuestas.

En paralelo, el Gobierno acompaña con sigilo y prudencia el proceso, de la mano de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte. Su papel, como lo ha dicho, es de acompañamiento, pero no prescindente.

“El Gobierno no es prescindente, porque nos interesa y mucho lo que ocurra en este diálogo constitucional, porque nosotros queremos que haya una nueva Constitución para Chile”, sostuvo la ministra ayer a CHV.

Si bien las conversaciones partieron con algunos contratiempos, lentamente las fuerzas han ido encontrando puntos en común.

Por ejemplo, no hay duda respecto que los expertos deberán cumplir un rol en este nuevo proceso. Todas las fuerzas políticas concuerdan con que deben estar presentes, eso sí, las diferencias radican en si debieran ser deliberativos.

El oficialismo, por ejemplo, cree que no, mientras que la oposición estima que debieran redactar los principios Constitucionales que se establezcan en la reforma habilitante del proceso, y que establezcan el itinerario de este.

Si bien en un comienzo un órgano 100% electo para redactar el texto era una fórmula de consenso, la idea se ha ido enredando, sobre todo en Chile Vamos.

Lo mismo sus tres principios clave: paridad, inclusión de pueblos originarios e independientes en este nuevo proceso.

Si bien en la oposición no niegan estos puntos, nos los incluyeron en su documento, por lo que seguramente, generan diferencias al interior de sus partidos.

 

En lo que sí hay convergencia entre oficialismo y oposición, es en que los independientes deben competir al alero de los pactos o partidos políticos, a diferencia de lo que ocurrió en la pasada Convención Constitucional, ocasión para la cual pudieron presentar sus propias listas.

En cuanto al sistema electoral, pareciera haber consenso en torno a recurrir a las listas cerradas nacionales o regionales, es decir, que se vote por conglomerados más que por personas específicas. También se ha planteado utilizar el mismo sistema proporcional de las elecciones parlamentarias.

En cuanto al reglamento, los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático propusieron que este se acordara en conjunto con la reforma Constitucional que deberá tramitarse para habilitar el proceso Constituyente. En la oposición, en tanto, son partidarios de utilizar las mismas normas de la Cámara de Diputados o del Senado.

Bordes de cada propuesta

En cuanto a los denominados “bordes”, este nuevo proceso Constitucional estará de todas maneras más delimitado que el anterior.

Entre los puntos de encuentro entre oficialismo y oposición están los conceptos de Estado unitario, república democrática y autonomía e independencia de los tres poderes del Estado; el respeto a los tratados internacionales ratificados y vigentes y a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. En este sentido, el oficialismo incluyó los tratados referentes a derechos humanos, que suman el derecho a la propiedad y a la protección del medio ambiente.

Chile Vamos fue más explícito en plantear algunos puntos intransables para ellos, como extender el derecho de propiedad a los fondos previsionales y el aprovechamiento de las aguas. También pidió el reconocimiento explícito a Carabineros y el derecho a la vida.

Respecto del rol que el Gobierno debe cumplir en la discusión, hay consenso en que éste debe ser “acompañando”. Chile Vamos pidió además, garantías de que “la discusión Constitucional no se traduzca en un paréntesis institucional. Así, exigiremos que el Gobierno y sus partidos den garantías de un contexto de certezas y seguridades”.

Desde los partidos de Gobierno, en tanto, declararon que “el condicionamiento de la nueva Constitución a opiniones sobre la gestión del Gobierno, o compromisos respecto del respaldo o rechazo de las reformas más urgentes y sentidas por la ciudadanía, debe ser descartado bajo cualquier punto de vista”.

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