En los últimos años ha habido seis intentos por concretar el juicio oral en contra del empresa Mauricio Infantas y de su pareja, María de los Ángeles Manzano, a quienes el Ministerio Público de Chillán acusa de los delitos de estafas reiteradas y de loteo irregular de sitios rurales.
La presentación de certificados médicos, el cambio constante de abogados defensores, obligaban a los magistrados a suspender los litigios, dinámica que se repetía desde febrero de 2021, fecha en que ingresó al Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, la acusación fiscal acompañado de las respectivas querellas en favor de ocho de cerca de 30 afectados en total.
Sin embargo, en marzo de este año y a expresa solicitud del querellante, Roberto Gutiérrez, el Juzgado de Garantía de Chillán decretó la orden de arresto de ambos acusados, lo que se concretó en la Región de Valparaíso (lugar en el que residen), días después. Desde entonces, se han mantenido bajo la cautelar de prisión preventiva.
Por tal razón, el abogado Gutiérrez, afirma que “ahora ya no pueden ausentarse, por lo que sin lugar a dudas el primer juicio por delitos de loteos irregulares en la región de Ñuble, comenzará este miércoles 12 de junio”.
Los acusados serán representados por la abogada Carolina López Behar, pese a que se presentó un nuevo escrito explicando que la pareja quería contar con otro abogado particular, lo que fue rechazado por el tribunal.
Fiscalía pide 14 años de cárcel
Al empresario y a su pareja se les acusa de haber loteado de manera irregular un sitio ubicado en el sector de El Ensanche, en la localidad de Los Lleuques, de la comuna de Pinto; para luego ofrecerlos en venta por diversos medios digitales.
Tal acción les valió la acusación de loteo irregular, ya que la tesis del Ministerio Público apuntan a que ambos estaban conscientes que se trataba de un loteo imposible de autorizar conforma a la legislación actual y cuya posibilidad de ser regularizados era inviable.
Como segunda acusación se presenta de la de estafas reiteradas. En el contexto de lo anterior, se realizaron múltiples ventas, las que -conforme lo sugiere el querellante- pudieron haber alcanzado a cerca de 120 compradores, lo que les significó réditos cercanos a un millón de dólares.
De los presuntos afectados, cerca de 30 ya iniciaron acciones legales persecutorias, por lo que se han dividido en diversos grupos.
El de este miércoles, que alcanza a ocho familias afectadas, será el primero de los juicios que, se presume, podrían seguir repitiéndose en nuestra región.
Por los delitos de loteo irregular y los de estafas reiteradas, la Fiscalía pide penas de 7 años de cárcel por cada uno, totalizando una pena potencial de 14 años.
