La realidad ambiental de Ñuble presenta una serie de conflictos que muestran la complejidad de esta temática en casos muy notorios, como la contaminación del aire, malos olores por producción porcina y proyectos de inversión que amenazan valiosos ecosistemas naturales.
El primero, que afecta a la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, corresponde a un fenómeno que viene repitiéndose durante todas las temporadas de otoño-invierno, producido principalmente por la quema de leña para la calefacción domiciliaria.
A diferencia de otros problemas ambientales, este tiene una respuesta de la política pública. El Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental (PPDA), cuya evaluación, a 5 años de su implementación, es apenas regular, pues salvo el recambio de estufas, que se financia con fondos regionales y llega a las 7 mil (aún lejos de las 20 mil que es la meta a 10 años plazo), en otras materias como aislación de viviendas y áreas verdes los avances son débiles, cuando no inexistentes como ocurre con la calefacción distrital y la educación ambiental.
Otro conflicto ambiental de alcance intercomunal y para el que también hubo una propuesta de solución que no cumplió las expectativas, aunque a diferencia de la anterior, provino del sector privado, son los episodios de malos olores originados por los procesos de desecho de purines y riles de la producción de carne porcina, que se intensifican en verano debido a las altas temperaturas.
En este caso, fue Maxagro, dueña de dos enormes planteles porcinos ubicados en Chillán Viejo, que invirtió más de 10 millones de dólares en un sistema de biodigestores con el que supuestamente evitaría la molesta y desagradable emisión de malos olores que tanto irrita a chillanejos y chillanvejanos. Sin embargo, la empresa aumentó la producción de cerdos y la solución se quedó corta. Ahora la esperanza está puesta en nuevo marco regulatorio que supuestamente viene a generar certeza técnica y jurídica. Se trata de la Norma de Emisión de Contaminantes en Planteles Porcinos, primera en su tipo en Chile, debería tener una incidencia importante en nuestra región, cuya producción porcina es la tercera a nivel nacional, por debajo de O’Higgins y Metropolitana.
Como se puede ver, los dos problemas ambientales antes descritos son de larga data y decantaron en respuestas públicas y privadas que no dieron resultado o quedaron a medio camino, lo que debe preocuparnos doblemente, tanto por las problemáticas descritas, como el negativo precedente para conflictos más recientes, asociados a proyectos de inversión que podrían afectar ecosistemas naturales de alto valor, principalmente en la cordillera y precordillera. Allí se inscriben grandes embalses, centrales hidroeléctricas y proyectos inmobiliarios.
No se trata de limitar las posibilidades de crecimiento económico e inhibir el emprendimiento privado, por el contrario. Pero lo mínimo que se debe exigir a un proyecto de inversión es que sea sustentable desde el punto de vista ambiental y social y que los permisos que obtenga se basen en información contundente sobre la necesidad y razonabilidad de la iniciativa evaluada, sobre quiénes serán afectados y quiénes beneficiados, y quiénes se harán cargo de los costos. Sin esa información, cualquier decisión que se tome será mera discrecionalidad y el triunfo de intereses particulares o coyunturales por sobre el bien común de actuales y futuras generaciones.
