Nuevas diligencias en el marco de la investigación conocida como “Cuentas corrientes”, asociada a presuntos delitos de cohecho, sobornos y fraude al fisco en procesos licitatorios municipales, realizó durante el mediodía personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), de la PDI de Chillán.
En esta oportunidad, las labores policiales se realizaron en las municipalidades de Bulnes y Portezuelo, donde -a semejanza de lo acontecido el pasado miércoles en el consistorio de Cobquecura- los funcionarios retiraron computadores y teléfonos celulares desde las dependencias de las respectivas alcaldías y en las de la Administración Municipal.
De esta manera, las indagatorias encabezadas por la fiscal Nadia Espinoza ya se extienden a seis municipios. De ellos, cinco pertenecen a Ñuble (San Ignacio, Ñiquén, Cobquecura, Portezuelo y Bulnes) y uno a la Región de O’Higgins (Graneros).
El común denominador es la empresa de consultorías financieras Gestión Global, de propiedad del empresario Rodrigo Carmona, actualmente en prisión preventiva tras ser formalizado el 17 de abril por delitos de soborno, estafa frustrada y violación de secreto.
Conforme la tesis presentada por la fiscal Espinoza ante el Juzgado de Garantía de Bulnes, Carmona concertó pagos, por concepto de soborno, con algunos funcionarios de los respectivos municipios investigados, para que de manera fraudulenta su empresa se adjudicara las licitaciones de asesorías.
De esta manera, Gestión Global sería la encargada de hacer un diagnóstico financiero concluyente para realizar las bases de un llamado a los bancos del país, para licitar las cuentas corrientes de cada sede consistorial.
A diferencia de los procedimientos del 14 de abril en San Ignacio; y el del 17 de abril en Ñiquén, en esta oportunidad el procedimiento policial de la PDI no incluyó detenciones.
Tal como lo hiciera el alcalde de Cobquecura tras la intervención policial, el jefe comunal de Bulnes, Guillermo Yeber ,dijo estar abierto a colaborar con todo lo que la investigación requiera por parte suya y de la municipalidad, recordando además, que ya la Contraloría General de la República solicitó documentación respecto a los contratos con la empresa Gestión Global.
El actuar de la justicia
El concejal de la Municipalidad de Bulnes, Nelson Campos, admite que el procedimiento dejó inquietud en la comuna.
En especial por la cantidad de publicaciones realizadas por diversos medios informales que a través de redes sociales han subido información, a su juicio, imprecisa o, derechamente, falsas.
“Hay harta fake news y eso no le hace bien ni al municipio ni a la comuna, porque solo genera incertidumbre e intranquilidad. La policía vino, solicitó la entrega de algunas cosas y se fue, eso es todo y no tenemos más información al respecto”, explica el edil, quien pese a aclarar que es contrario a la corriente política del alcalde Yeber, insiste en que “no es el momento de sacar ventajas ni aprovecharse de esto. Acá lo mejor que podemos hacer, por el bien de toda la comunidad, es colaborar con la Justicia y dejarla que esclarezca absolutamente todos estos hechos”.
Desde Portezuelo, el también concejal y excoordinador regional de Seguridad Pública, Alan Ibáñez, se sumó a las palabras de Nelson Campos y destaca que “lo mejor que se puede hacer en estas instancias es ayudar a las policías, colaborar con la Fiscalía y esperar que la Justicia haga su trabajo”.
Ibáñez también llamó a no politizar este hecho “porque acá se ha intervenido municipios con alcaldes de corrientes opuestas. Hay personas militantes de partidos y otras independientes que están siendo investigadas”.
La causa fiscal tiene un plazo de 40 días para mantenerse secreta, por lo que el 28 de mayo, al menos los defensores deberían tener acceso a las carpetas de investigación para poder elaborar sus estrategias de defensa.
Los imputados son el alcalde de San Ignacio, César Figueroa (en prisión preventiva); el de Ñiquén, Manuel Pino (arresto domiciliario total); el empresario Rodrigo Carmona, su asistente, Rodrigo Sandoval y el director de Salud de San Ignacio, Krysler Monroy (los tres en prisión preventiva).
Con arresto domiciliario total están el jefe de gabinete de San Ignacio, Edgardo Suazo; y el jefe del DAEM e Ñiquén, Carlos Fernández. En tanto el jefe de Tesorería de San Ignacio, Hugo Troncoso, está con arraigo nacional.
