El ministro Carlos Aldana, integrante de la Corte de Apelaciones de Concepción y quien tiene en sus manos las causas de Derechos Humanos de Ñuble y otras regiones, condenó al coronel del Ejército (r) Abel Arellano Arellano, y al general de división (r) Guillermo Toro Dávila, a tres años y un día de cárcel por el secuestro calificado del ex funcionario de la Corfo, y ex militante del Mapu, Reinaldo Jeldres Rivero, desaparecido el 19 de septiembre de 1973 desde el Regimiento Nº 9 “Chillán”.
Esta pena, por la cantidad de años decretados por el juez, podrá ser cumplida bajo la modalidad de pena remitida (en libertad) por los condenados.
Textualmente, el fallo dice que se condena a “Arellano Arellano la medida de libertad vigilada, debiendo quedar sujeto al control de un delegado de Gendarmería de Chile por el lapso de tres años y un día y a cumplir con las demás exigencias indicadas en el artículo 17 de la citada ley y de su Reglamento”.
En el caso de Toro Dávila, quedó sujeto a control administrativo y “asistencia de Gendarmería de Chile por el lapso de tres años y a cumplir con las demás exigencias establecidas en el artículo 5 de la citada ley y de su Reglamento”.
Perjuicios morales
Paralelo a la condena anterior, el juez Aldana condenó a Arellano y Toro a pagar la cantidad de $60 millones al hijo de Reinaldo Jeldres, por concepto de indemnización, no solo por el perjuicio atribuible a la desaparición de su padre; sino por los perjuicios morales ocasionados en su contra por agentes de Estado, bajo la dictadura del general Pinochet.
El día de su desaparición, Jeldres Riveros se presentó en la guardia del Regimiento para solicitar un salvoconducto y así evitar pasar frente a este recinto militar y ser nuevamente detenido, por cuanto vivía al frente del mismo. El día anterior había sido liberado desde la Isla Quiriquina, donde permaneció privado de libertad por motivos políticos durante cuatro días y dejado en libertad por no existir cargos en su contra.
