El mes de julio terminó con tres hechos que podrían ser el inicio de una historia en el ámbito policiaco y criminal de la región.
El 2 de julio, en los oscuros caminos rurales del sector Ñuble Alto de Chillán, fue hallado el cuerpo de un peluquero venezolano, quien tenía evidentes señales de haber sido asfixiado con una bolsa en la cabeza, e ido a arrojar a ese predio, tras dos semanas de permanecer secuestrado tras un violento plagio registrado en la comuna de Hualpén en Biobío.
El 17 de julio, el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó por primera vez desde su creación, una sentencia en contra de un hombre que contrató a dos sicarios para matar a una persona, en la comuna de Coelemu.
Finalmente, el 25 de julio, el delegado presidencial de Ñuble, Gabriel Pradenas, junto a la seremi de Justicia y a la seremi de La Mujer convocaron a un punto de prensa para advertir sobre el aumento del delito de trata de personas.
Todo eso aconteció, en estricto rigor, en solo 23 días, plazo que hace unos años habría resultado inverosímil en este Ñuble que se había acostumbrado a los elogios respecto a su tranquilidad y seguridad en las calles.
Sin embargo, ya casi no se habla de los 319 robos de vehículos que en este primer semestre se han registrado en la región, ni de los asaltos a peatones cometidos por personas que se movilizaban en motos o en vehículos. Y si tras el fin de las restricciones sanitarias por la pandemia, los portonazos, las encerronas y los robos tipo “motochorro” acapararon portadas en los diarios y sitios locales, estas denuncias ya son demasiadas como para seguir constituyendo una noticia.
Además, en los sectores rurales y en los barrios con vecinos con más altos índices de desempleo ya hay señales de presencia de prestamistas ilegales, quienes cometen el delito de usura mediante intereses muy altos y con medios de cobranza que no escatiman en amenazas y violencia.
En los tribunales chillanejos también se han resuelto casos de chantajes cometidos por extranjeros en contra de personas que mantuvieron un “chat” de tenor sexual y otros por secuestro.
“En la prensa hay muchos estudios que dicen que esto no es efecto de la migración, incluso lo afirman en portales del propio Gobierno. Curiosamente, ninguno de esos artículos incluye entrevistas a las policías, ni a las víctimas ni a los jueces, es más, hay uno que se basa en estudios de antes del 2018. Pero como abogado penalista no me resulta posible desconocer que estos nuevos delitos sí llegaron de afuera y rápidamente fueron aprendidos por los delincuentes locales”, asegura el abogado chillanejo y exfiscal militar de Malleco, Rodrigo Vera Lama.
El penalista, quien además tomó el primer caso por lavado de activos en el contexto del narcotráfico en la región, apunta un poco más allá.
“A la gente le asusta el tema del portonazo o el sicariato y los asocia a colombianos y venezolanos. Entonces las políticas públicas de seguridad apuntan siempre a eso, a combatir la sensación de inseguridad. Sin embargo, eso no es nada si se compara con el peor de los delitos importados, que es el haber aprendido a permear a las instituciones mismas, a las instituciones públicas para inhabilitar por dentro a los únicos servicios que tienen las facultades legales para impedir que se siga desarrollando”, advierte.
Finalmente concluye diciendo “mira los sueldos desmesurados que hay en el servicio público, mira el poder que tienen los partidos. ¿Cómo se financian? ¿Quién quiere perder esos privilegios?”.
Es así como siguiendo la hebra de estos llamados “delitos importados” es que nos encontramos con lo declarado por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, quien en abril de 2022 confirmó que “hay 116 causas vigentes por corrupción en Ñuble”.
Los reos extranjero
Caer o no en clichés, evitar o no escribir lo que- se sabe- muchos lectores quieren leer; arrodillarse o no ante las predecibles críticas de quienes tildarán de sensacionalistas o xenófobos a quienes han acuñado la frase “delitos importados” cuando se aborda esta nueva faceta delictual son parte de un desafío periodístico que busca entender la real influencia migratoria en la comisión de crímenes que antes eran casi impensados en Ñuble.
Para evitar cualquier desvío hay es necesario partir con dos datos claves.
En primer lugar, en la cárcel de Chillán actualmente hay una población penal de 614 reos. De ellos solo 12 son extranjeros “y en su mayoría primerizos. Ninguno tiene un perfil de mayor peligrosidad”, dice el suboficial Christian Montecinos, presidente regional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de Chile (Anfup), quien además añade que “la mayoría de ellos llegó sabiendo que iba a tener que ‘agarrar la escoba’, como le dicen los reos a la función de hacer aseo. Muchos de ellos están haciendo conducta para optar a rebajas en las penas”.
El otro número clave es el que dice que los delitos violentos aumentaron un 48% entre 2021 y 2022; y actualmente, la cifra sigue al alza alcanzando un 21,2% respecto al 2023, en la región de Ñuble.
Lo anterior, equivale a 2.590 delitos violentos en los primeros siete meses del año.
Sin embargo, el fenómeno migratorio y el avance de la pandemia coincidieron casi en el mismo ciclo de tiempo, dejando al medio al “octubrismo” que -sin afán de politizar el hito- le restó fuerza a las instituciones llamadas a resguardar el orden público. Al menos por un tiempo.
De lo anterior se desprende que llegaron al país nuevas formas de delinquir y hubo un aumento de la sensación de seguridad, pero decir que estas nuevas bandas organizadas tienen un liderato extranjero no es algo que hoy en día se pueda confirmar.
“Uno conversa con los extranjeros y nos cuentan que, claro, llegaron a Chile arrancando de lo mal que lo están pasando en sus países, pero que la idea era buscar un trabajo y salir adelante. El problema es que con el tiempo han visto que hay cada vez menos trabajo para ellos y muchas de estas personas son detectadas por los grupos grandes, les ofrecen plata para, por ejemplo, mover cinco kilos de pasta base de una ciudad a otra y caen”, comenta el suboficial Montecinos.
El último caso fue el 14 de julio, cuando personal del OS7 de Carabineros detuvo a tres venezolanos a la altura del kilómetro 393 de la Ruta 5 Sur, portando 350 gramos de ketamina y 22 gramos de marihuana; mientras que el 4 de julio, se detuvo a tres hombres y una mujer de origen colombiano, tras ser sorprendidos con 1 kilo y 60 gramos de cocaína, más 110 de marihuana.
De todas formas, el dirigente niega que haya señales “de reclutamiento para organizaciones más grandes, acá en la cárcel de Chillán, que no es un recinto para reos de alta peligrosidad como las de Santiago, Concepción o Valparaíso. En todo caso, eso de que la cárcel es el lugar donde los delincuentes aprenden a perfeccionarse, es algo que ha pasado desde décadas”.
El gendarme afirma que casi la totalidad de los extranjeros encarcelados tiene causas por drogas.
El orgulloso delincuente nacional
Jhonny Jiménez es venezolano. Ya con cédula chilena trabaja como mecánico en Chillán.
Mientras conversábamos con él, repentinamente apunta a una camioneta cuyo conductor le era desconocido y sin dudas afirma que “esa persona es venezolana. Probablemente traficante”.
La clave era una antena radial instalada al medio del parachoques.
“En Venezuela, los traficantes para comunicarse en zonas de mala señal, usan radiotransmisores. Empezaron a ser tan poderosos y peligrosos que instalaban la antena en el parachoques para advertirle a la gente y a la policía quiénes eran, y claro, nadie se metía con ellos. Con el tiempo, mucha gente en la ciudad empezó a hacer lo mismo, aunque no fueran traficantes, pero era como entre moda y una manera de intimidar a las policías para que no los hicieran parar”, revela.
Si ve una de estas antenas en un parachoques, ya sabe.
“Esa característica también es algo nuevo. Antes al traficante, al delincuente le daba vergüenza decir que lo era. Era común ver esas casas enormes y con lujos en medio de un barrio pobre, pero con eso no les bastaba, porque les dolía que los trataran de ordinarios, de gente con mal gusto. Hasta que aprendieron a no avergonzarse con estas mafias extranjeras, que hasta ostentan serlo en redes sociales”, dijo el abogado Rodrigo Vera Lama.
El jurista agrega: “tengo una causa por tráfico, de una persona de acá de Chillán. Como muchos otros se compraron casas en parcelas a las afuera de la ciudad, las que desde luego no están regularizadas. Sus hijos van a los mismos colegios donde estudian los hijos de los fiscales, los jueces o las autoridades de Chillán y me cuentan que hasta vacacionan en las mismas partes”.
Por lo tanto, concluye que “ya no les da vergüenza ser traficantes. Es más, ahora se sienten poderosos porque ganan más que un empresario, tienen mejores autos y hasta capaz que se coman algún asado con personas que son parte de los círculos de poder acá en Chillán. Eso es lo más grave de todo, porque entonces pasan a ser referentes a imitar para los más jóvenes”.
Sobre este punto, también comenta el exmayor de Carabineros, Jorge Aguirre Hrepic, uno de los fundadores del Labocar y quien suma diversos cursos de criminología, servicios en la ONU y es perito en diversos ámbitos de la investigación criminal.
“Hoy ya no da vergüenza nada. Ni ser delincuente, ni ser traficante ni trabajar en la prostitución ni nada. Todo eso se ha normalizado desde la llegada de la inmigración ilegal en masa al país. Yo investigué causas en Biobío y Ñuble que me llevaron a descubrir que había profesores –hombres- de Música y otros ramos en Chillán que se dedicaban en sus tiempos libres a la prostitución masculina, lo que antes era totalmente invisibilizado. Y lo hacen porque no les dan suficientes horas de clases”, comenta.
“Lo mismo pasa y a mayor escala con las nuevas barberías, pero el problema, desde luego no es la prostitución, sino que estas actividades siempre van de la mano con otras situaciones ilegales. ¿Te has fijado la enorme cantidad de personas desaparecidas que hay en Ñuble últimamente. La trata de personas no es un invento de la prensa y tampoco lo es el que a veces aparecen cuerpos despedazados, pero sin un riñón”, añade.
Para el perito, cuando las bandas criminales o el narcotráfico terminan costeando campañas políticas, “es porque delincuente y gobernante se mueven en las mismas esferas y persiguen lo mismo: poder. De ahí ya no hay cómo parar esto, no al menos en un país donde no hay expertos en criminología -porque yo no lo soy pese a la cantidad de estudios que tengo- ni tampoco un real interés por llegar al que manda al traficante de la Pintana o en Chillán. Ese jefe, vive en Vitacura”.
Saben dónde buscar
Conforme a Aguirre Hrepic, “es muy común ver que estos nuevos prestamistas que llegaron de Colombia busquen a sus clientes entre personas de escasos recursos, gente con Dicom, o gente de la ruralidad que no cuenta con la posibilidad de acceder a créditos bancarios o préstamos de alguna Caja de Compensación”.
Uno de los modos de operar es instalarse en las ferias ganaderas, para observar al obrero agrícola que llega con sus animales buscando venderlos.
“El truco consiste en prestarle primero a bajo interés, porque saben que después siempre vuelven y piden más. Pero ya en la segunda oportunidad les piden más, y el interés sube. El problema es que eso termina siendo casi un vicio y es ahí que empiezan a perder sus tractores, sus motos, animales o autos”, añade.
Como observación apunta que para el gobierno de Piñera 2, “cuando el Indap regaló varios tractores, muchos de ellos nunca fueron inscritos por estas familias para no variar sus fichas sociales, entonces hoy nadie sabe dónde están. Toda esta informalidad, esta irregularidad es realmente beneficiosa para esta gente que trabaja en estos préstamos llamados gota a gota”.
La usura, las extorsiones, las golpizas y las amenazas son parte del juego. “Y finalmente, les dan la opción de traer nuevos clientes, a cambio de una comisión o una rebaja”, revela.
El panorama no se presenta auspicioso. Menos ahora, luego que conforme a la última encuesta Casen se constató que Ñuble es la región más pobre del país.
Lo anterior redunda en mayor empleo informal, comercio ambulante “y más gente desesperada”, concluye.
Otro dato lo suma el abogado Carlos Ruiz, exdirector regional de la Oficina de Inmigración en Ñuble.
“Mira, no tengo problemas en que escribas esto. Mi visión respecto a la inmigración en Chile cambió, ya no es la misma que tenía al comienzo, porque ahora ya no sé hasta qué punto ha sido beneficiosa para el país. Además, hoy el índice de desempleo de la población migrante está en los índices más altos desde que existen registros”, asegura.
Ruiz actualmente lleva algunas defensas a detenidos extranjeros en la región y tal como lo explicaban en la Anfup Regional, “muchos de ellos fueron detenidos porque se vieron sin recursos en un país donde no tenían a nadie ni a quien acudir. No tenían perfiles delincuenciales, pero como andan buscando empleo, los detectan, les ofrecen dinero para trasladar droga y caen en eso”.
Hoy el poder adquisitivos de estas nuevas bandas de traficantes, organizadas y profesionales es tan grande que “me ha tocado ver casos en los que un narcotraficante es detenido y para rebajar condena ofrece delatar a otro traficante. Entonces él mismo pide que contraten a uno de estos primerizos para que vaya a trasladar droga, le pasan 5 kilos de cocaína y cuando va viajando, le dan el dato a la policía que luego sale celebrando el operativo”, relata Rodrigo Vera Lama.
La famosa voluntad política
Hace un par de semanas el Gobierno y la PDI comenzaron una campaña para que los extranjeros que no estuviesen documentados o quienes hayan ingresado de manera irregular acudan de manera voluntaria a autodenunciarse para tener un registro formal de ellos.
“Me parece realmente absurdo. Si realmente quisieran pesquisar extranjeros irregulares, la PDI podría ir todas las tardes a la Avenida Argentina y hacer controles con Carabineros a los repartidores de comida. Son todos extranjeros irregulares, conozco a varios. Pero no lo van a hacer, porque realmente están sobrepasados con otro tipo de investigaciones. Esto no es prioritario, no va a ser más que otra campaña sin resultado”, dice.
Carlos Ruiz añade que “desde un comienzo, para el gobierno de Bachelet que la Fiscalía y la PDI le advirtieron al Gobierno que esta invitación abierta que estaban haciendo de extranjeros iba a traer beneficios y perjuicios, que iban a traer delitos para los que no estaban preparados. Y no los escucharon ni entonces ni en el actual Gobierno”.
Por último, Jorge Aguirre advierte que “mientras en Chile siga ese complejo político de asociar a la policía a la derecha y al perseguido a una izquierda victimizada, nunca habrá una real solución. Hoy, es muy difícil para el gobierno admitir que se equivocó en abrir las puertas en un momento de crisis migratoria. Les duele hacerlo, por eso no hay una voluntad política concreta en arreglar esto de raíz”
