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Las propuestas de seguridad pública de los siete presidenciables que podrían favorecer a la Región

Mauricio Ulloa

De los siete candidatos presidenciales que hoy compiten en las urnas, seis (o sea, todos salvo José Antonio Kast) proponen una reformulación o refundación de las Fuerzas Armadas y de Orden, además de crear un Ministerio de Seguridad Pública.

Kast, en cambio, si bien tiene propuestas, como la creación de un Comité Nacional de Seguridad, sugiere aumentar las facultades de las entidades ya existentes.

Pero si en algo coinciden todos es en que se debe potenciar el combate al narcotráfico, al punto que el candidato Eduardo Artés contempla añadir la pena de muerte a los grandes capitalistas de las drogas.

Ambos ejes buscan mejorar la relación entre las fuerzas de Orden y Seguridad y la ciudadanía y eliminar la creciente irrupción del tráfico de estupefacientes en el país.

Sin embargo, poco o nada se lee (salvo en el programa de Franco Parisi) sobre entregar más recursos para tener más funcionarios policiales en funciones preventivas.

Estos tres temas son clave en nuestra región, que pide más patrullajes, bajar el consumo de drogas en menores y adolescentes y -fundamentalmente- volver a creer en las policías.

La falta de confianza se revela, por ejemplo, en que mientras el 2018 y el 2021 se produjo una baja de los delitos en casi un 16% respecto a años anteriores; en la última encuesta Enusc (Seguridad Pública), se acreditó que un 80% de los ñublensinos piensan que la delincuencia aumentó en el último tiempo.

Además, la misma Enusc concluye que aquellos que, en efecto, fueron víctimas de las delincuencia, el 65,1% no hizo la denuncia y la principal razón fue “porque la policía no habría hecho nada”.

Lo anterior, pese a que se ha explicado innumerables veces que la denuncia no es sólo para que salgan persiguiendo al ladrón, sino que para generar el insumo estadístico necesario para pedir más efectivos para la zona.

El tema para Ñuble es sensible, considerando sobre todo que en estos dos últimos años, la cantidad de droga circulante, la incautada, los puntos de venta de drogas y la cantidad de detenidos por la Ley 20 mil y de adictos buscando rehabilitación se ha disparado a cifras impensables hasta un par de años.

No hay para nadie

Sólo a modo de ejemplo de que la baja denuncia existente en la Región ha hecho fracasar todo intento de conseguir más funcionarios policiales, se puede citar entre los afectados incluso al personal de la salud y hasta a los proyectos municipales por ordenar el centro.

En el mes de septiembre pasado, desde la Municipalidad de Chillán se anunció que, para ponerle fin al comercio ambulante en la feria central, se había conversado con estos comerciantes, en su mayoría extranjeros, y que habían acordado acomodarse en el patio 5 de Abril, y así trabajar con autorización y algunas comodidades como contar con baños y stands.

Para garantizar el respeto de la medida, se anticipó que se contrataría personal de seguridad, específicamente, guardias. Sin embargo, este martes recién pasado, el alcalde, Camilo Benavente, no sólo comentó que los comerciantes no acataron la medida, sino que el proyecto de los guardias, se cayó.

La razón, es que Carabineros no aceptó hacerles el curso de OS10 requerido para esas labores, “pero además, me reuní con la general (María Teresa) Araya, y me dijo que no tenían contingente para hacer más rondas, tampoco”, comentó el alcalde.

Eso de “no tener contingente necesario”, es también lo que Carabineros les ha dicho a los directores de los Cesfam y Cecof de Chillán, cada vez que ellos piden personal de punto fijo para evitar que -como ocurre a diario- se generen escenas de violencia y delitos al interior de esos recintos.

46 querellas del INDH

Tanto la candidata Yasna Provoste como Gabriel Boric han planteado la necesidad de revisar los procesos de formación valórica en Carabineros.

Esto atañe desde la malla curricular de las escuelas de formación hasta la creación de comités de control ciudadano, para fiscalizar el rol de los efectivos policiales.

Estos cuestionamientos tomaron fuerza tras una serie de hechos de violencia registrados en las manifestaciones originadas el 18-O, en la que se acusó abuso de fuerza policial y violaciones de los derechos humanos.

Al menos en el Instituto de Derechos Humanos de Ñuble se han presentado un total de 46 querellas, todas en contra de Carabineros, por estas causas.

Paz Ciudadana: 5 ejes

La Fundación Paz Ciudadana desarrolló a inicios de este mes su 28º Consejo Consultivo, donde entregó propuestas para el próximo gobierno en materia de seguridad, instancia donde también participaron, vía telemática, los candidatos José Antonio Kast, Yasna Provoste y Sebastián Sichel

Gabriel Boric, también estaba invitado pero se restó de la instancia, debido al cuadro de covid-19 que atravesó.

En la oportunidad se trabajó en base a los cinco ejes propuestos por la Fundación: institucionalidad, prevención, efectividad, reinserción y reforma policial.

José Antonio Kast apuntó al narcotráfico, la delincuencia, el avance del terrorismo y de las organizaciones criminales y destacó la necesidad de evitar el ingreso de la droga al país, con un control efectivo de las fronteras”.

Luego, Yasna Provoste, insistió en una reforma a Carabineros y no en su disolución.

“No hay políticas de seguridad ni estrategias efectivas sin instituciones. Por eso debemos mejorarlas, reformarlas y robustecerlas. No terminar con ellas.

Para enfrentar al narcotráfico, propone un plan nacional de regeneración barrial, para cada uno de los 40 sectores más críticos, y “luego avanzaremos a otros barrios. Y tercero, crearemos una fuerza permanente sobre crimen organizado y narcotráfico, con un reporte semanal a la Presidencia”.

El candidato Sebastián Sichel planteó que Chile “se está transformando en un centro de producción. Lo que tenemos en nuestras poblaciones es narcotráfico, que se ha mezclado con narcopolítica”

Fuera de la actividad, pero consultado por estas materias, por Radio Bío Bío, Marco Enríquez Ominami señaló que se debe crear un servicio de inteligencia que anticipe hechos de violencia, para que se pueda realizar un seguimiento a estos grupos.

Propone “mucho diálogo. Sabemos que no es suficiente. Mucha mano firme con los violentistas, sean mapuches o no sean mapuches”.

Finalmente, Lucía Dammert, coordinadora del programa de Boric, explica que “nuestra política de seguridad tiene un componente importante en los pilares del programa: descentralización, perspectiva de género, vinculación con los temas fundamentales del país y, sin duda, un Estado más fuerte. Donde no hay Estado es donde crece la criminalidad organizada y nuestra tarea va a ser enfrentarla desde diferentes lugares”, puntualizó.

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