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“Las empresas emisoras de malos olores deberán renovar sus tecnologías”

La superintendente de Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, abogada y con cerca de 29 años de experiencia académica, funcionaria y en materia de fiscalización medioambiental, estuvo de visita en la región para reunirse con algunas de las autoridades locales y analizar en conjunto las estrategias a implementar para mejorar los índices de contaminación en Ñuble.

Su primera visita a la región tras asumir en el cargo, en el mes de enero.

“Acá tenemos una temática de olores de muy alto interés, otras relacionadas con el ruido que también es muy sensible para la Superintendencia. Estamos hablando del ruido urbano, del ruido que hay en la ciudad, que en el país son cerca de 6.500 (410 en Ñuble) y de ellas, más de un tercio están asociadas al pub, al restorán, a las iglesias, canchas de paddle”, destaca la abogada.

La Superintendencia Regional destaca en sus estadísticas un total de 40 empresas, pubs, restorantes, talleres, fábricas y patios de comida que constantemente son objetos de denuncias.

“Tenemos que tratar cada territorio con sus propias características, complejidades pero con un objetivo común que es el abordar los temas con la mayor eficacia y eficiencia que nos permitan nuestras capacidades, lo que nos exige el poder articular a los distintos actores, generar las coordinaciones con las municipalidades, con el gobierno regional y con los servicios públicos, para poder avanzar de conjuntamente en el logro de ciertos objetivos”, añade.

El eje estratégico está orientado a fortalecer los territorios, a ampliar la gama de fiscalizaciones aunque bajo un criterio de priorización definido por niveles de riesgo.

Sin embargo -y como sucede en la totalidad de los estamentos fiscalizadores- “la oficina de la Superintendencia es una oficina pequeña, con no más de 280 funcionarios en el país, y la envergadura de las materias que tiene que conocer son muchas y muy distintas, por lo tanto siempre estamos con dificultades a nivel de acompañamiento de equipos”, advierte.

Mejorar las tecnologías

La superintendente visitó durante la mañana de hoy miércoles, junto al jefe zonal, Cristian Lineros, la Municipalidad de Chillán Viejo, cuya comuna es una de las que concentra uno de los problemas más emblemáticos de la región en materia de malos olores debido a los planteles porcinos y a la planta de tratamiento de desechos domiciliarios.

Pero Chillán Viejo concentra cinco de las 52 fuentes emisoras de malos olores que conforman la ruta de sanciones extendidas por la Superintendencia de Medio Ambiente regional durante los últimos meses.

Los malos olores representan la principal causa de denuncias por infracciones a las leyes medioambientales en Ñuble, con un total de 540 causas abiertas desde 2014 a la fecha.

Sin embargo, en este punto se suele encontrar un argumento muy utilizado por las empresas y planteles de residuos que generan ese tipo de contaminación y que apunta a que tales estaciones de trabajo se instalaron en determinada zona, incluso décadas antes de que el entorno comenzara a poblarse.

Y luego esos mismos pobladores son quienes extienden las denuncias por malos olores.

Es en este punto que la superintendenta aclara que “ese argumento no los exime de la responsabilidad en el cumplimiento desde el punto de vista ambiental”.

Aunque existe una base en el ordenamiento territorial o en los respectivos planes reguladores con que cuente cada municipio para sus comunas, la solución real a la que apuntan en la Superintendencia del Medio Ambiente es al cambio en los sistemas de tratamiento de residuos y otras fuentes contaminantes.

“Las empresas emisoras de malos olores deben invertir en tecnología, tienen que ponerse al día y adecuándose a las normas y al cumplimiento medioambiental”, concluye.

Lo anterior, no significa que se exigirá la reducción total ni la eliminación completa de los olores que se desprenda de alguna masa orgánica residual, sino que se apunta a controlar su intensidad mediante las normativas vigentes, de manera tal que los empresarios y dueños de planteles deberán garantizar los tratamientos necesarios para evitar la mala calidad de vida de los pobladores actuales o, los que potencialmente, puedan llegar al lugar.

Felipe Ahumada

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