Fue en julio del año 2021, en una reunión de directorio de la empresa ortofrutícola, Frutemu, de San Carlos, que la plana mayor de esa empresa descubren que Cristian Gallegos Méndez, quien hasta entonces era el contador de la firma agroindustrial, había sustraído de manera indebida cerca de $750 millones de pesos.
Iniciada la investigación, mediante la contratación de un abogado querellante -Rodrigo Vera Lama, advierten que la mayor parte de esos dineros se transfirieron a las cuentas de sus familiares, sanguíneos como políticos, mientras que el grueso de esos montos se utilizaron para crear un centro deportivo de alta gama que funciona en San Carlos, llamado los 4 Ases.
Aunque se le pidió rendir cuentas, las que entregó a su jefatura no resultaron satisfactorias para un directorio que además veía el sospechoso crecimiento patrimonial del contador, quien junto a su familia había adquirido vehículos, parcelas y casas de las que ostentaban con fotografías junto a quinchos y piscinas familiares, a sus redes sociales.
Presentada la querella respectiva, el Ministerio Público ofició a la la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI para comenzar con las indagaciones de rigor, que permitieron la detención y formalización de siete imputados que eran parte de este clan familiar.
Se les formalizó por el delito de lavado de activos y al lider, Cristian Gallegos Méndez, se le imputaron cargos por administración fraudulenta y apropiación indebida. Quedó en prisión preventiva. Los demás formalizados quedaron con otras medidas cautelares.
Según expuso la fiscal jefe de San Carlos, Tamara Cuello explica parte del modo de operar de este imputado consistía en “alterar las nóminas de proveedores de la empresa, creando una empresa con un nombre muy similar a la de la empresa Frutemu para realizar transferencias, y aumentando los montos para pagos de servicios. Eso fue lo que en definitiva evitó que la empresa no se percatara de la sustracción de dinero, por casi dos años”.
La esposa del contador, Crisabell Torres Gatica, quedó con la cautelar de arresto domiciliario total; su tío Rosamel Méndez Hidalgo, su tía Ivanna Méndez Hidalgo, su concuñado Alexis Contreras Huenupe, su tía Carolina Belmar Sepúlveda y su cuñada Macarena Torres Gatica, quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de salir del país.
Fuga de información
En tanto, el querellante Vera Lama, pidió desde un comienzo la incautación real de las cuentas corrientes, vehículos en inmuebles de los imputados, acusando también que se debió pedir el secreto de la investigación, ya que al parecer alguien desde dentro del tribunal de San Carlos estaba alertando al imputado de las acciones legales que se preparaban en su contra.
“Esa línea es difícil de indagar, no la seguimos, pero el querellante hizo ver una situación que le pareció curiosa en el sentido que en una fecha muy próxima a la presentación de la querella se habría realizado algún tipo de maniobras como la transferencia de bienes inmuebles para eludir la acción de la justicia”, precisó la fiscal.
Para Vera Lama, este es el primer caso de lavado de activos con imputado en prisión preventiva en la región de Ñuble. “Esto, al menos, desde la entrada en vigencia del actual sistema procesal penal, es primera vez que se formaliza y se deja con cautelares privativas de libertad a un imputado por lavado de activos, es decir por la utilización de dinero proveniente de un ilícito”.
Paralelamente, el jefe de la Bridec de Chillán, subprefecto Germán López Zenteno, explicó que la mayor causa de casos similares en los que una empresa es defraudada por sus contadores es debido al exceso de confianza que se deposita en ellos.
“Mensualmente, las gerencias deben revisar los movimientos de dinero que hacen las personas delegadas. La falta de precaución es el principal problema que hemos visto que se repiten en este tipo de denuncias”, apunta.
La PDI, finalmente, sigue en la búsqueda del suegro de Gallegos Méndez, quien se encuentra en Santiago en calidad de prófugo de la Justicia y con orden de detención.
