Ante la catástrofe social, económica y ecológica que supone la destrucción de más de 35 mil hectáreas en nuestra región y 100 mil en el país, a nivel político han aparecido voces solicitando reformas legales a un marco jurídico que prácticamente permanece intocable desde hace 80 años.
Se habla de establecer una nueva institucionalidad que coordine mucho mejor la acción que puedan adoptar los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura, la Conaf, Bomberos y las Fuerzas Armadas. También de imponer nuevas obligaciones a las empresas forestales en materia de prevención de incendios en las comunidades que están en su área de influencia y aumentar las exigencias para el establecimiento de plantaciones exóticas. Otras voces han advertido sobre necesidad de crear un plan nacional de protección de incendios y una nueva institucionalidad que coordine ese trabajo, además de un fondo para actuar de mejor manera en estas complejas situaciones. De hecho, varias de estas propuestas estaban contenidas en la propuesta de reforma a la Ley 4.363, más conocida como “Ley de Bosques”, que presentó en 2012 el Gobierno del expresidente Piñera nunca avanzaron y corrieron igual suerte en el gobierno de la expresidenta Bachelet.
Diez años después, en otro formato, pero con similares objetivo- el proyecto de ley que tenía como propósito proteger de mejor forma los bosques nativos del país también avanzó muy poco, y a excepción de la Ley Marco de Cambio Climático, ninguna otra iniciativa progresó.
Emblemático es el proyecto de ley que buscaba regular el cambio de uso de suelo tras la ocurrencia de incendios forestales, una medida clave puesto que impide que se utilice el fuego como un mecanismo irregular para implementar proyectos de urbanización, agrícolas o forestales.
Lo mismo ocurrió con la idea de exigir que los proyectos forestales presenten Estudios de Impacto Ambiental, ya que actualmente –y pese a los impactos ambientales de esta actividad sobre la disponibilidad de agua, la calidad del suelo y la propagación de incendios que han sido ampliamente documentados por la ciencia- los proyectos forestales no son sometidos a evaluación de impacto ambiental.
Por último, uno de los temas sobre los que se ha hecho más hincapié en el mundo político son los castigos efectivos para quienes resulten responsables de la quema de terrenos, ya que tan habitual como el denominador común de la acción humana en el origen de los incendios forestales, es la falta de culpables. Pocas investigaciones suelen arrojar resultados, por lo que no sería de extrañar que la catástrofe ecológica y económica de la que somos testigos quede en la impunidad, o no se logre detener y condenar a los responsables de los incendios.
Ciertamente, suena demencial pensar en la intervención humana como detonador de esta tragedia, y más si esta intervención sería coordinada, pero la gravedad de la situación amerita una investigación profunda, más todavía si existen antecedentes que alimentan tal presunción.
