Son situaciones como las ocurrida ayer, cerca de las 15:30 horas, en el acceso de la unidad de Siquiatría, del Hospital Herminda Martín, en Chillán, las que hace que Gendarmería no se canse de repetir que “somos el pariente pobre de las fuerzas de orden, en este país”.
Tras ser rechazados por la unidad de atención de salud, la semana pasada (lo que motivó un intento de fuga del interno), esta vez volvieron pero con una orden judicial en mano, con el objetivo de ingresar a tres reos a la Unidad de Corta Estadía, “y nos volvieron a negar la entrada. Ese procedimiento fue grabado en video”, advirtió el suboficial, Cristian Montecinos, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup).
“Esta es una pugna que ya se arrastra por cuatro años entre Gendarmería, el hospital y el Poder Judicial, habiendo muchas reuniones de por medio. Ahora, en el último párrafo de la orden judicial, dice que si el hospital no da estricto cumplimiento al ingreso inmediato a Corta Estadía, el director del hospital va incurrir en el delito de desacato. Y pese a eso, nos mandaron una vez más, de vuelta con los internos”, explicó el dirigente.
Consultas hechas a la Seremi de Justicia en Ñuble, se responde a nuestro medio que “el área de Salud mental del Hospital Herminda Martin se encuentra con un colapso en la capacidad de camas, por lo que en virtud de ello, se han tenido que tomar las medidas necesarias de resguardo para la custodia de los internos y no generar alarmas en el recinto y los pacientes que se encuentran en la misma condición”.
Sin embargo, no desconoce el poder de una orden judicial y añaden que “frente a una resolución, sin embargo, se debe efectivamente buscar la vía más expedita en cumplimiento a lo que la ley indica”.
También se buscó la versión del director del hospital Herminda Martín, mediante su canal de comunicaciones, sin que se enviara respuesta alguna.
“Entendemos que las resoluciones judiciales no son discrecionales, y en efecto, el desacato es un delito, por lo que nosotros vamos a presentar la denuncia y los antecedentes que tenemos del caso a la Fiscalía Local de Chillán”, adelantó Montecinos.
Drogas, extorsiones y una reja
Para la Anfup esta negativa del centro de salud a aceptar pacientes que cumplen condenas, “es algo que con el tiempo puede ir empeorando. Hoy tenemos más riñas entre internos que antes, y en su mayoría son motivadas por el consumo de drogas, que pese a la reja perimetral que se instaló hace unos años para evitar los lanzamientos de drogas desde la calle, no se ha podido controlar”, explica el dirigente.
Montecinos aclara que esa reja, que costó cerca de 30 millones de pesos, evita el problema de los lanzamientos durante el día, que es cuando los internos están en el patio. “Pero en la noche, los lanzan al techo de los módulos, cerca de las ventanas y ellos ya saben cómo alcanzarlas. Estamos pidiendo que se pongan mallas metálicas en las ventanas y encapsular los módulos”, añadió.
Finalmente, y conforme a un reportaje publicado por La Tercera, se descubrió que ya hay bandas al interior del plantel que extorsionan a otros presos. Les exigen dinero bajo amenazas de golpizas o expulsarlos de sus módulos, por lo que ya algunos de los chantajistas fueron cambiados de unidad.
“Todo esto redunda en un riesgo para la salud mental de la población y de los mismos funcionarios, y no lo podemos resolver solos”, finalizó
