En junio de 2021, se debatió en el Senado un nuevo proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de cualquier máquina tragamonedas fuera de los locales autorizados por la Superintedencia de Casinos. La propuesta fue aprobada por mayoría, con 29 senadores votando a favor y 7 absteniéndose.
A grandes rasgos, el documento prometía definir claramente qué es una máquina tragamonedas. Las distinguiría de otros juegos de destreza o aparatos expendedores y otorgaría su regulación a la Superintendencia, de manera exclusiva.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Sin embargo, en términos prácticos no ha habido mayores efectos en el país, lo que constituye una realidad de la que Chillán, pese a las ordenanzas de prohibición aprobadas en la administración del entonces alcalde, Sergio Zarzar, y de los constantes esfuerzos bajo la administración de Camilo Benavente, aún sigue teniendo estos llamados “Casinos Populares” abiertos y en pleno funcionamiento en el casco histórico de la capital regional de Ñuble.
El trabajo para evitar que estos locales sigan siendo parte del paisaje del centro chillanejo motivó que se incluyera su constante fiscalización y denuncias en el Ministerio Público, dentro del llamado Plan Anual de Seguridad Pública Municipal, presentado por la Oficina de Seguridad Municipal (Omse) y aprobada por el alcalde, a principios de este mes.
Sin embargo, como lo reconoce la directora de la Omse, Alejandra Martínez, “siento que el problema es la falta de legislación, pese a todos nuestros esfuerzos y el compromiso de nuestro alcalde en este tema, no siempre nos acompañan las herramientas legales para cumplir con nuestro objetivo, lo que no significa, por cierto, que vayamos a dejar de fiscalizar y clausurar cuando corresponda”.
En efecto, las defensas jurídicas de los dueños de estos casinos clausurados, es que las municipalidades o los Carabineros no cuentan con certificados ni peritos aptos para determinar oficial y legalmente, si las máquinas que están a disposición de los clientes son máquinas de destreza –lo que no está prohibido- o son de azar.
Por otro lado, dentro del debate en la Cámara, hubo posiciones que apuntaban a evitar una discriminación arbitraria, como la del senador José Miguel Inzulza, quien advirtió sobre el derecho de los individuos a elegir libremente si quieren o no jugar.
“Hay que tener en cuenta que una parte de los chilenos tiene derecho a jugar y otra no. Prohibir se limita a aquellos que pueden y quieren hacerlo. Además de que acaba creando mercados negros y actividades paralelas. El senador recalcó la importancia de regular de forma específica y establecer mecanismos de control, en lugar de limitar los derechos de los ciudadanos”, destacó.
Además del derecho a jugar, también remarcó el derecho de cada uno a elegir la forma en que hace negocios. “Restringir las actividades de juego a los casinos, deja a muchos empresarios fuera”, manifestó.
Una treintena funcionando
Al igual que en otras ciudades del país, en Chillán se ha optado por no otorgar permisos desde la Municipalidad para este tipo de giros.
De esta manera, los locatarios usan artilugios como solicitar patentes para servicios técnicos, pero una vez abierto el local, instalan las máquinas. Así, lo que le queda a la Inspección Municipal es fiscalizar y notificar por el uso no ajustado del giro permitido.
“Entonces se clausura el local, ellos proceden a realizar una rotura de sello y eso ya es un delito, por lo que entonces, se hace la notificación a través de la Fiscalía”, explica Alejandra Martínez.
Una de las últimas acciones masivas municipales, se realizó el 26 de mayo, clausurando diez locales.
“En marzo hicimos otra, y esa vez cerramos 34, después otros 28 y esa última fueron diez, sin embargo, los cerramos, pero aparecen de nuevo y ahí están. Hoy, estimamos que debe haber por lo menos 30 de estos locales en el centro de Chillán”, añadió.
Esta batalla legal, que en otros municipios le llaman la batalla “contra los casinos de barrio”, en Chillán tiene la agravante de que el problema no sólo se circunscribe a los barrios, sino que es su presencia en el casco histórico, que lucha -desde la misma municipalidad- por una preservación cada vez mayor de los valores patrimoniales, lo que realmente preocupa a las autoridades.
Pese a esa falta de definición legal, a las bajas penas que la ley otorga a quienes cometen el delito de rotura de sellos, “vamos a seguir trabajando en este tema, no es algo que vayamos a soltar, seguiremos fiscalizando, infraccionando, clausurando y haciendo las respectivas denuncias en el Ministerio Público, porque así es nuestro compromiso”, advirtieron en la Omse.
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