Ninguno de los grandes proyectos de extracción de áridos que están siendo estudiados actualmente en la Región de Ñuble, y que además están en la jurisdicción de Chillán, cuentan con la etapa de participación ciudadana.
Tanto en el proyecto de la firma Arenex en Huape, o en proyecto de Quinchamalí, las comunidades directamente afectadas no lograron conocer los planes de las empresas hasta cuando los procesos ya estaban bastante avanzados en su tramitación ambiental, sin la posibilidad de abrir un proceso de participación de los vecinos afectados.
El productor de frutas de exportación de Huape, Luis Mardones, asegura que como están las cosas no les queda otra alternativa que confiar que la empresa Arenex, filial de Cementos Biobío. Esperan que cumpla con la realización de obras que evitarían que el socavón de 110 hectáreas que pretende ejecutar la firma para sacar material pétreo a un costado del río Ñuble, genere efectos indeseados en los alrededores, entre ellos sus frutales.
Mardones sostuvo hace unos días una reunión con el seremi de Medio Ambiente, Patricio Caamaño, quien le habría asegurado que en el proceso de evaluación ambiental se solicitarían las medidas necesarias para que ante una eventual crecida del río no se produzca una inundación de grandes proporciones en la zona.
Mardones subrayó que la autoridad fue clara al asegurar “que mientras la empresa asegure la ejecución de obras de mitigación no se le podría negar la entrega de los permisos ambientales para que opere”.
Ante ellos sostiene que “si las obras que Arenex debe ejecutar son tan amplias y costosas como una muralla China, tendrá que hacerlas”.
Mardones agrega que lamentablemente no fueron parte de un proceso de participación ciudadana sencillamente pues no fueron informados de ello.
Comentarios de Mardones que se producen luego de la salida del director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Pedro Navarrete, quien permitió la participación ciudadana en un proyecto de retiro de áridos en el río Itata, y también de las críticas respecto del papel que jugó el seremi del ramo, Patricio Caamaño, quien no habría visado ese tipo de procesos. Además, la mencionada reunión ocurrió restando pocos días para que el SEA se pronuncie respecto de la iniciativa, lo que sucedería a mediados de octubre.
Falta de apoyo
La dirigenta vecinal de Huape, Ghisleine Vallejos, remarca que la comunidad de su sector, como también la de Quinchamalí, donde existe otro proyecto de áridos de 400 hectáreas, no pudieron participar activamente pues no tuvieron antecedentes de los planes de la empresa.
Agrega que lamentablemente las autoridades municipales no han estado llanas a apoyarlos en sus demandas y solo esperan que llegado el momento le nieguen la patente a la empresa.
Sin que los vecinos hayan podido expresar sus reparos a los proyectos, se genera una sombra de dudas respecto de la manera en que se gestionan ambientalmente 
tales iniciativas de inversión, para las cuales, según los pobladores, existe mínima o nula fiscalización.
Vallejos explica que “los proyectos de Arenex y de Quinchamalí son enormes y afectarán cientos de hectáreas para retirar unos 7 millones de metros cúbicos de material”.
Iniciativas que se suman al proyecto que será ejecutado en el río Itata, en las comunas de Quillón, Bulnes y Ránquil. En este caso, el presidente del Comité Medioambiental de la Cuenca del Valle del Itata, Ricardo Torres, planteó que “el proyecto para nosotros es nefasto, está mal elaborado, es un megaproyecto y es nefasto no solo ambientalmente sino socialmente, por la vocación de turismo que nosotros tenemos”.
