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Fin del Senado en 2026 y quórum de 4/7 para reformas pasan al borrador

Agencias

Los senadores elegidos en noviembre pasado -entre ellos, los representantes de Ñuble, Loreto Carvajal (PPD) y Gustavo Sanhueza (UDI)-, culminarán su período el 11 de marzo de 2026, es decir, cuatro años antes, con el objeto de que asuma en ese momento la nueva Cámara de las Regiones, órgano que reemplazará a la Cámara Alta, de aprobarse la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre.

Así quedó estipulado en el borrador, luego que ayer el Pleno de la Convención Constitucional aprobara dicha norma transitoria por 124 votos a favor, 10 en contra y 18 abstenciones, estableciéndose, además, que el 11 de marzo de 2026 comenzarán los nuevos mandatos presidencial y legislativo.

Eso sí, los senadores que no alcanzarán a cumplir su período de ocho años, podrán postular a la Cámara de las Regiones o al Congreso de Diputadas y Diputados sin que se les cuenten los períodos previos como parlamentarios.

Los gobernadores regionales y consejeros regionales, por su parte, concluirán sus períodos actuales el 6 de enero de 2025, y los alcaldes y concejales lo harán el 6 de diciembre de 2024.

La otra norma transitoria clave de la jornada que fue aprobada fue el quórum de 4/7 para que el actual congreso efectúe reformas a la nueva Constitución hasta 2026, como norma general. La propuesta alcanzó 106 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones.

En tanto, cambios sustanciales al sistema político, forma del Estado regional, capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de disposiciones transitorias, entre otros, necesitarán un referéndum ratificatorio. No obstante, si la reforma en el Congreso logra aprobarse por más de 2/3, no será necesario plebiscitarla.

Al mismo tiempo, la tramitación legislativa, hasta 2026, se regirá por la normativa vigente, a excepción del quórum de aprobación de leyes fijado por el borrador. Solo a partir del 11 de marzo de ese año empezará a funcionar la nueva fórmula de tramitación de proyectos determinada por la Convención.

En cuanto a las normativas sobre agua, se aprobó que en un plazo de tres años desde la entrada en vigencia de la Constitución, se permitirán las transferencias de los derechos de agua.

Además, se estableció que la jubilación de los jueces a los 70 años solo considere a nuevos magistrados, y se ratificó el fin del Tribunal Constitucional.

“Se acabó el aprobar para reformar”

Según el convencional del Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe, con las normas transitorias aprobadas ayer por la Convención, se acaba el “aprobar para reformar”.

“Así de simple. Los que creían que podrían aprobar para luego reformar deben saber que no podrán hacerlo hasta cuatro años más, porque este parlamento es declarado interdicto antes de su término, en marzo de 2026. Ayer se sepultó esa opción que muchas y muchos querían abrazar, porque les gustan algunas normas y otras no, y las pretendían reformar. Eso ya no será posible. Se impuso el candado y se busca dar estabilidad a este texto no por sus consensos, sino por su dificultad de modificación”, afirmó.

Harboe lamentó también “el fin anticipado de los mandatos que democráticamente los ciudadanos le entregaron a las y los actuales senadores, quienes han sido elegidos con una amplia participación. No se puede pasar por encima de la voluntad manifestada en las urnas, puesto que ésta siempre será más democrática y representativa del interés de las chilenas y chilenos, que las decisiones de un órgano, pues la elección de 154 personas no puede

supeditar a la de todo el país. Por ello. Considero esta norma antidemocrática y antojadiza respecto de a quienes se les va a respetar su mandato democrático y a quienes no”, planteó.

Para el convencional de Vamos por Chile, Martín Arrau, varias de las normas aprobadas ayer son “preocupantes”.

“Primero, el bloqueo o candado constitucional que se le pone al parlamento para que no pueda o sea muy difícil hacer reformas constitucionales, pese a que una inmensa mayoría de los técnicos y las personas serias digan que si este borrador llega a ser aprobado, requerirá de muchas modificaciones. Se le ponen bloqueos con quórum altos, plebiscitos, en fin. En segundo término, se crea una comisión compuesta en su mayoría por personas indígenas, que en un plazo de seis años deberá catastrar las tierras que el Estado entregará a los pueblos indígenas; y en último término, la nacionalización o pérdida de los derechos de aprovechamiento de aguas a los actuales titulares, cerca de 400 mil personas, quienes tendrán permisos administrativos temporales, lo que es una señal contraria al desarrollo que necesita el país”, advirtió.

Sentimientos encontrados

César Uribe, convencional de Pueblo Constituyente, quedó conforme, pues muy pocas normas se “cayeron” ayer en el Pleno, y destacó que “el proceso de tránsito debe ser gradual y serio, y así se ha planteado, siempre con la fiscalización de la ciudadanía. Hubo un trabajo arduo y complejo, visiones muy contrarias respecto de cómo transitar de una Constitución a otra. En lo personal, creo que no es positivo que el actual congreso reforme la Constitución, sin embargo, como había un paquete de normas en que se apuraba la aprobación de leyes referidas a los derechos sociales como vivienda, salud, pensiones, aguas y educación; se tuvo que ceder, pese a las aprensiones de algunos colectivos. Hay sentimientos encontrados, pues hay normas muy beneficiosas, y otras en las que tengo algunas dudas”, afirmó.

Pese a ello, dijo, “se requieren plebiscitos ratificatorios en ciertas materias con 4/7, y si no, 2/3, lo que nos da cierta tranquilidad de que si se quiere reformar, será para mejorar el texto vía acuerdos amplios y participación ciudadana”.

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