Para las 11:30 horas de mañana martes se agendó la audiencia de formalización en contra del empresario Rodrigo Carmona, titular de la empresa de asesorías Gestión Global SPA, quien junto al alcalde de la comuna de San Ignacio y otros cuatro funcionarios, están en calidad de detenidos por cargos de la Ley 21.121 o “Ley Anticorrupción”.
Pese a que se trata de una causa que está en condición de secreta, el Ministerio Público sí comunicó que es una investigación por delitos de soborno, cohecho y fraude al fisco, en el marco de las licitaciones para conseguir asesorías para contratar cuentas bancarias que manejen las arcas municipales.
La fiscalía dice contar con antecedentes que podrían demostrar que entre Rodrigo Carmona y su asistente, Rodrigo Sandoval, habría un concierto doloso con el jefe comunal y del que también participaron directa o indirectamente su jefe de gabinete, Edgardo Suazo; el tesorero municipal, Hugo Troncoso; y el jefe de la Dirección Municipal de Salud, Krysler Monrroy.
De los seis imputado, cuatro son funcionarios de la Municipalidad de San Ignacio, por lo que para el consistorio la audiencia de hoy puede generar cambios radicales no sólo en su organigrama, sino que podría obligarla a revisar el proceso licitatorio de las cuentas corrientes.
Hoy lunes, desde temprano comenzaron las reuniones de emergencia en las que participaron los concejales, la administradora municipal, Gisselle Rivas y varios directores de la entidad.
Mientras que la administradora optó por un hermetismo absoluto negándose a hablar con la prensa, algunos concejales sí explicaron que dependiendo de lo que dictamine hoy el Juzgado de Garantía de Bulnes, los cambios podrían apurarse en el consistorio.
El concejal Mario Sandoval, dijo que “por el momento, quien deberá asumir el cargo de alcalde es la administradora municipal; pero dependiendo de lo que pase, puede también que se nombre alcalde a la primera mayoría (Rodny Baeza) o bien que los mismos concejales escojamos a un sucesor”.
Por otro lado, explicó que entre los ediles también conversaron respecto a la continuidad del proceso de licitación de las asesorías para las cuentas corrientes, que en el papel se lo adjudicó Gestión Global SPA, cuyo gerente general está también en calidad de imputado.
“Ese es el otro tema que tendremos que discutir en el concejo, pero en mi opinión, es evidente que si se trata de un procedimiento viciado, se tiene que anular y hacer otro llamado”, añadió.
La Municipalidad de San Ignacio cerró la vigencia de su último contrato con el Banco Itaú, en diciembre de 2022 y lo que se contemplaba para este año era cambiar las cuentas corrientes al BCI, “porque el BCI nos ofrecía, entre otras cosas, instalar cajeros automáticos, que acá en la comuna no hay”, añadió el concejal Sandoval.
De todas formas, los escenarios jurídicos que podrían sacar al alcalde Figueroa del municipio no son pocos.
En primer lugar, si se decreta la medida cautelar de prisión preventiva o de arresto domiciliario total, su suspensión sería inminente.
Sin embargo, dentro de las cautelares que contempla el artículo 155 del Código Procesal Penal, también se contempla la “prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afectare el derecho a defensa”, que en caso de decretarse se justificaría porque para la fiscalía sería contraproducente que el alcalde pueda tener acceso a documentación, evidencia u otros posibles involucrados.
Visita de la Contraloría
Funcionarios de la Contraloría Regional llegaron a las dependencias de Portezuelo, Cobquecura y San Ignacio en la mañana. Tras consulta de LA DISCUSIÓN, respondieron que era por causas ajenas a este proceso.
Sin embargo, en el equipo del alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, explicaron que “eso es falso, porque al menos acá nos llegaron a pedir los antecedentes de las contrataciones por cuentas corrientes”.
El alcalde añadió que “estamos muy tranquilos, porque en 2017 hicimos las consultorías y ahora volví a pedir una investigación para que la gente de nuestra comuna pueda estar tranquila”.
