Señor Director:
Después de una larga discusión en el Congreso, recientemente aprobó la ley que establece que los profesores de instituciones públicas dejen de ser evaluados por dos sistemas distintos. Una buena noticia que disminuye el agobio docente y resuelve el trato diferente que existe entre docentes de escuelas públicas y particulares subvencionadas. Sin embargo, el debate fue arduo: aún nos movemos entre respuestas gerencialistas, sustentadas en la rendición de cuentas e incentivos individuales, y respuestas basadas en el desarrollo de capacidades profesionales, los apoyos y la confianza en los docentes.
No son pocos los países que han desechado la opción de desarrollar sistemas de evaluación docente como el que implementa Chile, a sabiendas de que los costos monetarios son elevados y el impacto concreto en la mejora educativa es poco evidente. Son políticas que conllevan conflictos y desacuerdos pues se desprenden visiones particulares sobre la enseñanza y la profesión docente.
Parece momento de pensar desde otra lógica, que nos ha sido más esquiva: la de promover confianza en nuestros profesores y ofrecer los apoyos para su desarrollo profesional, pues hay un compromiso nacional que nos involucra en la apuesta que hemos hecho por quienes se forman. Educar es una labor compleja y cautivadora, y hacerlo en los tiempos actuales -en nuestros escenarios de desigualdad y precariedad- hace que la enseñanza de niñas, niños y jóvenes siga siendo un lugar que debemos cuidar, mejorar y apoyar.
Andrea Ruffinelli, Tatiana Cisternas / Universidad Alberto Hurtado
