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Estiman en más 26 mil las familias que sufren de escasez de agua potable

La distancia entre Chile y países como Qatar, Líbano e Irán, son mucho mayores en lo geográfico que si se miden por el ranking de escasez hídrica. Lo cierto es que San Marino y nuestro país son los dos únicos que figuran dentro de los 18 países que no son parte del Medioriente, que figuran dentro de los más afectados por la falta de agua.

Poniendo ahora la lupa en Ñuble, conforme a estudios de la Dirección General de Aguas (DGA), ninguna de sus 21 comunas figuran entre las 100 con mayor riesgo del país, sin embargo, el problema forzará al gobierno regional invertir $1.800 millones, principalmente enfocados a la creación de APR (Agua Potable Rural).

En el primer encuentro de la Mesa de Escases Hídrica realizada el 11 de agosto en el gobierno regional y donde participaron representantes de municipios, el mundo académico e instituciones públicas (CORFO, INDAP, ONEMI entre otros) “se estimó que el déficit de lluvias es similar al del año 1998, con el agravante que la actual sequía lleva más de 14 años de bajas sostenidas de precipitaciones y lo peor es la disminución de la cantidad de nieve en la cordillera, la cual es el principal reservorio de agua para los meses estivales”, explicó el gobernador, Óscar Crisóstomo. Según datos de la Gobernación, respaldados en la encuesta CASEN habría 85.000 personas que no tienen acceso agua potable en la región. Es decir, más de 25.000 hogares necesitan estar conectadas a la red de agua potable. Las condiciones más críticas las presentan las familias que deben ser abastecidas por camiones aljibe, que en el primer trimestre del presente año superaron las 26.000 personas, es decir, 8.365 hogares de Ñuble.

Las comunas con mayor cantidad de familias que se abastecen mediante este sistema son San Carlos 835 Familias (2705 personas), Yungay 802 familias (2435 personas), Ninhue 796 Familias (2802 personas) y la comuna de Chillan 592 familias (1867 personas). Se estima que el para el total de las 21 comunas el gasto el valor trimestral es de $986.164.587.

La autoridad explica que, lamentablemente, el problema no se relaciona con factores de sanidad, ni de disponibilidad, ni de políticas de superación de pobreza. Y esto descarta como salvación la repartición por camiones aljibe, ya que “el cloro en el agua se evapora, más aun por el movimiento de camiones y en la descarga de ella, y al depositarse en recipientes de acumulación de las casas, por lo tanto al ser consumidas, ya no tenemos agua potable”.

Además, el sistema permite proveer una cantidad apenas necesaria, “por lo que las familias deben decidir en mucho casos priorizar entre cocina, lavar o bañase, además con incomodidad que las personas que tiene disponibilidad de agua potabilizada en forma permanente no podrían entender”, añade, destacando además que en tales situaciones, para ninguna familia sería posible salir de su condición de pobreza, cuyos niveles en la región, “no está de más recordar, son uno de los más altos del país, solo comparables con algunas realidades de África”.

Malas políticas públicas

Aunque el Estado cuenta con más de una docena de instituciones asociadas a distintos ministerios, que disponen de recursos para realizar inversiones, pero en su funcionamiento no se advierte la coordinación para satisfacer la demanda.

“En ese sentido no es errado, definir la política del abastecimiento de agua como una absurda. De ahí es fácil deducir que le real problema es la deficiente administración de los recursos y una escasa planificación que permita visualizar con indicadores y plazos la solución para nuestra nueva región, que tiene el nombre de un río que vota más del 80% de su caudal al mar”, criticó.

La solución que se avizora es habilitar sistemas colectivos llamado APR, organizaciones de comité, y construir un pozo profundo con sistema de impulsión, estanque de almacenamiento, sistema de filtrado, cloración y sistemas de redes de distribución.

El promedio anual de arranque instalados por la DOH en los últimos años es de aproximadamente 700, más los que se instalan a través de otros instrumentos como la Subdere, lo que hace subir el promedio a 1000 familias anualmente.

A su vez el gobierno regional está aportando recursos al convenio vigente con la DOH por $1500 millones, para diseño de mejoramiento de sistemas de aguas potables existentes.

Estos fondos beneficiaran a 41 localidades de la región, estableciéndose un plazo de 30 meses para su concreción, lo que implica otros recursos por $380 millones para inversiones en obras.

“En los próximos días el Gobierno Regional priorizará los mejoramientos y construcciones de otros seis proyectos de APR, cuyo financiamiento de fondos sectoriales por más de $1830 millones de pesos, para los comités de agua potable de Libuy, Canta Rana y Las Carmelitas las nieves de Bulnes. San Martín y Los Coligues de Chillan Viejo, Bustamante y Niblinto de Coihueco y Campanario de Yungay”, anticipó.

La estrategia es llegar a toda la región mediante un trabajo conjunto con los 21 alcaldes y sus equipos, más la participación de las instituciones públicas y privadas vinculadas con el agua (DOH, DGA, Comisión Nacional de Riego), para aumentar en el mediano plazo de 1000 conexiones nuevas de agua potable rural que es el promedio actual a 3000 nuevas familias conectadas.

Migración ciudad-campo

Finalmente, en la gobernación advierten que hay un factor que amenaza el propósito de abastecer de agua de manera eficiente a la población rural, y es la tendencia en crecida que se advierte de personas que han ido abandonando la ciudad para asentarse en sectores rurales, especialmente tras el vandalismo de estallido social y la pandemia.

El exintendente y convencionalista, Martín Arrau, destaca que “ése es un gran punto al que se le saca el cuerpo y nadie lo dice. Hace 20 años no había tantas viviendas, hoy hay demasiados loteos irregulares, pero la gente cuando escoge la tranquilidad de una parcela, no toma en cuenta la falta de agua o los malos caminos y luego se los exige al Estado”.

Un ejemplo claro es el fenómeno de Chillán Viejo. Su alcalde, Jorge del Pozo dice que “esto ha sido un golpe. Hasta hace pocos años teníamos 30 mil habitantes, hoy ya somos más de 40 mil debido a la gente que se vino a los loteos irregulares, y esa gente no estaba considerada en nuestros presupuestos para abastecimiento de agua, ni siquiera tenemos un catastro completo de ellos”.

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