Luego que en entrevista con LA DISCUSIÓN, la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla expusiera el sentir de sus pares respecto a las debilidades que advierten en el proyecto que reemplaza la figura del Fiscal Nacional por la de un Consejo Superior con integrantes escogidos por votación, dijo que uno de los flancos vulnerables era el posible apoyo a los candidatos por entidades externas en busca de beneficios.
En otras palabras, por corrupción.
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Para conocer el perfil delos delitos de corrupción que se investigan en la Región de Ñuble, y especialmente en Chillán, el jefe de la Fiscalía Local de Chillán, abogado Sergio Pérez, accedió a una entrevista con nuestro medio, cita que comenzó con un dato duro: “Tenemos 116 causas de corrupción a nivel regional, de ellas 78 corresponden a carpetas investigativas de la Fiscalía Local de Chillán, y corresponden a los delitos que definen las directrices que establece el Fiscal Nacional, Jorge Abbott”, explicó.
Puede que, si se compara con delitos como los robos o las lesiones cuyas estadísticas se elevan a miles al año, tal vez no sea menos alarmante entender que “en estas cada una de estas 116 causas hay funcionarios públicos de diversas entidades involucrados. Y al menos cuatro o cinco por causa”, puntualizó el fiscal. Incluso aunque un nombre se repita en más de una causa, por aritmética simple, la ecuación nos arroja que en la región hay, a lo menos, 400 funcionarios públicos imputados por hechos de corrupción.
Los más frecuentes son los de Falsificación de Instrumento Público, Negociaciones incompatibles, Tráficos de Influencia, Cohecho y Soborno, Fraude al Fisco, Exenciones Tributarias y el Fraude de Subvenciones que son como los más típicos.
“Las investigaciones que nosotros tenemos abarcan a municipalidades, pero también a otras entidades, por ejemplo, la malversación de caudales públicos es propio no sólo de las municipalidades, sino que de distintos organismos. Puede ser que la percepción ciudadana sea la de que esto se comete sólo en las municipalidades, pero eso no es así. También lo vemos en las instituciones castrenses y otras reparticiones públicas”, advirtió el persecutor.
Para despejar otra duda, el fiscal admite, por una parte, que desde que se modificara la Ley Anticorrupción, en noviembre de 2018, y se agregaran figuras que antes no existían, “hubo un aumento de causas, pero no mucho más”.
Corrupción en Ñuble
El abogado, quien asumiera como jefe del ente persecutor chillanejo en 2019, ya sumaba años investigando causas similares en otras fiscalías del país, entre ellas, Rancagua.
Y aunque no descarta que pudiera haber ocurrido, asegura que hasta hoy, no se cuenta con ningún indicio que estemos en una comuna o una región en donde se haya llegado al nivel de que se soborne a jueces, a policías o a fiscales. “Me parece que todavía estamos un poquito antes de llegar a esos niveles”, complementa, para entregar un aspecto clave para entender el fenómeno en Ñuble.
“Lo que sí me preocupa es ste amiguismo que existe, estos grupos que se han vinculado y que llevan años trabajando aquí, a través de empresas u organismos públicos, y el hacerse favores ilegales suele ser una manera de relacionarse. Eso es sí es más común acá”.
Para especificar aún más esta conducta, agrega que se puede ser entendida desde la vinculación que se generan entre personas que ya se conocían desde sus épocas en los colegios o las universidades y que luego llegan a distintos puestos de poder en cargos públicos.
Entonces, el favorecer a familiares o amigos con cargos públicos, el hacerlos acreedores de licitaciones, tratos directos o beneficiarios de alguna iniciativa en especial, se suman al pago de p sobornos, actos que al entender de esta Fiscalía, se han ido normalizando por la ciudadanía, y por estas mismas personas, ya que suelen ser imitaciones de prácticas que se arrastran por décadas.
Pero lejos de tratarse, entonces, de delitos menores cometidos por personas que actúan por dinámicas consuetudinarias, lo que hace de esto un fenómeno altamente difícil de investigar es que “esa amistad aumenta la confianza que ellos tienen en funcionarios de otros organismos públicos que, eventualmente, les pueden prestar cobertura. Entonces, para nosotros es muy importante ir guiando bien las investigaciones policiales para evitar que se den cuenta de que los estamos investigando, de lo contrario, perdemos todo”, explicó.
El funcionario corrupto trata por lo general de mantener un perfil bajo y se esfuerza por mantener una imagen intachable, y suele rodearse de otras personas con cargos de alta jerarquía en sus jurisprudencia, para dar además, una sensación de invulnerabilidad.
Y a diferencia de un delincuente común, “si a un traficante se le detiene, y queremos que nos entregue información de quiénes son los demás sujetos, para inmediatamente allanar los domicilios e incautar la droga, ésas personas colaboran de inmediato, porque son personas que reconocen que estaban cometiendo un delito y nunca niegan su participación. Sin embargo, en los delitos de corrupción siempre se hacen los sorprendidos, los ofendidos, y luego buscan hacer aparecer como normales ciertas conductas que son, derechamente, delitos”, describió el fiscal Párez.
Y es por eso, según explica, que es tan común escuchar como excusa en funcionarios municipales esa defensa de “es que firmo tantos documentos al día, que no me di cuenta…pero hay que aplicar un mínimo de lógica que el firmar una licitación o un beneficio determinado en favor de un familiar, de un amigo o de uno mismo, es algo que de lo que no pudieron haberse dado cuenta”.
Además, con la nueva ley, de noviembre de 2018, se incorporaron algunas figuras que eran necesarias sancionar, como el “cohecho por el cargo” que es cuando un funcionario público acepta, por ejemplo, regalos o invitaciones a centros recreativos por parte de una persona o empresa que normalmente postula a licitaciones. Todo regalo que excede lo protocolar, si se recibe, se sanciona al funcionario.
Revisando las estadísticas del Poder Judicial se observa que entre delitos como apropiación indebida, soborno, falsificación y uso malicioso de instrumento público, lavado de dinero, contrato simulado y tráfico de influencias, este 2022 han ingresado un total de 51 causas a los juzgados de Garantía de la región.
De ellas San Carlos (19) y Chillán (13) reunen la mayoría de los casos.
Finalmente, dentro de los delitos de corrupción que pueden darse exclusivamente entre particulares, destaca de falsificación de instrumento público “y que corresponde a esos casos en que las personas intentan obtener maliciosamente ciertos beneficios que otorga el Estado presentando información falsa”.
Por lo demás, un particular que, sin haber participado directamente de alguna acción ilícita, pero que se vio beneficidada por aquella, conforme a la nueva ley, también puede ser sancionado.
Hoy las sanciones por el delito de corrupción parten en los 541 días de cárcel (pena efectiva) y si hubo sustracción de dinero, como pena accesoria se puede obligar al sentenciado a restituir el doble del dinero mal habido.
Del total de las personas que han sido imputadas por este delito, se puede desprender que la gran mayoría han actuado de manera reiterada y sistematizadamente en hechos de corrupción. “Y hay algunos que comienzan a sumar tanta experiencia que logran generar entramados societarios cada vez más complejos para esconder su participación en estas actuaciones”, advirtió.
Las complejidades
La complejidad para llevar a cabo estas investigaciones y terminarlas con resultados concretos, como una condena, está vinculada a lo intrincado que ya pueden ser las redes de influencia armadas desde hace mucho tiempo, conjuntamente con el nivel de protección que existe entre sus integrantes.
“Lo negativo de esto es que hoy, todos se están cuidando más entre ellos y nadie habla, por distintos motivos”, dice.
Como ejemplo plantea que mientras un traficante de drogas es alguien que es adicto o bien porque necesita la plata, en estas organizaciones pasa algo similar, “sólo que nos enfrentamos a personas que están tan acostumbrados a vivir favorecidos que nadie habla para no perder sus ventajas”.
De esta manera, generalmente los fiscales se enteran de una red de corrupción cuando alguno se molesta con el resto del grupo y los delata; o cuando la Contraloría con su plan anual de fiscalizaciones a entidades públicas, observa algo extraño”.
A diferencia de lo que persigue el Ministerio Público, es decir delitos, el objetivo del fiscalizador de la Contraloría es verificar materias de probidad en materias como contratos, asignación de recursos, velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. También, juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial.
Sin embargo, si detecta materias sancionadas por el Código Penal, se les obliga a derivarlos al Ministerio Público. “Sin embargo, no es mucho lo que nos llega de esa corriente porque la Contraloría, tampoco, cuenta con recursos operativos para abarcar todo lo que en realidad sucede”, aclara el fiscal.
En cuanto a la celeridad o lentitud que pueda tener una investigación, depende además de la prestancia con que actúen entidades como los bancos, las notarías, la Contraloría o con la creación de nuevas unidades como la UAF (Unidad de Análisis Fincanciero) quienes reciben reportes de los bancos, notarías y conservadores cuando hay reportes u operaciones sospechosas, como cuando una cuenta corriente de algún particular reciben más de $10 millones sin justificación, los bancos tienen que informar a la UAF.
A veces la información llega al fiscal cuando ya ha pasado uno o dos años, y en el caso de fraudes electorales es peor, porque algunos prescriben en un año desde la fecha de la elección, como el soborno electoral.
Finalmente, respecto a los delitos tributarios,” tampoco contamos con legitimación activa, entonces el Servicio de Impuestos Internos tiene que querellarse”, aclaró el fiscal.
Concejales fiscalizadores
En las municipalidades se da una particularidad y es que ellos tienen autonomía para crear corporaciones que no están reguladas por las mismas normas que todos los departamentos de la Municipalidad y eso es un terreno fértil para cometer irregularidades y es entonces que se pagan sueldo abultados o no existen las justificaciones para la ejecución de ciertos ámbitos.
Hemos recibido algunas denuncias de algunos concejales, pero son sólo una o dos. Ahora, no estoy en posición de decir si debiésemos recibir más. La mayoría son en ámbitos de ley electoral.
Como el robo hormiga
Aunque sideralmente lejos de lo que puede hacer el Ministerio Público, desde el 2020 que Ñuble cuenta con un total de 15 contralores ciudadanos.
Esta nueva figura son personas que han sido capacitadas por la Contraloría General de la República y cuya función es velar por la probidad de los funcionarios públicos en relación a la comunidad.
En la región han tenido un fuerte tenor hacia la protección medioambiental, siendo su lucha por evitar la extracción de áridos, autorizada por varias municipalidades.
Uno de ellos, es Julio Becerra, quien si por un lado comparte con el fiscal Pérez el que en Ñuble aún no hay grandes redes de corrupción, añade que “uno de los delitos que más daño hace a la probidad es el de la corrupción por omisión, que es muy frecuente y si bien parece siempre tener un bajo impacto, es como e robo hormiga, parece poco pero en la sumatoria da más que lo que se pierde en grandes robos”.
El no aplicar sanciones, el no fiscalizar, el asignar empleos públicos a personas sin requisitos o no hacer cumplir con las ordenanzas son parte de las irregularidades que, asegura, más han observado.
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